Lo que en su momento fue derroche hoy es seguridad institucional
Mucho hemos comentado cómo nuestra clase política critica lo que se hizo en el pasado, pero una vez está en una situación similar hace lo mismo, en esta ocasión es la “nueva” SCJN, que si ahora son clase política, por lo que hacen debe de ser tomado como tal. El ejemplo en cuestión es que criticaron los “privilegios” que tenía la SCJN “anterior” y esta semana se anuncia que se compraron camionetas blindadas para los ministros, “Las unidades en uso ya no cumplían con los estándares adecuados de seguridad, por lo que su continuidad comprometía su operación. ¿Será que lo que en su momento fue un derroche, un privilegio, un despilfarro, hoy es “seguridad institucional”?
¿Seguridad institucional o derroche? Usted decidirá, pero cada camioneta vale alrededor de 1 millón y medio de pesos, más 2 millones del blindaje, repito, usted decidirá si es seguridad o derroche, pero lo que sí no entiendo es la razón por la cual una de las camionetas se haya emplacado en Morelos, ¿será que en Morelos solo se pagan 849 pesos de tenencia y en CDMX se hubiera pagado 140 mil de tenencia? No, no creo, seguro debe de ser otra cosa.
Por cierto, esta semana salió un reportaje que para sorpresa de nadie no ha invalidado ninguna reforma propuesta por Morena, por el contrario, lleva seis fallos a favor de reformas y decretos promovidos por el ex Presidente López Obrador y ratificado reformas impulsadas por Morena, ¿cuántos cree que han sido en contra de reformas o decretos del ex Presidente o de legisladores de dicho partido? Ninguno, a veces la justicia es curiosa.
Siguiendo con la “nueva Corte”, al momento de impulsarse esta Corte, se señalaba que esta sería más transparente, lo curioso es que esta nueva Corte ha quitado de su página oficial los sueldos tabuladores mensuales y las prestaciones de cada funcionario, no se ve muy transparente eso, ¿o sí?
Cambiando de tema, pero seguimos en temas políticos, las organizaciones que buscan ser partidos políticos nacionales, deben tener al menos 200 asambleas distritales y 256 mil 030 afiliados a nivel nacional, esto a más tardar el 25 de febrero, por lo que las organizaciones “Que siga la democracia”, “México tiene vida”, “Somos MX y “CSP”, se encuentran buscando dicho objetivo. Al corte del 13 y 20 de enero de 2026, la primera organización llevaba 140 asambleas y 91 mil 760 afiliados; la segunda, 141 asambleas y 257 mil 100 afiliados; la tercera organización, 222 asambleas y 169 mil 047 afiliados; y la última, 282 asambleas y 234 mil 617 afiliados. Veremos cuáles rde ellas cumplen con los requisitos el próximo mes de junio.
Para finalizar, tiene días causando conmoción un libro, el nombre es “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación excesiva en el Congreso de la Unión”, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los coordinadores del libro son María Marvan, Jesús Orozco y Diego Valadés, los tres investigadores de Jurídicas; la primera, además, presidió el Instituto Federal de Acceso a la Información y fue consejera del Instituto Federal Electoral; el segundo fue magistrado fundador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el último es investigador emérito de dicho Instituto y un constitucionalista de mucho renombre en nuestro País.
El libro, en una de sus partes, aborda la sobrerrepresentación realizada en 2024, así como las interpretaciones que hizo el INE así como el Tribunal Electoral, además de compilar documentos jurídicos, siendo claramente una crítica a la manera en que se tradujeron los votos en curules. Ante esto, el Diputado Gutiérrez Luna y la Diputada Gabriela Jiménez (adivinen los partidos) han atacado al libro y a sus autores, pero curiosamente no al contenido. Si usted decide leerlo, la versión electrónica es gratuita, en caso de que no lo encuentre, búsqueme y le comparto el link; ahora bien ¿se debe de atacar un libro por quien lo escribió o por su contenido?
