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Qué grave que el Poder Ejecutivo de Sinaloa dilate la entrega de recursos públicos a los organismos que deben garantizar derechos humanos. Es más peligroso aún cuando se trata de organismos con autonomía constitucional, como ha sucediendo en los últimos años.
Las declaraciones que la Revista Espejo recoge de los titulares del Tribunal de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el Tribunal Estatal Electoral, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, reflejan lo poco que le importa al Estado el bienestar de los ciudadanos.
Con meses sin presupuesto operativo, así la están librando.
Una nota publicada ayer da cuenta del impacto que ha tenido el hecho de que la Secretaría de Administración y Finanzas siga retrasando las transferencias de los recursos con las que esas instituciones operan. Algunas deben la renta de sus oficinas, pagos a proveedores y apoyos a víctimas del delito.
De las instituciones arriba mencionadas, las dos primeras forman parte del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción y cuentan con autonomía constitucional, potestad que solo puede ejercerse cuando no están supeditados a decisiones administrativas como la de frenar el flujo presupuestario.
Aquí la pregunta es si las finanzas del Gobierno de Sinaloa se encuentran realmente deterioradas o si retrasar la entrega de un presupuesto ya aprobado por el Congreso estatal es un mecanismo de control para someter el libre ejercicio de funciones.
En algunos casos la situación ha llegado al límite del abuso, como cuando la Secretaría de Administración y Finanzas no transfirió para cubrir la nómina de los trabajadores del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa en 2019.
La reciente reforma aprobada el 25 de junio pasado por el Congreso de Sinaloa a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria cobra aquí relevancia. Se espera que en adelante, los Poderes Legislativo y Judicial, y los órganos constitucionales autónomos, manejen y administren directamente sus recursos, sin sujetarse a las disposiciones del Poder Ejecutivo.
La autonomía constitucional implica necesariamente independencia financiera para lograr alcanzar las metas que establecen los planes de desarrollo y las políticas públicas. Seguir controlando a las instituciones mediante limitaciones impuestas desde el Poder Ejecutivo, atenta contra el pleno ejercicio de derechos.
Hay quienes se han atrevido a afirmar que los atrasos se deben al impacto de la emergencia sanitaria derivada del Covid-19. Nada más alejado de la realidad. Hace ya algunos años que controlar el presupuesto desde el Poder Ejecutivo estatal ha limitado el trabajo de varias instituciones públicas de Sinaloa.
Ahora sigue esperar a que entre el vigor la reforma a la Ley que da autonomía financiera a los órganos constitucionales y a los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, y confirmar si con esto desaparece esa dañina práctica.
El presupuesto público es un instrumento para fortalecer a las instituciones del Estado y no un mecanismo de control y poder. Cuando esto último sucede los principales afectados son los ciudadanos, y esa distorsión no se puede seguir avalando.
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