Mas presupuesto a seguridad en Sinaloa
Crece inversión pero es insuficiente aún
Con lo aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2026 y las partidas extraordinarias aportadas por el Gobierno federal para Sinaloa y Culiacán, no le irá tan mal al Gobernador Rubén Rocha Moya en lo concerniente a recursos públicos destinados a fortalecer la seguridad pública el próximo año, cuando se espera empezar a abatir el déficit de policías, modernizar el sistema penitenciario e implementar en las ciudades tecnología de punta en vigilancia y prevención y atención de hechos delictivos.
A la falta de vidente o médium que diga cómo viene el quinto año del sexenio de Rocha en lo que concierte a construcción de paz y con la prospectiva popular que desea el cese de hostilidades en las facciones del crimen organizado que chocan entre sí, para que ondeen banderas blancas que posibiliten el recuento y reparación de los daños, los hechos sí permiten anticipar que se acerca la reconfiguración de la seguridad pública estatal teniendo como punto de partida el parteaguas que significa la narcoguerra.
Más allá de los números, vale destacar la preocupación de la Presidenta Claudia Sheinbaum, insuficiente pero voluntad política en sí, al autorizar 308 millones de pesos para los fondos de Aportaciones a la Seguridad Pública y el de Fortalecimiento a las Instituciones de Seguridad Pública, con enfoque a robustecer la estrategia contra la extorsión, los centros de Justicia para la Mujer y de Control de Confianza, así como homologar con lo nacional las bases de datos en cuanto al registro de las carpetas de investigación de las fiscalías sobre personas desaparecidas y no localizadas y homicidios dolosos.
Ojalá que esta inversión en acciones de protección a los ciudadanos, que se agrega a los 2 mil 472 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado para Seguridad Pública y mil 203 millones de pesos para la Fiscalía, contribuya a recuperar la tranquilidad no sólo durante y después de la violencia exacerbada que deriva del conflicto entre organizaciones del narcotráfico que integran el Cártel de Sinaloa sino de largo plazo y con visión de la no repetición.
Deben añadirse los 450 millones de pesos asignados al Gobierno de Culiacán que preside Juan de Dios Gámez Mendívil, para la contratación de 400 nuevos policías municipales y concreción de un modelo tecnológico de seguridad con videovigilancia y botones de auxilio en la zona centro y planteles educativos, lo cual resalta la alta prioridad que tiene la capital de Sinaloa en la estrategia federal de pacificación.
Además las reasignaciones que realizó la 65 Legislatura con 3.7 millones para nivelar compensaciones a personal administrativo y de la salud del órgano especializado en ejecución de medidas para adolescentes, atender faltante de los centros penitenciarios, y 10 millones de pesos para homologación de pensiones de 28 viudas de policías activos, dos de policías pensionados y una pensión por orfandad. Y lo que le cuesta al Gobierno estatal el soporte del personal del Ejército, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal destacamentado en el estado.
Esto significa que a la seguridad pública en Sinaloa, incluyendo el presupuesto a la Fiscalía, se le estarían invirtiendo alrededor de 4 mil 500 millones de pesos, un promedio de mil 300 pesos per cápita, pero distante todavía de los niveles que registran estados como Sonora y Chihuahua que marcan la pauta en políticas públicas que cuidan a la población, sus actividades económicas y espacios comunes.
No obstante, a Sinaloa le va bien pero le debe ir mejor. En relación con Sonora, nuestro más cercan referente, el presupuesto estatal en seguridad pública ronda los 9 mil millones de pesos más los apoyos adicionales del FASP, de 345 millones 242 mil 83 pesos, y de 27 millones 896 mil 205 pesos de FOFISP, que sí establecen una brecha de rezago en relación con la entidad de los once ríos.
Independientemente de los avances, no acaba la gestión del gobierno de Rocha ni la exigencia de la sociedad civil para que el presupuesto para la seguridad pública sea acorde a la crisis de violencia que enfrenta Sinaloa. Tenemos que alcanzar niveles como el de Chihuahua, otra comparación pertinente, que el próximo año destinará 14 mil 177 millones de pesos, más 367 millones 83 mil 243 pesos del FASP y 34 millones 495 mil 849 pesos del FOFISP.
Sí se puede, por supuesto, no por simple ocurrencia y sí porque a Sinaloa le urge apostarle más a la seguridad para la estabilidad.
Más allá del tema del dinero,
aquí Sinaloa se aferra,
a que en el próximo enero,
estemos en fase de posguerra.
Otro logro en materia de seguridad pública tiene que ver con la aprobación ayer en el Congreso del dictamen que crea la Unidad de Investigación Cibernética en el Estado, en el contexto de delitos cometidos a través del Internet y dispositivos electrónicos. Se le otorgan atribuciones a la Fiscalía General del Estado para que le dé forma a la corporación especializada que incremente la seguridad del ciberespacio para proteger la integridad física, moral y patrimonial de los sinaloenses. Sin duda es un paso adelante en la premisa de hacer valer el Estado de derecho en todos sus términos.
