El pasado 16 de septiembre, el Centro Histórico de la Ciudad de México fue escenario del último desfile cívico-militar encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Como en años anteriores, la revista militar destacó los avances en la capacitación, equipamiento y especialización de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional. Miles de soldados, vehículos blindados y aviones surcaron los cielos en una imponente demostración de fuerza y poderío.
Sin embargo, mientras los militares marchaban con precisión y orgullo, la violencia en el País convirtió el espectáculo en un evento amargo.
En México, la militarización de la seguridad pública ha sido una estrategia constante durante las últimas décadas, intensificándose bajo el mandato de López Obrador.
La Guardia Nacional, creada durante su gobierno, ha sido presentada como la solución a la violencia que afecta al País.
Sin embargo, la realidad en las calles cuenta una historia diferente: la violencia persiste, las policías locales están en vías de desaparición y la estrategia de seguridad no ha dado resultados concretos.
A pesar de incrementos presupuestales y los importantes avances en tecnología, equipamiento y destrezas tácticas, la falta de voluntad política para abordar el problema de fondo sigue siendo el principal obstáculo.
Durante las celebraciones del fin de semana, en Salvatierra, Guanajuato, una mujer policía y su hijo adolescente fueron brutalmente asesinados dentro de su hogar por un grupo armado. Este no fue un caso aislado; en total, durante las fiestas patrias, al menos cuatro policías fueron ejecutados en el Estado. En Oaxaca, dos elementos de la policía estatal también perdieron la vida, lo que llevó a las autoridades a cancelar las festividades.
La violencia alcanzó tal magnitud que varias localidades en todo el País tuvieron que suspender las celebraciones patrias; en total, 30 municipios optaron por no realizar eventos públicos debido a las condiciones de inseguridad.
En Sinaloa, durante toda la semana se reportaron tiroteos, bloqueos de carreteras y un creciente número de muertos y desaparecidos. Según la Fiscalía Estatal, del 9 al 16 de septiembre se registraron 18 personas asesinadas y 30 más desaparecidas.
A todo esto, el Comandante de la Tercera Región Militar, máxima autoridad del Ejército en Sinaloa, reconoció que el control de la violencia no depende de las fuerzas castrenses, sino de que los grupos criminales se dejen de confrontar.
Esta preocupante declaración pone en evidencia al Gobierno federal y admite que la seguridad está, de hecho, en manos del crimen organizado.
El desfile cívico-militar del 16 de septiembre, con su despliegue de tecnología y fuerza, ofreció una imagen de seguridad y poder que contrastó drásticamente con la inquietante realidad que se vive en el País.
El impresionante espectáculo de equipamiento y destrezas tácticas, en contraste con la incesante crisis de seguridad, revela una verdad incómoda: la verdadera capacidad de respuesta del Gobierno parece estar muy lejos de lo que se muestra en estos eventos. La reciente ola de asesinatos de policías, la suspensión de celebraciones en numerosas localidades, el enfrentamiento armado que está ocurriendo en Sinaloa y la desafortunada declaración del Comandante destacan que el verdadero poderío y control de la violencia y la seguridad ha sido, en gran medida, entregado a los grupos criminales.
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