Más presupuesto a Seguridad Pública
El llamado de Alberto Coppel y CESP
Por tratarse de una preocupación generalizada cuya atención tendría que ser prioridad para los poderes Ejecutivo y Legislativo de Sinaloa, el planteamiento que realizan el empresario Alberto Coppel Luken y el Consejo Estatal de Seguridad Pública a través de su titular Miguel Calderón Quevedo, en el sentido de que aumente en 2026 el presupuesto para combatir la violencia y proteger a la sociedad pacífica, adquiere la exacta puntualidad y pertinencia cuando el miedo y la sensación de desamparo se enquistan en el tejido social.
Tal vez ni fuera necesario empujar desde el ámbito cívico la propuesta que el Gobernador Rubén Rocha Moya y las diputadas y diputados del Congreso del Estado ya deberían tener marcada con letras en rojo dentro de la agenda de cierre de año, como señal de responsabilidad gubernativa y apego al sentimiento ciudadano herido por el fuego criminal ininterrumpido durante 14 meses.
Hay suficiente realidad en sustento de esta gestión mesurada que guarda el dedo acusador y muestra la sensatez de la colaboración, sin embargo, qué mayor soporte que las víctimas del prolongado choque al interior del cártel local del narcotráfico cuyo saldo de muertes, desapariciones y daños patrimoniales asfixia las esperanzas y ánimos al ver que al medir fuerzas gobierno y delincuencia resulta la idea de que el hampa va adelante.
Si el conflicto intracártel llamado narcoguerra es por sí mismo un grito de auxilio en cuanto a crecer la capacidad de reacción frente a la delincuencia, no se diga el rezago de fuerza pública que recalca la emergencia de salir del atraso de 0.33 policías por cada mil sinaloenses, cuando el Consejo Nacional de Seguridad Pública establece que el estándar mínimo de agentes operativos en activo debe ser de 1.8 elementos por cada mil habitantes.
En este contexto, Alberto Coppel no surge de la nada con el planteamiento de mayor presupuesto para seguridad y justicia, de ser posible el doble del que se ejerce ahora, porque participa desde el Grupo GC1 que él dirige en diferentes flancos del esfuerzo ciudadano que coadyuve a salir de la incivilidad en que estamos. Con estrategias como Construyendo Paz y Tus Buenas Noticias le mete dinero propio a inducir en la población la actitud de que sí es posible recuperar a Sinaloa para vivirlo siempre y cuando cada uno en su ámbito aportemos lo que corresponde.
Tampoco carece de argumentos al tratar de aglutinar a la mayor sociedad posible en la jornada de pacificación, específicamente hoy para que el Gobernador y la 65 Legislatura estatal den la más valiosa señal de que están en sintonía con el anhelo popular de tranquilidad y legalidad. Que alce la mano el sinaloense cuya premisa central no sea la de seguridad y estabilidad.
En aportación a conocer esa autenticidad que agobia a todos, el CESP demuestra en un documento analítico que los recursos públicos para seguridad pública registran altibajos colocándose casi en la misma cantidad los 3 mil 110 millones de pesos ejercidos en 2018, que los 3 mil 472 millones de pesos aplicados en 2025. Tomando en cuenta que en siete años no creció la inversión al menos al ritmo de la inflación, el déficit acumulado es de 4 mil 877 millones de pesos. Tal rezago se traduce, por ejemplo, en que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa destine sólo 283 pesos por habitante, notándose el desfase frente a estados como Chihuahua que gastan mil 386 pesos per cápita.
Es el mismo caso de la Fiscalía General que en el caso de Sinaloa, con 3.03 millones de habitantes, recibió mil 72 millones de pesos para operar en 2024; en contraste con la de Chihuahua a la cual se le autorizaron 3 mil 233 millones de pesos, con 3.74 millones de habitantes y la de Sonora recibió 2 mil 62 millones de pesos, con 2.94 millones de habitantes. Resultado: en la FGE local a cada uno de los 452 agentes del Ministerio Público le corresponde atender 76 carpetas de investigación en promedio.
El estado de cosas exhorta a trabajar todos en el mismo sentido. Sociedad civil, sectores productivos, medios de comunicación, víctimas directas de la violencia, organizaciones y activistas, y Gobierno y Congreso también, somos emplazados a ir a contrarreloj a la batalla que nos corresponde librar para que la paz deje de ser un concepto que veamos inmaterial y podamos hacerla palpable y restaurativa. Hacernos visibles en las estructuras del poder legítimo y fáctico, donde todo indica que nadie nos ve.
Si vamos tomados de las manos,
Les haremos ver la realidad,
Hasta que logremos, ciudadanos,
Mayor inversión en Seguridad.
En el Congreso de la Unión, excepto las protestas de la Senadora Erika Sánchez y el Diputado Mario Zamora porque ambos priistas fueron ignorados en la exigencia de mayor presupuesto federal para atender la crisis de la seguridad pública en Sinaloa, a la Cámara le pasó de noche la situación complicada que enfrenta el estado de los once ríos a consecuencia de la narcoguerra. En el madruguete legislativo que le aprobó a la Presidenta Claudia Sheinbaum el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 la aplanadora del Movimiento Regeneración Nacional y aliados pasó por encima de una sociedad de por sí pisoteada aquí por la bota criminal. Nuestros representantes populares cuatroteístas nos la volvieron a hacer con los recortes en procuración e impartición de justicia.
