Los peligros de constitucionalizar la prohibición de las drogas

Karen, una joven de Sinaloa de 29 años, es madre soltera de dos niñas y trabajaba como estilista antes de ser privada de su libertad. En 2020 fue detenida por transportar poco más de un kilogramo de metanfetamina cuando transitaba en la autopista Durango-Gómez Palacio a bordo de un autobús de pasajeros. A pesar de haber sido sentenciada a pasar más de 10 años en prisión por haber cometido narcomenudeo en la modalidad de transporte, Karen fue beneficiada por la ley de amnistía -aprobada cuatro meses antes de su detención- y en febrero de 2022 obtuvo su libertad por estar en situación de pobreza extrema (1).

El 5 de febrero del 2024, tres años y nueve meses después de publicarse la Ley de Amnistía para reparar a las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y coacción afectadas por el sistema de justicia penal, AMLO envió un paquete de 20 reformas a la Constitución. Hasta ahora, el foco del debate público ha estado concentrado en las iniciativas relacionadas con la garantía de derechos económicos, sociales y culturales, y con las propuestas para la reconfiguración del Poder Judicial que ponen en peligro la división de poderes y el acceso a la justicia. Sin embargo, desde Elementa consideramos que hay otras tres iniciativas sumamente peligrosas que, de aprobarse, consolidarían el enfoque punitivo en materia de drogas, contribuirían a las violencias ya existentes y a la vulneración de derechos humanos.

La intención de prohibir el consumo de fentanilo refleja una serie de contradicciones sobre el uso de esta sustancia que se han promovido desde la conferencia matutina de Presidencia. AMLO ha negado de forma constante el uso del fentanilo en México y ha condenado las estrategias de reducción de daños como el uso de naloxona para prevenir sobredosis fatales. Sus dichos ignoran a la población en zonas fronterizas como Sinaloa, Sonora y Baja California que son invisibilizadas por el Estado y que son atendidas por iniciativas comunitarias que salvan vidas y dan acceso pleno al derecho a la salud.

Además, la pretensión de prohibir el uso de fentanilo a nivel constitucional no terminará con la demanda de la sustancia. Lo que sí causará es mayor vulnerabilidad para quienes consumen fentanilo y para quienes, en suplencia del Estado, garantizan acceso a derechos a la población usuaria. También fortalecerá el enfoque asilar, la proliferación de centros privados que vulneran los derechos de las personas usuarias y el abandono federal y local para atender a dicha población.

Contraria a la idea de soberanía que ha expresado el Presidente frente a la relación bilateral con Estados Unidos, esta propuesta de reforma refleja cómo el gobierno de AMLO apuesta a la misma receta fallida y violenta, que parte de una narrativa de terror que ha impulsado nuestro vecino del norte desde hace décadas en territorio mexicano. Si bien elevar a la Constitución la prohibición de las conductas relacionadas con drogas sintéticas sólo afianza el esquema punitivo de legislación secundaria, la propuesta tiene efectos simbólicos y en materia de derechos. La iniciativa cierra puertas para imaginar escenarios de regulación sobre dichas drogas y lo más preocupante, pone en riesgo a personas usuarias de drogas sintéticas y a quienes habitan en territorios controlados por organizaciones dedicadas a su producción.

La justificación de esta iniciativa se centra en el peligro que significa el consumo de sustancias químicas para la salud de las personas, particularmente en un contexto en el que el consumo problemático de metanfetamina se encuentra a la alza. Sin embargo, la exposición de motivos ignora que no existe una política pública sólida de atención por parte del Estado para quienes usan drogas sintéticas ni para quienes tienen dicho tipo de consumo (2). Asimismo, constitucionalizar el enfoque de prohibición fortalecería el discurso bélico de la “lucha” contra las drogas, el encarcelamiento de personas que se encuentran en los eslabones más expuestos de la cadena, así como las redes de corrupción para mantener el mercado y las estructuras criminales intactas. Esto, sumado a las violencias por parte de grupos del crimen organizado en la frontera norte y en el centro del País, zonas donde actualmente se disputa el monopolio de la producción de este tipo de sustancias.

Finalmente, otra iniciativa enviada por AMLO propone incluir en el catálogo del artículo 19 constitucional sobre prisión preventiva oficiosa (privación de la libertad automática) los delitos bajo la figura de narcomenudeo, que incluye conductas como: posesión simple, posesión con fines de venta, suministro y comercialización de drogas declaradas ilícitas. Además de reiterar los delitos graves ya contemplados en dicho artículo como transporte o almacenamiento de drogas.

Esta reforma es contraria no sólo a estándares internacionales vinculantes para México, sino a la Ley de Amnistía impulsada por el propio Presidente. Más del 90 por ciento de las personas beneficiadas por esta ley estuvieron privadas de la libertad por delitos de drogas. Y el delito de transporte, incorporado en la figura de narcotráfico, fue por el que más personas han obtenido el beneficio (3).

La exposición de motivos de esta propuesta es que “el narcomenudeo facilita el consumo en menores de edad”. Sin embargo, esta lógica reproduce la idea de que la prohibición sirve para reducir la oferta de drogas, lo cual no solo es una premisa falsa, sino que las acciones que se han implementado con base en ella han sido demostradas como fallidas. La prohibición crea un mercado ilegal que facilita el acceso a las drogas para las infancias y las adolescencias, no solamente para su uso sino para insertarse en el mercado. La propia exposición reconoce que solo en 2021 se imputó a 3 mil 260 adolescentes por el delito de narcomenudeo, pasando por alto las implicaciones que esto tiene para su proyecto de vida. Elevar a rango constitucional el enfoque punitivo de la “guerra contra las drogas” recrudecerá los factores estructurales que castigan a las personas más expuestas del mercado ilícito de todas las drogas, entre estas a las poblaciones más jóvenes.

El peligro que supone la ampliación del catálogo se visibiliza en la experiencia de Karen, quien por su situación de vulnerabilidad se vió forzada a transportar más de un kilogramo de metanfetamina. Karen fue liberada gracias a una ley aprobada por la misma administración que ahora propone cárcel automática a quienes pasen por su situación. La decisión de presentar estas iniciativas es una apuesta franca por darle continuidad al modelo prohibicionista y a sus excesos desde el sistema de justicia penal. Hacemos un llamado a esta Legislatura para dejar atrás el populismo punitivo que renace cada período electoral y rechazar de manera contundente estas propuestas que, lejos de traer soluciones, generarán más daños.

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Los autores son Adriana Muro (@adrianawall), abogada y directora ejecutiva de @ElementaDDHH, y Diego Arturo Jiménez Padilla (@eldiegojim), gestor público por el ITESO y asistente de investigación en @ElementaDDHH.

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1. Consejo de la judicatura federal, Instituto federal de la Defensoría Pública, El combate al punitivismo penal: Informe de libertades obtenidas por amnistía. Diciembre 2022.

2. Del 2013 al 2022 la demanda de tratamientos por consumos problemáticos de metanfetamina ha tenido un aumento del 451 por ciento. Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones, CONADIC “Hoja de datos, Contexto de la demanda de sustancias ilícitas en 2022-2023 y acciones del Gobierno de México en materia de salud mental y adicciones”. Ciudad de México, 2023.

3. Elementa DDHH, ¿Amnistía o condena? El destino de las personas privadas de la libertad por delitos de drogas en México, 2022.