Llega a Sinaloa miedo a la mordaza
Guerra y Martínez: retirada sensata

Después de valorar el riesgo de que la sociedad civil le diera otras lecturas, o que el tema se prestara a desafortunados manejos políticos, las diputadas María Teresa Guerra Ochoa y Erika Rubí Martínez Rodríguez anunciaron el viernes la prudente cancelación del trámite legislativo de las iniciativas en materia de violencia política en razón de género y de violencia digital, dejando en manos de los ciudadanos la eventualidad de que estructuren propuestas alternas para la atención a las víctimas de dichos delitos. En medio del temor a más leyes mordaza, o del enervado y anticipado manejo de la sucesión en el Gobierno de Sinaloa, vale también reconocer el acto de humildad de ambas asambleístas.

El hecho de dar la cara ante organizaciones de periodistas, luchadores sociales y de transparencia, y prever las consecuencias a una tendencia derivada más del miedo a lo que ocurre en México en detrimento de la libertad de expresión, y contaminada por la precoz campaña del relevo de Rubén Rocha Moya en el cargo, es lo que debe rescatarse más allá de las iniciativas que ya no lo son. Y nótense, aunque sea de soslayo, las artimañas informativas que buscan pólvoras proselitistas para encender infiernitos muy al estilo de viejas prácticas del ya inexistente cuarto poder.

De cualquier manera, la jornada cívica que empuja mejores gobiernos y excelentes ciudadanos tuvo la inmejorable oportunidad de demostrarle al Congreso del Estado que el procedimiento correcto para legislar consiste en abrir las iniciativas al conocimiento y participación de los sinaloenses y después llevarlas al Pleno para su discusión y posible aprobación, legitimadas con la intervención social.

Somos un pueblo que cuando con leche se quema hasta al jocoque le sopla. Por eso frente a la realidad donde la Gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores, logra que un juez determine cerrar un medio de comunicación digital del periodista Jorge González Valdez, a quien también se le impone dejar de ejercer la profesión durante dos años y pagar una indemnización de 2 millones de pesos por daño moral, por supuestos ilícitos de incitación al odio y a la violencia, difamación y calumnias, entonces tal avance a la dictadura a nadie puede dejar tranquilo.

O bien, la mordaza que significa el hecho de que el Gobierno de Puebla, de igual filiación a Morena, disponga en la Ley de Ciberseguridad la pena desde 11 meses a tres años de prisión y multa de 50 a 300 días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, para delitos de usurpación de identidad, espionaje digital y ciberacoso, consistentes en insultar, injuriar, ofender, agraviar o vejar a otra persona, agregándole a ello que en el mandato de Alejandro Armienta Mier se pasa por alto el asedio oficial que afecta a 22 periodistas, con igual número de procesos judiciales debido a publicaciones e investigaciones realizadas en los recientes siete años.

En el caso Sinaloa, las organizaciones Artículo 19 e Iniciativa Sinaloa bien lo explican al considerar que “reconocemos la importancia de proteger a las infancias, a las mujeres y a otras poblaciones en situación de vulnerabilidad histórica. No obstante, la protección debe ser en conjunto con otros derechos humanos, y más allá de limitar o menoscabar la libertad de expresión, deben estar dirigidas a atender las causas estructurales de la violencia a través de políticas públicas integrales y en concordancia con estándares internacionales de derechos humanos”.

Hacen énfasis en la importancia de que al tratar estos temas el Legislativo debe siempre promover procesos de parlamento abierto para generar un diálogo con personas expertas, víctimas, prensa y sociedad civil, y pasarlos por test tripartitos de necesidad, proporcionalidad y legalidad, con el fin de asegurar que son la mejor medida para atender la problemática en cuestión.

Y sí les faltó a las iniciativas de la Presidenta de la Junta de Coordinación Política y la que preside la Comisión la Juventud, Cultura Física y Deportes, mayor claridad en la intención de leyes que castiguen con eficiencia y rigor los delitos cibernéticos y definan con precisión los sujetos obligados a respetar tales preceptos, sin que den pie a interpretaciones que postulen la protección a servidores públicos cuando éstos en el ejercicio de sus funciones sean expuestos en conductas punibles mediante investigaciones periodísticas de sobrada probanza.

Aunque también pudo tratarse de una propuesta que se va al cesto de la basura por carecer de la correspondiente consulta y aval ciudadano. ¿Qué queda? Pues que las diputadas Guerra y Martínez tuvieron el valor civil, la adecuada honestidad parlamentaria, para retirar sus iniciativas del curso legislativo y procedieron a ponerlas a disposición de la sociedad civil para que puedan ser analizadas, modificadas o complementadas a través de un proceso participativo.

Sí entendieron las diputadas,

Que en materia de legislación,

Importa más la rectificación,

Que las iniciativas forzadas.

Quédense grabadas en el debate público las palabras que pronunció la Diputada Tere Guerra al proceder a retirar del proceso legislativo la iniciativa de ella en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. “Nunca hubo la intención de censura ni de afectar el ejercicio periodístico, sobre todo considerando mi trayectoria como periodista y analista en medios de comunicación, así como el compromiso histórico con la libertad de expresión”.