Son tantos los problemas sociales, económicos y políticos que se están sufriendo actualmente, aunque algunos provengan de años atrás, que es necesario preguntarse, ante el recrudecimiento de ellos durante este gobierno, si ya es hora de reconocer que varios de ellos llegaron para quedarse o si todavía se tendrían esperanzas de que se pudieran superar si es que se tuvieran mejores líderes, mejores políticas públicas, más educación y honestidad tanto en la sociedad como en el Gobierno. No es posible renunciar a esta esperanza aunque hay que trabajar para que se haga realidad, pues de lo contrario se perderá lo logrado en estado de derecho, en derechos humanos, en gobernabilidad y en seguridad personal y social.
Algunos de los asuntos que se tratarán en esta columna han sido producto de este régimen que ya ha amenazado que sus criterios y decisiones, a los que llamó “la cuarta transformación”, son para quedarse, para lo cual ha impulsado reformas constitucionales y de diversas leyes y emitido decretos presidenciales aún en contra de la legislación en curso.
Habría pues que comentar los asuntos que están ahí, con la amenaza de quedarse para el México de mañana, el de los hijos y nietos de las actuales generaciones:
El tema no es solo sobre la presencia o no del Ejército en las calles, sino también sobre la justificación constitucional de dedicarlo a labores de seguridad pública de naturaleza eminentemente civil; incluye también las nuevas funciones que se están asignando al Ejército desde la construcción de aeropuertos, del Tren Maya, de la vigilancia y control de los migrantes, de otorgarle abrazos a los narcotraficantes y otros delincuentes, de convertir al Ejército y a la Marina en empresario turístico y de administración aeroportuaria, etc., etc.
Lo peor se viene con los decretos presidenciales de seguridad nacional con los que se ocultan resultados o la falta de los mismos, así como violaciones a los derechos humanos; véase la información de El Universal de que la Secretaría de Marina ha pagado más de 10 millones de pesos anuales como indemnizaciones a ciudadanos por violaciones a sus derechos. Igualmente se ha puesto en evidencia la participación del Ejército en el caso de los estudiantes muertos en Ayotzinapa; a pesar de que Sedena pretende deslindarse y de que el Presidente procura protegerlo; cada nueva investigación del caso, conduce a la complicidad del Ejército con el grupo de delincuentes “Guerreros Unidos”, tal y como denuncia la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, según mensajes intervenidos entre delincuentes y miembros de los Batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero.
Otro asunto que habría que considerar es la decisión presidencial de integrar a la Guardia Nacional a la Sedena, con lo cual se pone más en evidencia que esta corporación realmente nunca tuvo una naturaleza civil, pues prácticamente el 80 por ciento de sus integrantes están en la nómina del Ejército, sus oficiales y mandos son militares y el presupuesto principal lo maneja la Sedena. Con esta decisión se está renunciando a tener un cuerpo de seguridad con recursos, mandos y legislación civiles, como lo tienen la mayoría de los países que se reconocen como de primer mundo.
Como lo expresó el periodista Jorge Ramos al Presidente en una mañanera: “Desde que usted llegó al poder ha habido 126 mil 206 mexicanos muertos, que son más que los del sexenio de Peña Nieto, 124 mil, y más que los de Calderón, 121 mil”, según columna de Sergio Sarmiento en El Universal; que también publica que este es el sexenio más violento, pues en el sexenio de Fox se registraban 28 homicidios diarios, en el de Calderón 55; en el de Peña Nieto 71 y en el de López Obrador 97, un incremento de 36.6 por ciento.
El asunto es pues mucho más complejo que el retiro de los soldados a los cuarteles, sino también hablar sobre los 222 mil millones de pesos presupuestados en 2023 para Sedena; hablar también del fuero militar que genera impunidad protegida; la opacidad en el uso de esos recursos al declararlos de “seguridad nacional” y las investigaciones sobre excesos que se han cometido en las acciones públicas para las que el Ejército no está entrenado.
Surge pues la pregunta: “¿la militarización llegó para quedarse?”, porque ahora hay que ver qué partido, qué político, o aún qué Presidente, se atreve a rebajarle al Ejército el presupuesto y las nuevas atribuciones!
