Una de las propuestas y exhortos que se les deben plantear a los directivos, tanto empresariales como en los distintos niveles de Gobierno, es el de la necesidad de determinar y administrar los riesgos que pueden existir para el logro de sus objetivos y de los resultados que se buscan. Es este un punto esencial para una buena gestión empresarial y gubernamental. Este punto se ha convertido actualmente en uno de la mayor importancia, pues la presencia y la aparición súbita de un cambio tecnológico, por ejemplo, puede dar al traste con planes y proyectos bien estructurados, en los que se ha invertido buena parte de los recursos; igualmente un imprevisto acto de corrupción o bien una inesperada protesta social que interrumpa la implementación de políticas públicas.
Una vez determinados los objetivos que se quieren obtener, se debe iniciar un proceso de identificación de los riesgos que pudieran bloquear o interrumpir el desarrollo, para estimar la probabilidad de que sucedan, las consecuencias de ello y la forma en que se pudieran enfrentar.
En México está evidente el riesgo de la inseguridad y violencia que provocan los carteles de la droga, pero no únicamente por los asesinatos, extorsiones y otros actos de violencia, sino de riesgos que pueden involucrar y envolver a empresas, instituciones y dependencias gubernamentales. Veamos algunas:
1. Está latente la intervención de la delincuencia organizada en los procesos electorales, ya sea imponiendo sus candidatos, amedrentando a los candidatos opositores o bien “acarreando” o bloqueando votantes. Si la delincuencia organizada llega “electoralmente” a los puestos de gobierno, hace cambiar radicalmente la situación de las empresas y del gobierno, su personal y sus proyectos.
2. En el mismo sentido se ha sufrido ya el problema de delincuentes y narcos infiltrados en las esferas gubernamentales, sea a través de sobornos o de amedrentamiento de funcionarios y autoridades; imagínese el lector, legisladores o jueces controlados por narcotraficantes y otros malhechores. En este y en el caso anterior, estaríamos cerca de un narcoestado.
3. Lo que sí es un hecho es que la delincuencia organizada ya controla zonas del territorio nacional en donde ellos determinan quién entra y quién sale, como tácitamente lo reconoció el Presidente cuando declaró con satisfacción que “en los retenes respetan a los servidores de la nación”; aunque en ocasiones se presenta el Ejército para “rescatar” el territorio, una vez que trasladan a los soldados a otros lugares, regresan los grupos de bandidos a ocupar “su territorio”. ¿Qué sucede con las dependencias de Gobierno, sean alcaldías, comisarías o policías? Pues que realmente no tienen autoridad y no existe, por lo tanto, el estado de derecho en los lugares ocupados por los delincuentes; las empresas pasan a poder de esos delincuentes o bien tienen que pagarles para poder trabajar. El mayor riesgo es que la delincuencia organizada vaya ampliando las zonas de poder hasta crear su propio “estado” dentro del territorio nacional.
4. Otro riesgo que se puede presentar y que en varias ocasiones ya se ha presentado, es que los cárteles provoquen problemas internacionales que pueden perjudicar las relaciones con otros países; las fricciones que ha habido últimamente entre México y Estados Unidos, han tenido su origen en el tráfico desmedido y sin control de las drogas, así como por el problema de los migrantes, en el que también están metidos los grupos de narcotraficantes, quienes transportan y utilizan a los migrantes como vía para traficar droga a los Estados Unidos y a migrantes mexicanos para traer armas y dinero. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá tiene este riesgo y con ello lo tienen también las empresas exportadoras y el propio Gobierno, para el logro de su objetivo de un buen desarrollo económico y un mejor producto interno bruto.
Las autoridades norteamericanas tienen la impresión de que la “política de abrazos no balazos” no está funcionando o no es la correcta para controlar al crimen en México, pues pareciera que “se protege” a los cárteles y sus jefes al no perseguirlos con decisión y el Gobierno hasta ha rechazado la colaboración y la información de la DEA y del Departamento de Estado.
Para el País y para las empresas, el riesgo de un perjuicio al Tratado de Libre Comercio sería fatal, por lo que habría que prever actuaciones y soluciones para atacar las causas y no sólo las consecuencias después de que todo pasó.
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