Lo que faltó en la conversación entre García Harfuch y Denise Maerker

Hace casi cuatro décadas, el doctor José Arturo Yáñez —uno de los pioneros en la investigación académica sobre seguridad pública en México— afirmaba que en nuestro país las secretarías del ramo son, en realidad, secretarías de policía. La reciente conversación entre Omar García Harfuch y Denise Maerker me lo recordó. Diferenciar una política de seguridad pública de una política estrictamente policial sigue siendo en México un pendiente generalizado -si bien las excepciones locales emergen-.

Una persona promedio, según mi experiencia, identifica seguridad con policía: si no hay seguridad, es porque la policía no funciona, y viceversa. Esta asociación automática es resultado de la casi nula pedagogía política y social en la materia. Recién conocí un estudio de mercado sobre la oferta de formación en seguridad ciudadana en el país: es raquítica. Y peor aún —muestra esta investigación— lo es más cuando se trata de seguridad desde el enfoque preventivo, es decir, justamente la perspectiva que define a la seguridad ciudadana.

En comparación internacional, México se ha rezagado entre tres y cuatro décadas respecto de América Latina y más de medio siglo frente a democracias consolidadas que superaron la visión de “policías y ladrones”, para asumir la seguridad ciudadana como la construcción multidimensional / multiagencial de este atributo esencial de los regímenes democráticos.

Durante años hemos hecho un experimento: cada vez que una figura pública habla de “seguridad integral”, buscamos qué quiere decir. La mayoría de las veces —por más de veinticinco años— casi no encontramos respuesta de representantes gubernamentales o partidistas. Aún hoy, por increíble que parezca, todo indica que en esos espacios no existen incentivos para revisar, siquiera superficialmente, la vasta producción de conocimiento sobre seguridad ciudadana.

La resistencia institucional al aprendizaje fue evidente con el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (Pronapred), lanzado en 2013 por el gobierno de Peña Nieto. Era la primera herramienta de Estado en su tipo, pero resultaba difícil encontrar operadores que conocieran el programa; además, dejó de recibir recursos en 2017. En realidad, pocas personas creyeron en él, y trascendió informalmente que su descrédito entre tomadores de decisión se relacionaba con los tiempos de maduración de las políticas preventivas -en ocasiones mayores a un periodo de gobierno- y su escaso impacto en términos de imagen pública.

Con López Obrador, como explica el investigador Luis Astorga, lejos de una política de seguridad propiamente dicha, predominó una consigna vacía: “abrazos, no balazos”, acompañada de otra igualmente imprecisa: “Atender las causas de la violencia”.

En el gobierno de Claudia Sheinbaum, la idea de “atención a las causas” permanece en el centro del discurso presidencial. Sin embargo —al menos hasta ahora— sigue sin mostrarse evidencia empírica que vincule las acciones del gobierno con reducciones de las violencias y la delincuencia comprobables con evaluación de impacto, como ha ocurrido con todos los gobiernos que de alguna manera han apelado al concepto de prevención.

Como señalé en mi texto anterior, la evidencia empírica revela territorios donde convergen violencias crónicas: homicidio, juvenicidio, feminicidio, desaparición, desplazamiento y violencia letal contra líderes políticos, religiosos y sociales defensores de derechos. La pregunta permanece —y lo hará hasta que sea respondida mediante métodos científicos y técnicas adecuadas—: ¿qué hace cada dependencia federal para reducir esas violencias y la delincuencia? Las respuestas políticas ya las sabemos: la consistencia del autoelogio es perfecta ya por décadas; las respuestas técnicas no.

Desde esta perspectiva, la importancia de la conversación entre García Harfuch y Maerker reside más en lo que no se dijo que en lo que se dijo. Nadie duda de la relevancia y la urgencia de perseguir, acusar, procesar y condenar a responsables de delitos. Esa es la tarea apagafuegos. Lo que faltó fue discutir la reingeniería necesaria para evitar más incendios en un país donde la seguridad sigue siendo una atribución difusa montada, al menos hasta hoy, en el pacto federal. ¿Qué le toca a cada orden de gobierno, al menos en los ejes generales? ¿Cómo responde el Gobierno federal al saber generalmente aceptado y documentado en América Latina, según el cual las mejores prácticas están en los municipios, por cierto, ni siquiera mencionados por el funcionario en la entrevista?

Faltó en estricto sentido hablar de la política nacional de seguridad ciudadana, precisamente la formalmente encabezada por el Secretario.