Los alcaldes asesinados y la fragilidad del Estado
El pasado 13 de junio fue asesinado Joel Ángel Bravo Martínez, Alcalde de San Miguel Amatitlán, Oaxaca. De acuerdo con distintas versiones, un grupo armado lo interceptó afuera de su domicilio cuando se disponía a iniciar su jornada laboral e incluso ingresó a su vivienda para atacarlo.
Más allá de las circunstancias específicas del crimen, hay un dato que resulta especialmente preocupante: semanas antes, el Alcalde había solicitado protección tras haber sido víctima de un secuestro y recibir amenazas. Más tarde se informó que dicha solicitud fue planteada en una mesa de seguridad, espacio donde autoridades locales y estatales intercambian información y coordinan acciones en materia de seguridad pública.
La precisión importa porque no se trata de un caso aislado. El 1 de noviembre de 2025 fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, Alcalde de Uruapan, Michoacán, durante una celebración por el Día de Muertos. También había denunciado amenazas de grupos criminales y solicitado protección, incluso ante autoridades federales. Ninguna de esas advertencias evitó el ataque.
Cuando un Alcalde es asesinado después de haber alertado sobre riesgos contra su vida, el mensaje va más allá de la tragedia individual. Lo que se pone en evidencia es una fragilidad institucional preocupante: la incapacidad -o la falta de voluntad- del Estado para proteger a quienes representan a la autoridad pública en los territorios.
En términos prácticos, la señal es clara. Si el Estado no puede proteger a sus propios funcionarios electos, difícilmente puede transmitir que mantiene control efectivo sobre el territorio y es más notorio a nivel local.
Los números ayudan a dimensionar el problema. De acuerdo con el registro de la organización civil Causa en Común, durante el actual sexenio han sido asesinados 11 alcaldes en el País. Cuatro de esos casos ocurrieron en Oaxaca, tres en Guerrero, tres en Michoacán y uno en San Luis Potosí.
Entre ellos se encuentran Alejandro Arcos Catalán, Presidente Municipal de Chilpancingo, Guerrero, asesinado en octubre de 2024; Román Ruiz Bohórquez, Alcalde de Candelaria Loxicha, Oaxaca, atacado en su domicilio ese mismo mes; Jesús Franco Lárraga, Alcalde de Tancanhuitz, San Luis Potosí, asesinado en diciembre de 2024; Mario Hernández, Alcalde de Santiago Amoltepec, Oaxaca, asesinado junto con dos escoltas en mayo de 2025; Isaías Rojas Ramírez, Alcalde de Metlatónoc, Guerrero, quien falleció tras un ataque ocurrido en la Autopista del Sol; Salvador Bastida García, Presidente Municipal de Tacámbaro, Michoacán, asesinado en junio de 2025; Lilia Gema García Soto, Presidenta Municipal de San Mateo Piñas, Oaxaca, ejecutada dentro del propio Palacio Municipal; y Martha Laura Mendoza Mendoza, Presidenta Municipal de Tepalcatepec, Michoacán, asesinada junto con su esposo afuera de su domicilio.
El número por sí mismo es importante; sin embargo, es fundamental observar la existencia de patrones: la mayoría de los ataques fueron agresiones directas perpetradas por grupos armados. En varios casos ocurrieron en domicilios particulares, espacios públicos o incluso instalaciones gubernamentales. Es decir, en lugares donde la presencia de la autoridad debería representar una barrera para la violencia y no un escenario más para su despliegue.
A ello se suma otro problema: la escasa información pública sobre el esclarecimiento de estos crímenes. Mientras las autoridades difunden con amplitud la reducción de homicidios dolosos -que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registraron una disminución cercana al 30 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026-, existe mucho menos conocimiento público sobre cuántos de estos asesinatos de alcaldes han sido resueltos, cuántos responsables han sido detenidos y cuáles fueron los móviles detrás de los ataques.
La discusión sobre seguridad pública no debería limitarse a celebrar la disminución de un indicador. Entender por qué bajan los homicidios, dónde disminuyen, qué tipos de violencia permanecen y cuáles están cambiando resulta igual o más importante que el dato agregado.
Por ello, desde la academia y las organizaciones de la sociedad civil se insiste en evaluar de manera integral las estrategias de seguridad, sus políticas y sus resultados. Solo así será posible identificar qué funciona, qué no y qué ajustes son necesarios para enfrentar la violencia crónica que afecta al país.
En este contexto, observar la violencia contra alcaldes ofrece pistas particularmente valiosas. Los presidentes municipales son actores clave en la gobernabilidad local y, con frecuencia, se encuentran en la primera línea de contacto con disputas por el control territorial. Por ello, los ataques en su contra pueden funcionar como indicadores tempranos de procesos de captura institucional o expansión de grupos criminales.
Tradicionalmente, buena parte de la violencia registrada en Oaxaca había estado asociada con conflictos comunitarios, disputas agrarias o tensiones políticas locales. Sin embargo, diversos indicadores sugieren transformaciones que merecen seguimiento.
De acuerdo con cifras oficiales, los homicidios dolosos en Oaxaca aumentaron 13 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, han comenzado a registrarse con mayor frecuencia asesinatos caracterizados por altos niveles de crueldad, incluidos casos con tortura, una modalidad que suele estar asociada con dinámicas propias de la delincuencia organizada.
La pregunta entonces es inevitable: ¿qué grupos criminales están ampliando su presencia en la entidad?, ¿qué mercados ilícitos o recursos estratégicos están disputando?, ¿qué capacidades tienen las instituciones locales para contener esa expansión?
Responder estas preguntas resulta indispensable para evitar que Oaxaca reproduzca escenarios de deterioro institucional observados en Guerrero y Michoacán.
La seguridad pública nunca ha sido una ciencia exacta. Sin embargo, ignorar patrones de violencia tan significativos como el asesinato sistemático de alcaldes puede conducir a diagnósticos incompletos. Y los diagnósticos incompletos suelen traducirse en políticas insuficientes.
Medir la violencia únicamente a través de un indicador agregado corre el riesgo de convertir la estadística en un maquillaje costoso. Detrás de las cifras nacionales pueden coexistir realidades locales marcadas por el miedo, la captura territorial y la debilidad institucional.
Contabilizar los casos de alcaldes asesinados va más allá de generar una estadística, permite identificar señales de alerta sobre territorios donde la autoridad democrática enfrenta crecientes desafíos para ejercer control. Ignorarlas o tomar estos lamentables sucesos como hechos aislados no reducirá la violencia; únicamente retrasará la comprensión de un problema que ya está frente a nosotros.
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La autora es Nancy Canjura, politóloga y especialista con más de diez años de experiencia en seguridad, violencia y políticas públicas. Miembro de la red AMASSURU de mujeres en seguridad e investigadora en la organización Causa en Común. Redes: @canjural
