El 10 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este año, la agenda de derechos humanos ha estado marcada por la debilidad y ataques al multilateralismo —cuando celebramos los 80 años de Naciones Unidas—, una apuesta entre los Estados por la paz, la seguridad y la cooperación internacional; por otro lado, en México esa apuesta que debería ser naturalmente multilateral ante los embates de países poderosos, se juega en dos niveles, a nivel internacional, como una aliado del multilateralismo y a nivel local, con un negacionismo ante los diversos retos y pendientes en la materia, sobre los que nos referiremos a continuación.
La crisis de desaparición en el país se hizo palpable durante el primer trimestre con el horror del caso Teuchitlán, un evento que evidenció la magnitud del problema y llevó al Ejecutivo a tener que abordar el tema. Las imágenes de Teuchitlán y después de múltiples eventos de violencia generalizada en el país nos confirman que el alcance de la gobernanza criminal en diversas zonas es sin duda el mayor reto para la democracia en México.
A lo largo del año, colectivos de búsqueda alzaron la voz por la ausencia de más de 130 mil personas. La continua gravedad de la situación motivó al Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (Comité CED) a iniciar, por primera vez, el mecanismo contemplado en el artículo 34 de la Convención Internacional, para determinar si las desapariciones en México son “generalizadas” o “sistemáticas” y presentarla ante la Asamblea General. En respuesta, el gobierno impulsó reformas en la materia que, sin embargo, resultan insuficientes y parten de un diagnóstico erróneo que prioriza las estadísticas sobre la atención real a la crisis. Posteriormente, el relevo de la persona titular en la Comisión Nacional de Búsqueda también expuso los retos de poner al centro a las víctimas; señalamos que solo así podrá fortalecerse una política pública de búsqueda rigurosa y eficaz, tan urgentemente necesaria en el país.
Además, otro reto —identificado por la CIDH en su informe sobre personas defensoras— es la alta vulnerabilidad a la que están expuestas las buscadoras por su labor. Al menos 32 personas buscadoras han sido asesinadas desde 2010, seis en este año, con impactos diferenciados en las mujeres. Seguimos insistiendo en la necesidad de no estigmatizar y proteger a las buscadoras que son la reserva moral del país y porque buscar no debe costar la vida.
La militarización no ha detenido la violencia, por el contrario, se siguen documentando casos graves que involucran elementos de las Fuerzas Armadas. En Sinaloa, el caso de las niñas Leydi Medina y Alexa Rojas, asesinadas en lo que se intentó justificar falsamente como un enfrentamiento, pone en evidencia las fallas en las medidas de control y supervisión, así como en la rendición de cuentas y acceso a la justicia para las víctimas. En Guanajuato, por ejemplo, la desaparición forzada del joven José Juan Arias, donde elementos de la Guardia Nacional están presuntamente involucrados en su detención, es otra muestra. A esto se suman los escándalos de corrupción, como el del “huachicol fiscal”, que confirma las preocupaciones ante la falta de controles civiles de supervisión frente al Poder Militar.
En materia de tortura, este año se emitió el Programa Nacional para Erradicar la Tortura (PNT), después de que diversas organizaciones debimos litigar su publicación ante la omisión de cumplir con esta obligación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El Programa reconoce que -contrario a lo que se dice en el discurso- la práctica persiste. Como da cuenta el caso de Diego Fernando Bonilla, indígena torturado en Veracruz por policías de investigación y quien después de una larga denuncia, acompañado de su comunidad, no ha podido encontrar justicia.
A nivel institucional en materia de justicia; la reforma al Poder Judicial culminó en una elección con participación ciudadana baja, con visibles irregularidades como el uso de acordeones para “orientar” el voto y la preocupante politización de las personas juzgadoras. Así, los efectos de esta elección se comenzaron a hacer visibles. La SCJN realizó una inadecuada discusión en torno a la modificación de un artículo a la Ley General de Víctimas que validó la eliminación del mínimo presupuestal para su atención.
Este año también fuimos testigos de alarmantes iniciativas de reformas, las reformas en materia de seguridad, inteligencia y justicia, que han dejado un Estado con poderes amplísimos para la vigilancia digital, con más bases para emplear nuevas tecnologías en seguridad, más militarizado, más centralista en la definición de políticas de seguridad y con múltiples agencias habilitadas para la investigación de delitos. A esto se le suman reformas regresivas a la Ley de Amparo que limitaron las figuras como la del interés legítimo, así como otras reformas regresivas que están en puerta, como la regulación de la figura de “jueces sin rostro”, que fue removida de la discusión en la última semana de sesiones del Senado, pero que se advirtió se analizará a inicios de 2026. No podemos olvidarnos de que se continuó expandiendo el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, a pesar de la inconvencionalidad de la figura. Aun así, las Fiscalías, el nudo central de la impunidad, siguen sin ser reformadas y continúan sin poner al centro a las víctimas.
Todo ello, en un contexto donde hemos comenzado a ver los impactos de la falta de algunos controles que fueron eliminados o debilitados, como la falta de mecanismos de transparencia, después de la eliminación del INAI, la constante ineficacia de la CNDH, cuya actuación seguimos monitoreando anualmente y donde la polarización de las discusiones políticas ha llevado a atestiguar eventos de violencia inaceptables, de particulares y aún más condenables de autoridades, en contextos de protesta.
Si bien los retos continúan siendo mayores, también podemos nombrar buenas noticias en diversas dimensiones; en casos concretos, como el de Keren Ordóñez, sentenciada a 50 años de prisión por un secuestro que no cometió, ilustra la prevalencia de sesgos de género en el juicio y la utilización de tortura. Keren recuperó su libertad en abril de este año y pudo reunirse con su mamá, papá e hija luego de 10 años en injusta prisión.
También en medidas estructurales, como la reducción de la pobreza. En los últimos 6 años, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, impulsado por el aumento del ingreso de los hogares, principalmente, derivado del 135% en el salario mínimo desde 2018. Medidas que sin duda nos reiteran que poner a los grupos vulnerables al centro con políticas de largo aliento es la vía para combatir los retos más grandes, como la desigualdad en el país.
De cara a 2026, los desafíos en materia de derechos humanos exigen una renovada voluntad política y un enfoque centrado en la dignidad humana. La crisis de desaparición forzada sigue siendo la deuda más dolorosa del Estado mexicano. Es imperativo detener la ola de iniciativas legislativas que, animadas por una narrativa atractiva ante la violencia que vive el país, se muestran cada vez más regresivas y punitivas, a lo que se le suma la profundización de una visión guiada por resultados numéricos y de profundización de las facultades militares, sin atender realidades puntuales.
Sobre todo, el próximo año debe consolidarse el compromiso ineludible con el cuidado y la protección integral de las personas buscadoras y de las víctimas que buscan justicia. Su determinación, realizada en ocasiones a costa de su propia seguridad y vida, debe ser reconocida, protegida y jamás estigmatizada, pues sólo poniéndolas al centro de la construcción de un sistema de justicia que desmantele la impunidad, y que asegure que los avances sociales, como la reducción de la pobreza, se logrará gozar plena e integralmente de todos los derechos fundamentales.
Esta es nuestra última colaboración de 2025 en este espacio. Agradecemos enormemente la siempre generosa disposición de Animal Político y a las, los y les lectores su seguimiento. ¡Nos seguimos encontrando en 2026!
