Las consecuencias de la presencia y actuación impune de los narcotraficantes en México han sido catastróficas; están afectando la vida social y comunitaria, están afectando la economía nacional, y sobre todo, las economías locales; trastornan muy negativamente la educación; descomponen la vida familiar y provocan desórdenes y desgobierno. Todo lo anterior lo logran a través de la violencia, de las armas, de las amenazas, de la extorsión y la captación y cooptación de niños, jóvenes, funcionarios públicos y empresarios; en suma, se han vuelto capaces de infiltrarse en todos los ambientes y en todos los niveles sociales, y lo más grave de todo es que están logrando la tolerancia y la aceptación social y se les ve como algo que llegó para quedarse.
Hay que agregar que el negocio principal: el tráfico y consumo de drogas es de muy altos ingresos y ganancias, prácticamente sin impuestos, en buena parte en moneda extranjera, aunque tiene un alto costo el “lavado” de esos recursos. Además, los narcotraficantes han sido tan habilidosos que han constituido lo que se ha llamado “la delincuencia organizada”, pues cuentan con profesionistas que les organizan y diversifican sus negocios, no solo los ilegales, como la extorsión, el secuestro y los robos, sino que también establecen legalmente empresas para que sirvan de “fachada” o para lavar sus ingresos.
El riesgo mayor que tienen, irónicamente, no ha sido la autoridad y el enfrentamiento con la ley y el orden, sino que han sido ellos mismos, pues es tan ganancioso el tráfico de drogas y actividades colaterales que se han estado creando grupos y carteles que en su ansia por controlar poblados, territorios, rutas y fronteras, se están enfrentando unos a otros, ajustando cuentas, eliminando contactos y autoridades cómplices. El resultado ha sido una enorme cantidad de mexicanos muertos, heridos, desaparecidos o emigrados a otras ciudades o a otros países.
Aquí en Sinaloa, probablemente la cuna de los grupos de narcotráfico ya organizados, se recuerda, allá “por los años 40 del siglo pasado”, al “narco” principal: Lalo Fernández, que “exportaba” mariguana y derivados de la flor de amapola, para consumo de los soldados norteamericanos, licenciados o en activo, quienes durante la Segunda Guerra Mundial se convirtieron en adictos, por lo que se creó un mercado consumidor que se surtía desde México, con sembradíos en los cerros y valles de la Sierra Madre Occidental, entre los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, cuya confluencia después se denominó “el triángulo dorado”; posteriormente aparecieron otros capos, como “El Güero Palma”, Caro Quintero, los Arellano, el “Señor de los Cielos”, “El Mayo” Zambada, “El Chapo” Guzmán, y se integraron los grandes cárteles: el de Sinaloa, el del Noreste, los Zetas, los Caballeros Templarios, el CJNG, etc., a tal grado que se habla de más de 200 grupos en todo el País que ya dominan varios Estados. Para “mayor orgullo nacional” ya trafican en Estados Unidos y Canadá, en Colombia y Europa, han invadido Centroamérica y otros países del Continente Americano, son ya un emporio internacional.
El negocio de los cárteles mexicanos ya vale más de 50 mil millones de dólares anuales y tienen activos por cientos de miles de millones de dólares, y no solo lo integran los narcos, sino que también drogan y reclutan niños, jóvenes y mujeres. Según nota de El Universal, el crimen organizado ha reclutado alrededor de 45 mil niñas, niños y adolescentes en México; los delitos de extorsión, fraude y abuso de confianza van en constante aumento debido a la diversificación de las bandas, que también incluyen tráfico de órganos, trata de personas, “huachicol” de combustibles y de agua, compra venta de monedas virtuales, etc., es decir, están incrustados en toda la economía y están afectando al medio ambiente con la tala ilegal de bosques y el control de fuentes de agua y negocios mineros.
Todo lo anterior se realiza en total impunidad; el Gobierno no ha querido o no ha podido disminuir los índices de violencia, por lo que ya se habla de que este es un narco-estado, aunque el corresponsal de El Universal en España, Salvador Martín Puig, solo reconoce que existen narco-territorios, pero alerta que “la gente ha terminado por normalizar la violencia y ve vacíos de poder en algunos espacios”, pero visto desde aquí, se sufre el abandono de la autoridad en sus obligaciones constitucionales frente a un poder armado que impone sus reglas y condiciones y que ¿llegó para quedarse?
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