Ley de Protección, un estímulo para resistir
Congreso fraterno con prensa y ombudsman

OBSERVATORIO
    El periodismo profesional, aquel cuyo único propósito es darle voz y posibilidad de discernimiento a los ciudadanos, encuentra en la Ley de Protección la posibilidad de permanencia tal como lo establecen los principios, las libertades y las vocaciones. Igual la lucha que en desventaja libran organizaciones o personas por el respeto a las garantías constitucionales desde sus diferentes formas de activismo recibe al menos la indicación del acompañamiento social cuando más creíamos los dos sectores que la sociedad nos estaba abandonando. Y no. Ayer nos fuimos a dormir con la sensación del abrazo colectivo.

    La Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa dejó de ser una gestión de organizaciones ciudadanas, asociaciones de comunicadores, movimiento ombudsman, o de personas o grupos, para convertirse en instrumento de la sociedad para la salvaguarda de la lucha social, libertad de expresión y el derecho a la información. Al aprobar ayer el Congreso del Estado esta norma patentiza el abrazo solidario que los sinaloenses les dan a los dos gremios amparados, a través de sus representantes populares.

    Importa mucho en este momento comprender los dos estados de ánimo que derivaron de la votación unánime de la 64 Legislatura que crea las primeras disposiciones jurídicas con categoría de ley en la historia de Sinaloa, en resguardo de periodistas y centinelas de los derechos humanos. Unos tienen razón en el escepticismo fraguado durante años de agravios e inmolaciones contra ambos sectores con la impunidad como resultante; otros que resistimos en tres años de intentos por lograr el marco que ahora tenemos tomamos conciencia, sin espacio para celebraciones, de que apenas avanzamos un poquito de un largo caminar que espera, más difícil y reclamante.

    Partimos de cero en esta expectativa de la labor de activistas y comunicadores con certidumbre y tranquilidad. Nada teníamos desde antes de que la 63 Legislatura convocara en enero de 2019 a los correspondientes foros de consulta, e inclusive desde que en 2017 el entonces Gobernador Quirino Ordaz instaló mesas de trabajo sobre el tema en medio del dolor e indignación por el asesinato de Javier Valdez Cárdenas, o cuando decidimos la Asociación de Periodistas y Comunicadores 7 de Junio, el Centro de Investigación Iniciativa Sinaloa y Periodistas por la Paz y la Libertad de Expresión efectuar un ejercicio casi de catarsis donde los trabajadores de la prensa dijeran cómo están, cómo evitan rendirse.

    Fue un proceso largo, a veces desalentador y en ocasiones con acicates intermitentes que se esfumaban con las aflictivas prórrogas y desidias parlamentarias. Finalmente, la 64 Legislatura convocó al ejercicio de Parlamento Abierto en febrero de 2022 y allí se encendió otra vez la chispa de la esperanza que escaló a resplandor de la confianza cuando todas las bancadas, la Junta de Coordinación Política a cargo de Feliciano Castro Meléndrez, la Mesa Directiva presidida por Gene René Bojórquez, y las comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación encabezada por Ambrocio Chávez y Elizabeth Chía al frente de Derechos Humanos, hicieron suya esta causa.

    Pero llegamos hasta aquí y no se vale preguntar qué sigue. Del gesto fraternal del Congreso del Estado debemos pasar sin demora a que dimane de la ley la actitud y voluntad generalizadas que entienda y atienda el espíritu del Legislativo y la perseverancia de los periodistas, activistas y defensores de derechos humanos que no es otra cosa más que el reclamo de condiciones de vida y dignidad para hacer noticias sin ver el símbolo de la muerte en las teclas de las computadoras, en los diafragmas de los micrófonos o en los botones que activan cámaras y grabadoras.

    El periodismo profesional, aquel cuyo único propósito es darle voz y posibilidad de discernimiento a los ciudadanos, encuentra en la Ley de Protección la posibilidad de permanencia tal como lo establecen los principios, las libertades y las vocaciones. Igual la lucha que en desventaja libran organizaciones o personas por el respeto a las garantías constitucionales desde sus diferentes formas de activismo recibe al menos la indicación del acompañamiento social cuando más creíamos los dos sectores que la sociedad nos estaba abandonando. Y no. Ayer nos fuimos a dormir con la sensación del abrazo colectivo.

    Nos quedamos con la confortable sensación de que los asambleístas van a nuestro lado. Con la agradable emoción que deriva de la solidaridad expresada por Ambrocio Chávez ya que “el periodismo es, por naturaleza, crítico del poder, y es obligación no solo del poder Legislativo, sino del Ejecutivo y también del Judicial, salvaguardarlos y protegerlo”; de Ricardo Madrid refrendado que “la libertad de expresión es la base de los derechos humanos, la raíz de la naturaleza humana y la madre de la verdad”, y Elizabeth Chía al reconocer que la función que desempeñan periodistas y personas defensores de los derechos humanos es de alto riesgo y pone en peligro sus vidas.

    Resalta el posicionamiento de Giovanna Morachis quien afirmó que el País reclama la adopción de mecanismos efectivos de protección y prevención de delitos en la persona y bienes de quienes se dedican a ejercer el periodismo; el “¡ya era hora!, exclamado por Celia Jáuregui porque “estamos empezando a pagar una deuda con nuestros defensores de derechos humanos y periodistas, al aprobar una ley que brinda el marco jurídico para protegerlos de manera integral” y la celebración de María Guadalupe Cázares debido a que “esta ley sea una realidad, pero la verdad es que tuvieron que haber pasado años para que hoy los periodistas tuvieran mecanismos de defensa legales ante atentados contra su integridad”.

    A las diputadas y diputados las gracias y el compromiso de defender, respetar y fortalecer lo logrado en este martes histórico.

    Reverso

    Quizá no da para cantar victoria,

    Ni echar las campanas a vuelo;

    Pero sí alegra que la historia,

    Nos conceda un viejo anhelo.

    ¡Transparencia, ya!

    El consenso del Panel Ciudadano “Riesgo de las adjudicaciones directas: caso de estudio luminarias de Mazatlán”, realizado ayer por la organización civil Observatorio Ciudadano de Mazatlán, establece que solamente la aguda vigilancia de la sociedad hará que los funcionarios y políticas públicas se ajusten a las normas de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. En cuanto más rigurosa se vuelve la lupa cívica o entre más se dota de garras y dientes a los sistemas anticorrupción, los sujetos obligados al manejo honesto de recursos públicos proceden a perfeccionar sus modos y habilidades para la rapiña. De ello se hablará mañana de manera más amplia, en este espacio.

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