La semana pasada el Inegi publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026. Vale la pena revisar lo que arrojó, porque los resultados no son ni tan buenos ni tan malos como podría pensarse.
La encuesta se hace cada dos años. Se les pregunta a los negocios qué delitos sufrieron, cuántas veces, cuánto perdieron y si denunciaron. Esta vez participaron más de 36 mil establecimientos. Los datos de delitos son de 2025 y los de percepción, de los primeros meses de 2026. Un punto importante es que la ENVE registra robos, fraudes y extorsiones aunque la víctima no haya ido al Ministerio Público, y eso pesa mucho porque, según la propia encuesta, apenas uno de cada diez delitos contra los negocios se denuncia.
Empiezo por lo positivo. El porcentaje de negocios que sufrió al menos un delito bajó de 27.2 por ciento en 2023 a 25.9 por ciento en 2025. Sin embargo, como el país tiene más establecimientos que antes, pasó de 4.78 a 5.36 millones, el número de negocios afectados subió de 1.30 a 1.39 millones. Es decir, el porcentaje bajó, pero son más los negocios que fueron víctimas.
En 2025 hubo alrededor de tres millones de delitos contra negocios del sector privado, poco más de dos por cada negocio afectado. Entre las empresas medianas la situación es más difícil: más de la mitad sufrió al menos un delito y, de las afectadas, el promedio subió de tres a cuatro. Los pequeños que fueron víctimas tuvieron en promedio tres, y los micronegocios, un poco más de dos. Aun así, como los micronegocios son la gran mayoría, concentran casi nueve de cada diez delitos cometidos contra establecimientos en el país.
También hay mejoras en algunos delitos. El robo o asalto de bienes o dinero bajó de 1,030 a 885 casos por cada 10 mil establecimientos. El robo de mercancía en tránsito pasó de 500 a 389, y eso es buena noticia para quienes dependen del transporte para recibir insumos y entregar productos. El costo total de la inseguridad para los negocios bajó 7.4 por ciento en términos reales. La mayor parte de esa baja vino de que se gastó menos en medidas de protección, porque las pérdidas por los delitos bajaron solo 1.6 por ciento. Al mismo tiempo, el porcentaje de negocios que tomó alguna medida preventiva subió de 40.8 por ciento a 43.1 por ciento.
Para Armando Zúñiga, vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional lo que más preocupa es la extorsión, que sigue siendo el delito más frecuente. Se estiman cerca de 787 mil casos, y alrededor de 265 mil fueron cobro de piso. El Inegi también preguntó si los negocios veían esa práctica en sus alrededores. En el país, uno de cada cinco dijo que sí. En Morelos fue 46 por ciento y en Tabasco, 33 por ciento. Son negocios que reconocen el problema cerca de ellos aunque no les hayan pedido dinero.
El fraude también crece. Pasó de unos 250 mil casos a 339 mil entre 2023 y 2025. Aun considerando que hay más negocios, la tasa subió de 522 a 633 fraudes por cada 10 mil. La encuesta incluye desde billetes falsos hasta fraudes bancarios y proveedores que incumplen de manera fraudulenta. Según Zúñiga, tener ese desglose ayuda a que cada empresa decida en qué operaciones necesita más controles.
Hay un dato que me parece de los más importantes, y es el que tiene que ver con la inversión. De los negocios que fueron víctimas de algún delito, 14.5 por ciento dejó de lado proyectos de crecimiento. Pasa en el comercio, en la industria y en los servicios. Entre los grandes afectados fue 5 por ciento y entre los micronegocios, 15 por ciento. Esos proyectos cancelados significan empleos que no se crean y negocios que no crecen, y es una forma de ver que la inseguridad también frena la economía.
Sobre la denuncia, hay una diferencia clara según el tamaño. Por cada cien delitos, los micronegocios denunciaron cerca de nueve, los pequeños quince y los grandes 34. Una empresa grande suele tener personal jurídico y tiempo para darle seguimiento a una denuncia, y un negocio chico normalmente no. En el caso de la extorsión, de cada cien hechos solo dos llegaron a una carpeta de investigación.
Armando Zúñiga propone usar los datos por estado para trabajar a nivel local. Se trata de identificar los municipios y corredores comerciales donde se repiten las amenazas, algo que requiere trabajo con los empresarios de cada zona. Las fiscalías pueden abrir canales confidenciales para denunciar y asignar personal que atienda a las víctimas y les dé seguimiento, aunque aquí en Sinaloa el tema es más complicado por la poca credibilidad que muestran las empresas a la Fiscalía estatal a ya más de 26 meses de disputa criminal donde dicha institución ha estado en la opinión pública en varias ocasiones y no por asuntos positivos. Los negocios de una misma zona, con apoyo de las organizaciones empresariales, pueden coordinarse para hacerle llegar a la fiscalía información sobre las amenazas que se repiten y compartir asesoría jurídica que muchos no podrían pagar solos.
Me parece una idea práctica. Los números de la ENVE muestran avances en algunos delitos, pero también que la extorsión, el fraude y la falta de denuncia siguen siendo problemas serios, sobre todo para los negocios más pequeños. Conocer bien estos datos es el primer paso para saber dónde actuar.