Ley de Protección: El Congreso no tiene prisa
Periodismo en épocas de plomo y dejadeces

Con el cruce de dos fechas, 15 de mayo de 2017 y 5 de mayo de 2022, que enlazadas entre sí certifican que la amenaza criminal al periodismo está latente, deberían tener suficientes motivos el Congreso del Estado, el Gobernador Rubén Rocha Moya y los presidentes municipales para que se pongan a trabajar con urgencia en medidas de protección que atiendan la peligrosa situación de los comunicadores y medios de Sinaloa. Es falso que lo federal está reñido con lo local, y viceversa, engañifa que pretende ganar tiempo así se trate de más trabajadores de la información asesinados.

Aunque las cosas parecen no ir en el sentido de la prevención y las bases que el Estado debe tender para el despliegue de las libertades, no está por demás insistir. El lunes el Gobernador Rocha Moya le pidió al Poder Legislativo acelerar el trámite de la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; el mismo día el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Feliciano Castro Meléndrez, dijo que el tema se procesará una vez que se apruebe la ley general en la materia. Y, por desgracia, en ese empalme de contradicciones fueron asesinados otros dos comunicadores, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olvera, directora y reportera del portal El Veraz de Veracruz.

Todos tenemos miedo. Si algo experimentó ayer el sector de la prensa al conocer la declaración de Feliciano Castro, en el sentido de que el Congreso esperará que se apruebe la ley federal de protección a periodistas para proceder hasta entonces a darle trámite a la iniciativa local, fue la decepción hacia la representación popular que lleva casi tres años engañando al gremio que desempeña la actividad de alto riesgo. Prevalece el cuidado de la agenda nacional por encima de la zozobra que reina en la labor reporteril, redacciones y freelancers sinaloenses.

Cuando en junio de 2019 algunas organizaciones de periodistas, derechos humanos, activistas y reporteros en lo particular le entregamos a la 63 Legislatura, encabezada por la morenista Graciela Domínguez Nava como Presidenta de la Junta de Coordinación Política, la iniciativa ciudadana de Ley de Protección, no existía la intención del Gobierno federal para crear una norma general en la materia. Sin embargo, sin justificación el planteamiento se envió a la “congeladora” camaral y la ahora Secretaria de Educación dejó empeñada la palabra.

Luego, al ratificar la misma propuesta el 17 de noviembre de 2021, ya estando en funciones la 64 versión del cuerpo legislativo, las bancadas de los partidos con posiciones en la Cámara prometieron trabajar coordinadas para darle curso a la iniciativa que crea el Instituto Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas cuya esencia está en contar con un órgano autónomo, confiable y previsor que se haga cargo de establecer acciones contra todos los tipos de vulnerabilidades del ombudsman y la prensa.

Todo indicaba que la vieja demanda del periodismo al fin encontraba eco en el Congreso, al dominar la mayoría legislativa de la izquierda que se supone conoce en carne propia los riesgos y las soledades de la lucha cívica, debido a la trasgresión sistemática de derechos y garantías constitucionales. Tres foros, varios encuentros organizados por asociaciones de periodistas y el centro ciudadano de Investigación Iniciativa Sinaloa, un Parlamento Abierto y todo para qué. Todavía hay tiempo para esperar, considera el Parlamento, mientras la sangre inocente salpica los andamios torcidos de la legitimidad y el orden.

Porque el periodismo creyó que con la 4T le llegaría la época dorada que lo reivindicaría de agravios ancestrales, y nadie imaginó que lo que venía era la agudización del tiempo del plomo, ojalá que la 64 Legislatura de Sinaloa retome lo prometido. Importa bastante lo poco o mucho que logremos en lo local para darle algo de certidumbre al periodismo cada día más arruinado por los crímenes que arredran, las negligencias que envalentonan a los malhechores y las impunidades que son como licencia para esmerilar, agresión tras agresión, los asideros de libertad de los obreros de la información. Y si alguien viera en el reclamo una camisa de fuerza que se le quiere colocar al Congreso, que perciba también las mortajas que el crimen le coloca con demasiada facilidad a los periodistas.

En cuatro días se cumplirán cinco años del crimen que dejó temblando al periodismo nacional, con la consternación e indignación que en lo estatal amedrentó la indagación profunda en temas de delincuencia y corrupción organizadas, por la certeza de que a Javier Valdez lo asesinaron los narcos, sus gatilleros y el brazo político cómplice. Pero el primer jueves de mayo en curso la redundancia del miedo llegó junto a la brusca acometida violenta contra Luis Enrique Ramírez y la perplejidad del ¿por qué lo ultimaron? ¿quién fue? y ¿cómo desde su labor de periodista pudo hacerse del enemigo que lo mató?

Y aquí estamos de nuevo aguardando que alguien, sea el Congreso, el Gobernador o el Poder Judicial, planten la espada de la justicia en Sinaloa en lugar de clavarle a la tierra de los once ríos las cruces de más periodistas asesinados.

No tenga usted pendiente,

Los periodistas pueden esperar,

Pues no es cosa urgente,

Eso de que los quieran a matar.

¿Qué tanto azorrilló Jesús Estrada Ferreiro al Congreso del Estado con la marcha de funcionarios y acompañantes indiferentes que ni sabían de qué se trataba la movilización? ¿En realidad ya no hay materia jurídica para que el Congreso del Estado lo destituya del cargo de Alcalde de Culiacán? ¿Iban junto a él porque sienten que es el mejor gobernante para los culiacanenses o por la taquiza que le exigieron a cambio del espaldarazo dado el lunes? ¿Esto acabará con el patético final de un JEF heroizado y el Poder Legislativo ridiculizado? Si quiere lector, cancele la suscripción de las plataformas streaming de entretenimiento, porque los capítulos del “Estradagate” seguirán repletos de emociones. Y son gratis.