Linterna cívica contra luminarias oscuras
Evidenciando la opacidad de ‘El Químico’

OBSERVATORIO
    Entre más instrumentos legales existen a favor de la transparencia, más se especializan los funcionarios y los gobiernos en el ocultar las afectaciones a los erarios... Únicamente la vigilancia ciudadana hará posible detectar y corregir esos puntos ciegos de las finanzas públicas de donde se sirve a su antojo la corrupción.

    Durante el panel que abordó el tema de los riesgos de las adjudicaciones directas poniendo en el centro el caso de las luminarias de Mazatlán, los participantes oscilamos en adivinar lo que tendría que ocurrir si prevalece lo legal, que es la reposición del procedimiento de adquisición de las lámparas, o el posible escenario de la simulación donde las instancias anticorrupción y de auditoría legitimen el proceder burlescamente opaco al que acudió el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres para rehabilitar el alumbrado público.

    Nadie debería usar el “podría ser” en lugar del “debe ser” en lo concerniente al combate a la corrupción y fortalecimiento de la rendición de cuentas. Infortunadamente, las mismas instituciones y leyes garantes de la transparencia se tornan maleables en la responsabilidad que tienen e incurren en blanduras jurídicas que facilitan la impunidad en delitos contra el patrimonio público y así estimulan la reincidencia de los desfalcadores.

    En el evento organizado el martes por Observatorio Ciudadano de Mazatlán, conducido por la periodista Sheila Arias, se colocó bajo la lupa la asignación directa que Benítez Torres orquestó para comprarle a la empresa Azteca Lighting 2 mil 139 luminarias por un monto de 400 millones de pesos, caso que hoy revisa la Auditoría Superior del Estado. Al rancio estilo de la Ley de Herodes, adaptado a la actual práctica política marismeña de “si no transas te jodes”, el Comité de Adquisiciones municipal no realizó la conveniente investigación de mercados ni se tomó la molestia de conocer otras probables ofertas.

    Marlén León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, le puso el cascabel a “El Químico” al exponer que informes de la ASE revelan que en 2020 casi el 65 por ciento de los contratos otorgados por el Ayuntamiento de Mazatlán se otorgaron por adjudicación directa y la pregunta es si aparte se operaron de manera legal o ilegal. Aunque el manejo excesivo de este modelo de adquisiciones debiera ser excepción y no regla, agregó, se utiliza de manera indiscriminada con consecuencias como obras de mala calidad y a sobreprecios, sin que los órganos internos de control hagan la parte que les corresponde para evitarlo. Consideró que en el expediente de las luminarias la Auditoría Mayor debe proceder por la vía legal al tratarse de falla administrativa grave que no debe quedar en sanciones ligeras.

    Por su parte, Jorge Figueroa Cancino, impulsor y coordinador de la Contraloría Ciudadana de Mazatlán, planteó ir a reformas o nuevas leyes que acoten el poder que tienen los alcaldes en la toma de decisiones “por encima de los cabildos y de la ciudadanía”, lo que ocasiona que la sociedad al desconocer tales determinaciones ni las hace suyas ni se apodera de ellas. Propuso la estrategia conjunta para avanzar en transparencia y licitación de contrataciones del gobierno y modificar esa parte en la cual solo los funcionarios deciden sin la intervención de sociedad civil.

    Gustavo Rojo, director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, consideró que los sistemas de vigilancia cívica no van a funcionar mientras los ciudadanos no tengan presencia con voz y voto en las instancias de toma de decisiones ya que “éstas se esconden de tal manera que cuando te das cuenta ya todo está arreglado”. Esto sucedió, consideró, en el caso de las luminarias porque debió privilegiarse la licitación pública, la libre participación de proveedores locales e inclusive abriendo el proceso mucho más a nivel nacional e internacional. Estos modos de actos administrativos deben ser impugnados, pero “si nos damos cuenta meses después, ya no puede hacerse nada”. Coincidió en la necesidad de reformas a la Ley de Adquisiciones y de un reglamento municipal nuevo “porque el que está, de eso y nada se parecen mucho”.

    Desde la opinión personal hablé de ceñir a los servidores públicos al marco legal que existe desde hace al menos dos décadas tomando el antecedente que en el gobierno de Juan Millán se creó la Ley de Acceso a la Información Pública y de manera más reciente el Sistema Nacional Anticorrupción y el correspondiente Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa. Dije que entre más instrumentos legales existen a favor de la transparencia, más se especializan los funcionarios y los gobiernos en el ocultar las afectaciones a los erarios.

    A tono con la unanimidad de la mesa de análisis, consideré que únicamente la vigilancia ciudadana hará posible detectar y corregir esos puntos ciegos de las finanzas públicas de donde se sirve a su antojo la corrupción. “Llevamos décadas queriendo encarrilar a los gobiernos por la senda de la transparencia, pero no nos hacen caso, aunque siquiera a la ciudadanía sí deberían tomarla en cuenta”. Y en lo referente de las luminarias sostuve que tienen el tufo de la corrupción porque no quisieron el Comité de Adquisiciones, los regidores y el “Químico” hacer la licitación y asignación del contrato de manera distinta, inspirando confianza y legitimando el acto en sí.

    En resumen, el panel realizado por Observatorio Ciudadano de Mazatlán dejó la sensación del esfuerzo insuficiente de los sinaloenses para colocar la lupa civil en aquellos huecos legales que las autoridades competentes y órganos anticorrupción descuidan, por acción u omisión, permitiendo que sean enormes focos de cohechos, defraudaciones, peculados y más. ¿Hasta cuándo serán clausuradas estas cloacas? Cuando desde la acción cívica nos decidamos a cerrarlas.

    Reverso

    De nada sirven los enojos,

    Por la podredumbre extendida,

    Si no ponemos nuestros ojos,

    Sobre el ratón y su guarida.

    El que sigue, diputados

    Durante el desarrollo del panel algunos cibernautas preguntaron si el Alcalde Luis Guillermo Benítez es candidato a que el Congreso del Estado le abra el procedimiento de juicio político, tal como se lo instauró al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. La respuesta fue que, en caso de demostrársele delitos contra el patrimonio y derechos de los mazatlecos o daño a las finanzas públicas, sí puede terminar sentado en el banquillo legislativo de los acusados. ¿Está urdiendo la comunidad marismeña el plan para judicializar a “El Químico” por el cúmulo de excesos cometidos?

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