¿’Ley Censura’ o protección del derecho de las audiencias?
En México pocas iniciativas han generado tanta polémica en tan poco tiempo como los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente en consulta pública hasta el 21 de agosto. Sus críticos la han bautizado como la “Ley Censura”, mientras que el Gobierno federal sostiene que ese calificativo es falso y que únicamente busca fortalecer el derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad.
Desde la reforma constitucional de 2013 se reconocieron los derechos de las audiencias, obligando a los concesionarios de radio y televisión a contar con códigos de ética y mecanismos para atender quejas. En 2017 una contrarreforma los eliminó de la ley secundaria, y en 2022 la Suprema Corte declaró esa contrarreforma inconstitucional.
La controversia actual nace porque la propuesta, elaborada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, incorpora obligaciones sobre diferenciación entre información y opinión, veracidad, defensores de audiencia y sanciones administrativas por incumplimiento. Los críticos señalan que la redacción contiene conceptos ambiguos, como “información veraz”, “pluralidad”, “contexto suficiente” que dejan un amplio margen de interpretación a la autoridad.
El contexto agrava la preocupación: 2025 cerró con cifras récord de agresiones contra periodistas en México, según Artículo 19, lo que alimenta el temor de que un marco ambiguo termine usándose contra la prensa crítica más que a favor de las audiencias.
La Presidenta ha insistido en que “no hay censura ni va a haber censura”, y que el mecanismo no gira en torno al gobierno, sino a la ciudadanía y su derecho constitucional a la información. Diversos especialistas responden que el problema no es únicamente la intención del gobierno actual, sino el precedente que podría dejar una legislación así de amplia para futuras administraciones con criterios menos democráticos.
La protección de las audiencias es una causa legítima. La libertad de expresión también lo es. El verdadero reto consiste en encontrar un equilibrio que fortalezca ambos derechos sin convertir a la autoridad en árbitro de los contenidos periodísticos.
No basta con confiar en las buenas intenciones de quienes gobiernan hoy: también es indispensable diseñar instituciones (como las que alguna vez existieron) que impidan los abusos de quienes algún día podrían gobernar. Las leyes permanecen mucho más tiempo que los gobiernos.
Un ejemplo reciente ilustra el punto. El 3 de agosto, el Secretario de Educación, Mario Delgado, publicó un video afirmando que a los beneficiarios de la Beca Rita Cetina “les manda la Presidenta” 2,500 pesos. En realidad el recurso proviene del Presupuesto de Egresos, financiado con impuestos, no del patrimonio de ningún funcionario. La frase ya generó señalamientos de que violaría el artículo 134 constitucional, que prohíbe usar programas sociales para promoción personalizada.
Si los nuevos lineamientos exigirán a los medios información veraz y claramente diferenciada de la propaganda, cabe preguntar si ese mismo rigor se aplicará a los mensajes de los propios funcionarios, o si el estándar sólo correrá en un sentido. La fortaleza de cualquier regulación no se mide únicamente por las obligaciones que impone, sino por la imparcialidad con la que se aplica. Si la vara no es la misma para todos, el debate dejará de ser jurídico para convertirse, inevitablemente, en político.
