Director general de Mexicanos Primero Sinaloa
@Mexicanos1oSin
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La llegada del Huracán Kay no pasó inadvertida para el sector educativo. Implicó suspensión de clases por lluvias que en Culiacán nunca llegaron, pero que en otras partes sí. Precaución, ante todo. El martes se corrigió además la poca premura del aviso que durante el lunes llegó después de que familias, estudiantes y docentes ya estuvieran en las escuelas. Dicha omisión fue destacada por el Gobernador en su conferencia matutina semanal. Pero llama la atención su silencio respecto a una lluvia de omisiones que afectan la educación en nuestro estado.
Primera omisión. A la fecha la SEPyC aún no presenta una estrategia global para resolver el problema de la infraestructura escolar en el estado. En la espera de la anunciada mesa de trabajo para buscar soluciones a esta grave problemática que permitan participación de sociedad civil, seguimos viendo pedacitos de solución en notas en medios de prensa. En una de ellas se menciona a la Secretaria Domínguez Nava señalando haber trabajado en unos 500 planteles desde su llegada. Según nuestros datos, entre noviembre y mayo 2022, solo se habían concluido siete obras y estaban en ejecución 126. Considerando las 117 en las cuales se invertirán los 130 millones “asignados” por el Gobernador Rocha, son 243 planteles. ¿Y el resto?
Segunda omisión. Esta semana debieran estar aplicándose diagnósticos formativos en matemáticas, español y formación cívica y ética en todas las escuelas de educación básica en Sinaloa. Para ello, ninguna escuela recibió materiales impresos y deberán depender del “ahí hágale como usted pueda” para ser aplicadas. En algunos centros escolares elegidos al azar, los resultados deberán ser reportados a MEJOREDU para ser considerados en la muestra estatal que permitiría conocer el estado actual de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Podrán participar planteles aun cerrados en este ya complejo proceso de diagnóstico? Al no hacerlo, se sesga la información excluyendo a los estudiantes que más probabilidad tienen de ser afectados por un rezago extremo.
Tercera omisión. El 17 de agosto se hizo oficial una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa. Gracias a esto, las autoridades educativas, escolares y particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios están obligados a notificar a la Procuraduría de Protección -organismo dependiente del DIF estatal- los casos de estudiantes que asisten irregularmente y están en riesgo de abandono para que dicho organismo intente proteger sus derechos educativos. Lamentablemente, esta destacable acción jurídica, no ha sido acompañada de un plan por parte de la SEPyC para abordar este problema.
La depresión educativa en México hace rato que es huracán, aunque no se vea. Las aquí mencionadas son manifestaciones locales de un problema, pero en lo federal está el origen de la mayoría de esta lluvia de omisiones. A pesar de los montos siempre ascendentes para programas de becas y transferencias directas, el presupuesto educativo total de educación básica experimenta una caída histórica. Afecta rubros como infraestructura, formación docente, calidad de los aprendizajes y a la implementación de programas destinados a traer mayor justicia educativa. En una reciente rueda de prensa, Mexicanos Primero planteó la necesidad de reasignar 32 mil millones de pesos a la educación del país para recuperar dichos programas. Muchas de estas carencias presupuestales están en el ojo del huracán. Y debieran ser corregidas en el debate presupuestario que iniciará esta semana en la Ciudad de México. Atacar el núcleo del problema es el primer paso para acabar con esta lamentable lluvia de omisiones.
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