Respecto al artículo anterior sobre los riesgos que involucran el narcotráfico y en general la delincuencia organizada en el desarrollo económico de México, hubo algunas menciones sobre otras situaciones riesgosas como son el que dirigentes y empleados sean consumidores de drogas o que dueños, accionistas o funcionarios públicos sean ejecutados por sicarios, ya sea por accidente o porque se hayan involucrado de una u otra forma. Desde luego estos riesgos existen, pero el planteamiento fue sobre riesgos generales que afectan a todo el sector empresarial, así como al sector gubernamental en sus políticas, sus objetivos, sus programas o sus resultados.
Algunos riesgos que se han mencionado, como la misma situación de inseguridad, existen desde muchos años antes, pero ahora su probabilidad y potencia han aumentado, a tal grado que no es posible que una buena administración los ignore y no prevea sus efectos y se prepara con planes, recursos y una adecuada capacitación de su personal.
Por ejemplo, no se esperaba que hubiera un gobierno en México que actuara y decidiera en contra de las leyes ya establecidas y que expresara comentarios como, “... y no me vengan con que la ley es la ley...”. Si no se respeta el estado de derecho vigente, sólo existirá la ley del más fuerte, la ley del gobernante autoritario.
Una de las características de la estructura jurídica de un país, es la de que exista congruencia entre los distintos códigos y leyes, pero sobre todo que exista una ley fundamental, una Constitución a la que deben ajustarse todas las leyes secundarias. Pero cuando el gobernante en turno pretende imponer leyes que violentan el contenido y el espíritu de la ley fundamental y que así lo apruebe el Poder Legislativo, se cae en el riesgo del desorden jurídico, de la desconfianza en las autoridades y todo ello es con grave riesgo para el desarrollo del país. Esta incertidumbre en las leyes y las autoridades ahuyenta las inversiones, se ralentiza la economía o se detiene el crecimiento, se provoca la falta de producción, se provoca también la inflación y se pierde el entusiasmo por la productividad, la modernización y la competitividad.
Si el gobierno mismo no se sujeta a las leyes, difícilmente podrá exigir a los ciudadanos que sí las cumplan.
Igualmente, si el gobierno de un plomazo, mejor dicho, después de una pseudo “consulta popular”, detiene y destruye una millonaria inversión pública en el tan urgente y necesario nuevo aeropuerto internacional, con características de suficiencia en capacidad y tecnología para muchos años por delante, cualquier inversionista y cualquier economista se preguntaría: ¿para dónde pretende ir este gobierno?
Si el gobierno defiende a capa y espada la empresa petrolera Pemex, que no tiene recursos para producir más petróleo ni para explorar y explotar nuevos yacimientos; que no puede sostener programas constantes de mantenimiento de sus refinerías; que además está quebrada pues sus activos no alcanzarían a cubrir sus deudas que ya rondan los 107 mil millones de dólares, cualquier economista se seguiría preguntando ¿para dónde va este gobierno y para dónde pretender llevar a este país?
Un gobierno que también defiende la empresa paraestatal Comisión Federal de Electricidad, no para que produzca más y mejor energía limpia, sino por consideraciones ideológicas; una empresa que no tiene recursos para invertir en más redes y equipo de distribución, que no parece tener intenciones de crear nuevas plantas generadoras de energía; que no acepta que, ante la falta de recursos para incrementar la generación de energía solar, eólica, hidráulica, etc., y que tampoco deja que inversionistas privados lo hagan; una empresa gubernamental que gasta 6 mil millones de dólares en adquirir las plantas solares de la empresa española Iberdrola, plantas viejas que ya estaban produciendo y que por lo tanto no se aumenta con esa adquisición la generación de energía. Iberdrola, por cierto, se fue a Brasil en donde irá a invertir los 6 mil millones de dólares que la CFE le está pagando y, desde luego, allá van a producir energía limpia.
Es un auténtico riesgo para el crecimiento de México el tener un gobierno que no se sujeta a la ley, que parece estar en contra de los adelantos tecnológicos en cuanto a generación de energía limpia, que elimina empresas por cuestiones ideológicas, que rompe acuerdos y desplaza inversiones privadas para que no compitan con las empresas paraestatales, es un riesgo del que hay que precaverse.
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