Lucha anticorrupción: clausura aciaga. Villarreal, el último de los perdonados
Con la recomendación final de aplicarle una reconfiguración total al Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, el caso Armando Villarreal Ibarra cierra las fallidas carpetas de investigación llevadas a los juzgados por supuestos actos de afectación a las finanzas públicas cometidos por ex colaboradores del sexenio de Mario López Valdez, a los cuales al tomar posesión como Gobernador de Sinaloa Quirino Ordaz Coppel ofreció combatir con todo el peso de la ley, trátese de quien se trate.
En los sinaloenses queda una mala percepción respecto a la voluntad para castigar ilícitos como cohechos, peculados y desviación de recursos públicos porque en cuatro años y seis meses no han visto a ex funcionarios en la cárcel y sí presencian la plasticidad del marco jurídico e instituciones para llegar a arreglos que no sancionan a los posibles desfalcadores ni logran reparar el daño causado al erario. La idea que se robustece en el imaginario social remarca el funcionamiento de un aparato de impunidad para legitimar la corrupción organizada.
Haciendo memoria, en julio de 2017 después de hacerle los arqueos necesarios al Gobierno anterior, el equipo quirinista estimó en 2 mil millones de pesos el recurso público ejercido sin comprobar de 2011 a 2016, el período malovista que a la fecha no acaba de transparentar sus cuentas. María Guadalupe Yan Rubio, Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, dio a conocer entonces transgresiones graves a las leyes de Adquisiciones, Obras Públicas, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la de Contabilidad Gubernamental.
Se pensó que transcurrido el primer semestre del gobierno de Quirino Ordaz vendría la madre de todas las batallas contra la corrupción debido a que en el discurso de toma de posesión el recién llegado Gobernador destacó, el 31 de diciembre de 2016, que “una gran exigencia ciudadana a los gobiernos hoy en día, y con toda la razón, es que exista una absoluta transparencia y un decidido combate a la corrupción”.
En tono enérgico dio a conocer que presentaría la iniciativa de reforma constitucional en materia de control y fiscalización de los recursos públicos para implantar el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción, así como la creación del Tribunal de Justicia Administrativa, la expedición de una nueva Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y reformas al Código Penal para convertir el peculado, el cohecho y el abuso de autoridad en delitos graves, “para que todo aquel funcionario que haga mal uso de los recursos públicos no pueda salir con libertad bajo fianza y se quede en la cárcel”.
A quienes lo acompañarían en el Gabinete les advirtió que “la honestidad será nuestra bandera. El dinero público es de los ciudadanos. Estamos obligados a cuidarlo, a usarlo con transparencia y a evitar cualquier mal manejo del mismo. Por eso quiero decirles a los funcionarios: cumplir con la ley no es opcional. Si alguien tiene el objetivo de enriquecerse trabajando en mi gobierno, que renuncie de una vez”.
A cuatro meses de entregar el cargo, el juicio contra quien en el gobierno de Malova ocupó el puesto de Secretario de Administración y Finanzas parece ser el corolario de la historia donde la corrupción volvió a salirse con la suya, como ha sido siempre, al ablandarse los mecanismos de auditoría, fiscalías y juzgados para que la apropiación o uso indebido de recursos públicos acabe en acusaciones, sentencias y pactos pírricos que defraudan la confianza popular y premian a los estafadores.
A Armando Villarreal le tocó cerrar la puerta de ministerios públicos y juzgados por donde pasaron todos aquellos que evitaron, contra toda expectativa de Estado de derecho, que López Valdez pisara los tribunales y de allí fuera enviado a la cárcel. El 24 de junio el ex Secretario de Finanzas probó la suave elasticidad de la justicia cuando la jueza de la causa aprobó el perdón otorgado por la Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa por el desvío de 263 millones de pesos.
Aquí parece terminar la secuencia de burlas a la ley gracias a que todo el sistema anticorrupción acabó congraciándose con los que ruidosamente fueron señalados de ser corruptos. Desde Ernesto Echeverría, el ex Secretario de Salud que también pagó una parte del monto reclamado, hasta aquellos que pasaron inadvertidos para la justicia como el ex Secretario de Obras Públicas, José Luis Sevilla Suárez Peredo, a quien se le derrumbó el tiburonario de Mazatlán 38 días después de que fue inaugurado, o el desmantelamiento del sistema de seguridad pública perpetrado por el ex titular del ramo, Genaro García Castro.
Nadie pudo o nadie quiso sentar el precedente de “el que la hace la paga”. Las voluntades e instituciones que debieron acuerparse para proteger el interés público se confabularon en beneficio de los apetitos de rapiña, resaltando el de por sí gigantesco epígrafe que confirma que en el combate a la corrupción “piérdase toda esperanza”. Suerte para la próxima.
Hay fiesta en la ratonera,
Porque ya se van los gatos,
Y con éstos, quien lo dijera,
Hicieron muy buenos tratos.
Tenaz en hacer valer la ley, la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, quien ha llevado con ejemplar mano firme los expedientes de corrupción de malovistas, recalcó extenuada que “ya no es posible que el Tribunal se oponga” cuando la defensa de Armando Villarreal y la Fiscalía General del Estado ya habían operado la extinción de las acusaciones que sustentaban el juicio. De cualquier forma ella ganó porque la opinión pública la aquilata y la quiere como ejemplo de impartición de justicia, así los resultados estén lejos de lo que la gente quisiera.
