La semana pasada, ante la suspensión ordenada por un juez para pausar los trabajos del comité del Poder Judicial encargado de evaluar a los aspirantes, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, por mayoría de votos, que sea el Senado el que por sorteo asigne a los aspirantes que le corresponde seleccionar al comité del Poder Judicial.
Si la manera como se extralimitó en atribuciones la sala, y los alegatos esgrimidos por la mayoría de magistrados son un anticipo de lo que será la impartición de justicia en el segundo piso de la autodenominada 4T, estamos entrando a una época particularmente obscura.
Pero lo que me gustaría destacar de la resolución, más allá de las formas y alegatos jurídicos, es la reiteración de un absurdo cada vez más presente en la gestión pública: la tómbola como mecanismo para asignar responsabilidades. Veamos.
Por lo que se ha anunciado, la asignación de espacios en escuelas de educación media superior para los egresados de las secundarias de la zona metropolitana de la CDMX ya no será a partir de los resultados de una evaluación de conocimientos objetiva, ahora los estudiantes serán asignados mediante una tómbola. El mérito académico dejó de importar, ahora el azar se transformó en el mejor mecanismo para asignar.
Sin duda hay consistencia. Ante la ausencia de alternativas para evaluar con otros parámetros el desempeño escolar, el rendimiento laboral o la trayectoria profesional, la actual administración y sus legisladores han optado por la tómbola. Es una tragedia.
Imaginemos los nuevos incentivos: los estudiantes de secundaria de la zona metropolitana pronto se darán cuenta de que la adquisición de conocimientos y su evaluación es irrelevante y que su destino ya no depende de su esfuerzo, sino del azar. Algo parecido ocurrirá entre quienes pretenden ser juzgadores, si garantizan un promedio de 8, sin importar las exigencias de la escuela en la que estudien, podrán llegar a muy altos cargos si el azar los beneficia.
La regresión que estamos viviendo respecto de los esfuerzos sostenidos que se habían venido haciendo para restarle discrecionalidad a la administración pública, dotarla de criterios objetivos para el acceso y promoción de sus integrantes basándose en el mérito, es monumental.
La tómbola únicamente elude responsabilidades para dotar de racionalidad a las políticas públicas, evaluar perfiles o aspirantes con una lógica que discrimine capacidades, o asignar recursos públicos intentando maximizar su rendimiento. Las tómbolas del bienestar están lejos de garantizar eso. El azar, como la lotería, iguala oportunidades entre los disparejos, sólo eso. No aporta nada a la igualdad.
En fin, somos un país que cada vez se aleja más de la evaluación, cada vez nos queremos conocer menos. La cancelación de la encuesta intercensal es una ilustración más, que por desgracia no es la única. Ya no nos queremos medir, nos queremos sortear.