Las prioridades legislativas y electorales
Las últimas dos semanas han marcado un ritmo legislativo atípico, con propuestas de reformas electorales que tendrán que discutirse, aprobarse y entrar en vigencia en un tiempo récord. Su contenido y los problemas que busca abordar, en cambio, atienden a problemas estructurales y exigen un análisis concienzudo, que no esté limitado por tiempos apretados.
Desde que se presentó la iniciativa de reforma al Poder Judicial se advirtieron varios de los errores y problemas técnicos de su implementación. En el Observatorio Electoral Judicial advertimos desde el inicio algunos de los vicios y problemas que observábamos con la implementación de la reforma.
En el anterior periodo legislativo diversos legisladores enviaron propuestas de mejora al marco normativo de la elección judicial. Una de estas vino incluso acompañada de un diálogo interinstitucional con autoridades electorales y organizaciones de la sociedad civil, desde donde se plantearon diversas problemáticas relacionadas con el desarrollo de las reformas. También desde el Observatorio Permanente de Integridad Electoral presentamos una serie de recomendaciones y redacciones alternativas a la Constitución y leyes secundarias para atender algunos de estos temas.
A pesar de esto, la propuesta de la presidenta Claudia Sheibaum apenas atiende las más grandes áreas de oportunidad de ese proceso y deja por fuera temas como la evaluación homologada y estandarizada de conocimientos técnicos y prácticos de las y los aspirantes, eliminar por completo la concurrencia de estas elecciones con las políticas -no solo en 2027-, garantizar autonomía, independencia y responsabilidad a los comités evaluadores, así como evitar la posibilidad de que las y los aspirantes se registraran simultáneamente ante diferentes comités. Hay otros temas, como la geografía electoral o el diseño de las boletas, que nuevamente no atienden a un diagnóstico técnico, y que por el contrario podrían terminar de dificultar la operación de las elecciones.
En medio de la coyuntura actual, con presiones extranjeras, denuncias de funcionarios por nexos con el crimen organizado, con la negociación del T-MEC y la búsqueda de nuevos aliados, como la Unión Europea, se hizo pública también una iniciativa desde el Ejecutivo para atender la problemática creciente de la injerencia del crimen organizado. El diagnóstico, sin embargo, es otro, y arroja una oportunidad única.
La propuesta busca poner responsabilidad a los partidos políticos para que pongan filtros a candidaturas que pudieran representar un riesgo de nexo con el crimen organizado; para ello hace voluntaria la entrega de listas de aspirantes al INE para que -de manera coordinada-, este sirva de intermediador entre el partido e instancias como la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, para que puedan mapear posibles nexos y alertar a los partidos.
Esta reforma sería el primer intento por, al menos, encontrar y frenar perfiles partidistas con nexos con el crimen organizado, pero depende de la voluntad de los partidos para ello. Aunque la obligatoriedad está -seguramente- fuera de la mesa por afectar la autonomía de los partidos, la voluntad necesita tener algún tipo de consecuencia en caso de no existir, pues en casos como la 3 de 3 o la 8 de 8, los partidos y sus candidaturas -casi sin excepción- la voluntad no existe y la falta de transparencia están a la orden del día.
Sin embargo, y después de leer el texto de la iniciativa, la propuesta deja más dudas que respuestas, especialmente respecto de la operatividad, e incluso de la capacidad no solo del INE de asumir estas funciones sin tener más presupuesto o tiempo para incorporarlo, sino de las propias instancias competentes que serán consultadas. La cantidad de aspirantes podría representar cifras inoperables en los estrictos tiempos legales de los procesos electorales.
Estas reformas, especialmente la segunda, llegan tarde, faltas de un diagnóstico técnico, público y robusto. Sus redacciones tienen fuertes puntos débiles y, en algunos casos, crean más problemas que soluciones. Ambas son necesarias, ambas exigen una discusión seria.
Un periodo extraordinario, en el límite constitucional de los 90 días previos al inicio del proceso electoral, no da una buena ventana de tiempo para que las iniciativas sean mejoradas. Es fundamental que sobre la reforma a las elecciones judiciales se atiendan las demás propuestas -mucho más robustas y técnicas- presentadas por otros legisladores para fortalecer sus puntos débiles; sobre la reforma al crimen organizado se espera por lo menos que se consulte con personas expertas y organizaciones de la sociedad civil que hemos analizado este problema.
El tiempo apremia.
-
Laboratorio electoral. Laboratorio de análisis en temas electorales, de transparencia y democracia en México y América Latina.
