"Los riesgos sociales de la miopía moral"

Esta semana el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Colegio de Ingenieros Civiles de México ofrecieron sus dictámenes respecto a la viabilidad de continuar con la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Considero que los resultados son muy oportunos, básicamente, por tres razones:

 

1. El tiempo sigue corriendo al mismo ritmo que crece la necesidad de contar con un aeropuerto funcional y eficiente en el corto y mediano plazo. A decir del boletín de prensa del IMCO, en 2017 el aeropuerto movió a 44 millones de pasajeros cuando su capacidad instalada es para 32 millones; desde ahí se transportaron 634 mil millones de toneladas de carga, se realizaron 445 mil operaciones (en 2017 rebasó en mil 801 ocasiones su capacidad operativa) y, debido a la obsolescencia de su infraestructura, según el Foro Económico Mundial, nuestro aeropuerto ocupa el puesto número 67 de 137 a nivel internacional.

 

2. La incertidumbre técnica y económica en torno a la viabilidad de la construcción sigue en aumento, porque, como refiere el IMCO al recalcularse la demanda esperada de pasajeros (de 42 a 55 millones en 2021) y ajustarse al tipo de cambio (¡en 2014 se pensaba que el dólar se mantendría en 12.7 pesos!), el presupuesto inicial de 13 mil 300 millones de dólares se incrementó en un 70 por ciento. La inversión requerida ronda los 285 mil millones de pesos. En lo que se refiere a la cuestión técnica, si bien es cierto, como dice el Colegio de Ingenieros Civiles de México, se debe considerar la necesidad de hacer inversiones constantes para mantener en óptimas condiciones el suelo fangoso de Texcoco, y evitar los hundimientos, por el momento, lo que se ha construido lleva buen rumbo, por ello, “La opción del proyecto de dos aeropuertos es poco atractiva y de muy alto riesgo para el País en cuanto al costo, tiempo y desempeño. En consecuencia, la energía y tiempo de los mexicanos estarían mejor aprovechados en asegurar que el proyecto de Texcoco sea operativo en el menor tiempo y al menor costo posible”.

 

3. Urgía contar con una voz experta que generara una base de confianza para acelerar la construcción, ya que informa el IMCO, cancelar la construcción representaría perder el 42 por ciento total de la inversión sin haber edificado el aeropuerto. Por otro lado, el análisis de buenas prácticas realizado por el IMCO deja en claro que el 95 por ciento de los contratos fueron iguales o menores al presupuesto original y que sólo el 10 por ciento del total de la inversión se realizó con dinero público. Al momento se cuenta con el 70 por ciento de los recursos requeridos para la construcción, de ahí que los inversionistas que quieran asumir el porcentaje restante, podrían verse motivados a hacerlo debido a que, como dice el IMCO, “la construcción del aeropuerto es un esfuerzo ejemplar en la transparencia de la obra. Es la primera dependencia pública en aplicar el estándar de datos abiertos en un megaproyecto de infraestructura”.

 

Más allá de la oportunidad de los dictámenes, también es digno de celebrar el hecho de que la sociedad civil organizada dé ejemplo de cómo la participación ciudadana resulta clave en la cimentación de una sociedad más íntegra y justa. El IMCO y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, hicieron un aporte desde el terreno de las “éticas aplicadas”, ofreciéndonos, desde sus respectivas áreas de especialidad, una opinión experta sobre algunos límites que no pueden ser traspasados en la construcción del nuevo aeropuerto, que van mucho más allá de lo jurídico.

 

Con todo, el análisis se quedó corto porque este se centró en la viabilidad económica y técnica, dejando por fuera algunas aristas éticas que resultan fundamentales si queremos tener la certeza de que la decisión de la construcción es socialmente responsable en mayúsculas. Me explico.

 

Después del largo y complejo análisis realizado, la conclusión del dictamen del IMCO fue: “La construcción del NAIM [el aeropuerto] debe continuar. Es la mejor alternativa para atender la creciente demanda de transporte aéreo y abre oportunidades de crecimiento económico y desarrollo regional al permitir el mayor flujo de turistas nacionales e internacionales, inversionistas e intercambio de bienes y servicios entre las diferentes entidades del país”. La del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en voz de su presidente José Albarrán, fue: “el reto es superar el tema de los hundimientos y del mantenimiento constante”. Ambos dictámenes se centran solo en dos tipos de responsabilidad empresarial: la económica y técnica, pero dejan de lado otras cuestiones que humanamente son mucho más importantes.

 

Si nos apegamos a algunos de los aspectos que considera una metodología para tomar decisiones socialmente responsables, el aval de ambas instancias deja por fuera algunas cuestiones, las cuales se explicitan en las siguientes dimensiones:

 

Legal: ¿Los 157 contratos asignados por vía directa, cumplen con todos los requerimientos legales? ¿Las razones de la asignación directa están previstas en la ley? ¿Dichos contratos pueden ser presentados a la luz pública? ¿La construcción cumple con todos los estándares internacionales que se prevén en este sector? 

 

Económica: En caso de que se causara algún daño material a cualquiera de los grupos de interés (habitantes de los alrededores del aeropuerto, propietarios y empleados de las tiendas de conveniencia, inversionistas, etc.), ¿la compensación sería reconocida como justa? ¿La forma en que se resarcirá el daño económico es consecuente con la buena reputación que debe acompañar una obra de este tipo?

 

Moral: ¿El aeropuerto, una vez que esté construido, reflejará algunos de los ideales y valores que compartimos como sociedad? ¿La construcción no compromete la autonomía, dignidad o derechos de los diferentes grupos de interés? ¿Todos los procesos y gastos en los que se incurran se realizarán en caja de cristal?

 

Social: ¿El aeropuerto tendrá el respaldo y legitimidad de la sociedad? ¿No excluye de manera intencionada a ningún grupo de interés? ¿Una vez que esté en operación, el aeropuerto mejorará las condiciones de vida de los distintos grupos de interés? ¿La edificación final sería aceptada en cualquier país de los denominados del “primer mundo”?

 

Medioambiental: ¿Es ecológicamente sostenible? ¿No compromete el bienestar de las generaciones venideras?

 

Dar respuesta a estas preguntas, resulta tan urgente y necesario como esas otras que tenían que ver con la cuestión técnica y económica; obviarlas o dejarlas para otro momento, aumentará las posibilidades de que los cimientos del nuevo aeropuerto se realicen sobre la dignidad y derechos de muchas personas, y demás seres vivos, que se han visto impactados desde que arrancó la construcción de la obra.

 

Si cree que exagero, dése tiempo para echar un vistazo al impacto ecológico, el número de desplazados, las veces que ha subido el valor de los terrenos expropiados y el costo social que traerá consigo armar una red de transporte robusto para aquellos que pondrán en marcha y serán usuarios del aeropuerto. 

 

Cuando realice dicho ejercicio llegará a una conclusión ineludible: pensar en términos éticos, además de digno, también resulta rentable.

 

@pabloayalae