Los pagos del Comité de Adquisición y la Ley de Pareto

Debido al pago excesivo en la adquisición de diversos servicios, el Comité de Adquisición de la Universidad Autónoma de Sinaloa fue sancionado por un juez de control con una multa de 20 millones de pesos. Esta cantidad se dividió en partes iguales: 10 millones para el comité de la actual administración y 10 millones para el anterior.

Este saldo pendiente se originó por la pérdida de más de 500 millones de pesos debido a sobreprecios en diversas adquisiciones. En respuesta, la administración de la UAS ha optado por una campaña mediática para solicitar aportaciones voluntarias de mil, 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos, en lugar de exigir que el propio comité asuma la responsabilidad del pago.

Esta decisión no sólo impacta al Comité, sino que también compromete la reputación de la institución, evidenciando la ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y una gestión financiera deficiente. Además, pone de manifiesto la falta de un plan claro para afrontar este y muchos otros desafíos económicos que enfrenta la universidad.

Ante este escenario surgen dos preguntas: ¿Cuántas personas serían necesarias para cubrir la deuda? ¿Es razonable que la administración traslade esta carga financiera a la comunidad universitaria en lugar de asumir su responsabilidad y gestionar eficientemente los recursos?

En relación con la primera pregunta, podemos realizar algunos cálculos para estimar el número de individuos necesarios. Aplicando la Ley de Pareto, que indica que aproximadamente el 80 por ciento de los efectos provienen del 20 por ciento de las causas, se calcula que unas 4 mil 804 donadores tendrían que contribuir para alcanzar la meta de 20 millones de pesos (para más detalles, consulte los cálculos en mi blog: emilianoteran.com).

Dentro de este total, una minoría de aproximadamente 375 personas aportaría 15 mil pesos cada una, mientras que 2 mil 656 trabajadores contribuirían con montos de mil pesos. Sin embargo, la recolección de estos fondos podría complicarse aún más debido a la existencia de dos comités distintos a los que se puede donar, lo que aumentaría la cantidad de aportantes necesarios y dispersaría los esfuerzos de recaudación. Esta situación manifiesta los desafíos logísticos y estructurales de la propuesta, lo que hace aún más incierto el éxito de la iniciativa.

Incluso si se lograra recaudar los 20 millones de pesos, la solución seguiría siendo insostenible y meramente temporal. No aborda el problema de fondo: la ausencia de mecanismos eficaces de supervisión que prevengan la repetición de estos errores. Sin una reforma estructural que garantice un desempeño responsable y transparente de los fondos, este problema podría volver a presentarse en el futuro.

Además, muchos consideran injusto que la función de cubrir esta cuenta por pagar recaiga sobre quienes no tuvieron parte en su creación. Es inconcebible que exista capital para pagar sobreprecios en adquisiciones, pero no para garantizar otros compromisos esenciales, como el pago puntual de salarios. Esta situación refleja una grave falta de compromiso por parte del Comité de Adquisición, cuyas obligaciones incluyen no solo el manejo eficiente de los bienes, sino también la transparencia y la rendición de cuentas.

Si la energía dedicada a promover campañas de recaudación se hubiera enfocado en socializar y explicar las razones detrás de estas decisiones financieras, o en presentar una estrategia clara para evitar que estos errores se repitan, el entorno universitario podría mostrarse menos escéptico ante las llamadas donaciones “voluntarias”.

La falta de transparencia y la ausencia de un plan concreto para corregir los errores del pasado sólo generan desconfianza y refuerzan la percepción de que la institución no está priorizando los intereses de su población.

Otro aspecto que, aunque no directamente vinculado con la deuda del Comité de Adquisición, refleja la misma crisis financiera y administrativa de la Universidad es el actual retraso en el pago de la quincena de este 15 de febrero. Para evitar estas situaciones, deberíamos contar con un plan de contingencia que garantice estabilidad.

La invitación a la sociedad en su conjunto está abierta para debatir a fondo esta y otras cuestiones fundamentales en los foros por la “Nueva Universidad”, que ya están próximos a realizarse.

La comunidad universitaria merece respuestas claras y soluciones concretas, no medidas paliativas que transfieren la carga financiera a quienes menos tienen la culpa. El futuro de la Universidad depende de la capacidad de sus autoridades para asumir con compromiso los retos administrativos y financieros que enfrentan.