Los impactos de la estigmatización contra la prensa

    En esta ocasión me gustaría compartir con nuestros lectores la intervención en la audiencia temática en el marco del 180 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la audiencia participamos 20 organizaciones internacionales, nacionales y locales para tratar el tema de “Protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en México”:

    En nuestro País se agrede a un periodista cada 13 horas. El año pasado, ARTICLE 19 registró 692 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en posible vínculo con su labor, casi 14 por ciento más que en 2019. De ellas, el 50 por ciento fueron cometidas por autoridades públicas, principal agresor contra la prensa. Tan sólo en el mes de junio de este año, esta organización documentó 74 ataques contra la prensa. No está de más recordar que los ataques contra la prensa son acompañados de un 98 por ciento de impunidad.

    Si bien existen múltiples factores que desatan la violencia contra periodistas, por ejemplo la estrategia fallida de la denominada “Guerra contra el narcotráfico” y la creciente militarización, es principalmente desde el Estado que se multiplican y se permiten las agresiones.

    La estrategia de división y de estigmatización pretende desviar la atención pública de temas apremiantes para la sociedad como la violencia, la impunidad, la corrupción y la falta de efectividad para solucionarlas. Es decir, se anula el mensaje atacando al mensajero.

    La estigmatización contra la prensa es una estrategia utilizada por personas servidoras públicas de los tres niveles de gobierno en todas las entidades del País. Por ejemplo, en 2020, Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California atacó en 10 ocasiones al medio El Semanario Zeta con frases estigmatizantes como “el semanario ZETA está enojado porque no les compramos publicidad” y negando entrevistas diciendo “mejor sólo inventa la tuya de una vez”. Así, cuando es la cabeza del estado quien agrede, se establece un contexto permisivo de violencia e impunidad. Baja California pasó de tener 20 agresiones contra la prensa en 2018, a 32 en 2019, y 34 en 2020, de esas 34, el 52.94 por ciento fueron perpetradas por autoridades estatales.

    En Guanajuato, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN), ARTICLE 19 documentó 25 agresiones contra la prensa en 2020, incluido el asesinato del reportero Israel Vázquez en Salamanca, ocurrido el 9 de noviembre. Un día después del asesinato, un grupo de periodistas protestó ante el Gobierno local, la Alcaldesa Beatriz Hernández les señaló que: “ir [...] a las 5:30 [...] de la mañana a cubrir una nota en un lugar que todos sabemos que es tan peligroso, se arriesgan más“, revictimizando así al reportero.

    Graves también son las declaraciones sobre los asesinatos de periodistas, cuando el Ejecutivo federal afirmó que “eso [los asesinatos] no era una cuestión del Estado”, ignorando la obligación del Gobierno de prevenir, proteger y garantizar seguridad y derechos humanos.

    Finalmente, el día miércoles, el Presidente presentó una nueva sección dentro de sus conferencias “Quién es Quién en las Mentiras”, la cual busca supuestamente “exhibir las mentiras que difunden los medios de comunicación”. Pero que en realidad parece constituir un “Tribunal de la Verdad” para exhibir, atacar y estigmatizar a la prensa crítica o cualquier persona comunicadora que no se alinea al Gobierno federal.

    El problema no es que la prensa sea o no cuestionada. La ciudadanía puede y debe sujetar a una intensa observación la labor de la prensa, pues justamente lo que busca el periodismo es robustecer el debate público. Pero que sea la cabeza del Estado quien defina los criterios bajo los cuales la prensa “miente o no”, además de estigmatizar, promueve la censura previa mediante la inhibición o amedrentamiento, afectando así la libertad de expresión, pluralidad mediática y el derecho a informar e informarse de la prensa y la sociedad, además de manipular la opinión pública catalogado la crítica al Gobierno como mentira.

    Es incompatible con una democracia que desde la administración pública se trate de imponer un criterio de verdad. Aún peor es que se pretenda utilizar este criterio de “verdad” para inhibir la crítica y el escrutinio públicos.

    (Elaborado por Paula Saucedo y Silvia Ruiz)

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