Mazatlán para todos

Ninguna ciudad que aspire a prosperar puede prescindir de la inversión privada. Es una fuente indispensable de empleo, actividad económica y oportunidades. Pero en una democracia constitucional, la autoridad no está para aplaudir pasivamente cada inversión, sino para establecer reglas claras y procurar que el crecimiento privado también se traduzca en bienestar público.

La última década representó para Mazatlán una etapa de crecimiento extraordinario. La confianza de los inversionistas en la ciudad se ha traducido en nuevos hoteles, desarrollos urbanos y proyectos dirigidos a distintos sectores de la economía. El puerto ha confirmado su vocación natural para consolidarse como uno de los destinos más atractivos de México, por la hospitalidad de su gente, la calidad de sus playas y la riqueza de su gastronomía. De manera especial, la forma peculiar en que los mazatlecos cocinamos y preparamos nuestros mariscos se ha convertido en una referencia admirada incluso por visitantes y habitantes de otros puertos.

Pero hay un dato que a veces se nos escapa entre tantas luces, anuncios y juegos pirotécnicos: la calidad de vida de quienes habitan Mazatlán.

Una autoridad seria y comprometida con el desarrollo debe poner especial atención en la infraestructura que verdaderamente transforma la vida cotidiana. La inversión pública debe ser sensible a las necesidades de los niños, adolescentes, estudiantes universitarios, trabajadores, padres y madres de familia, personas adultas mayores y personas en condición de vulnerabilidad. El objetivo no puede ser únicamente construir, sino asegurar una vida digna de ser vivida.

Cuando las cifras oficiales y los discursos se limitan a anunciar el número de hoteles, sus dimensiones, la cantidad de cuartos disponibles, el tamaño de los desarrollos inmobiliarios o el monto de la inversión privada, se corre el riesgo de dejar de lado la pregunta esencial: ¿en qué medida ese crecimiento está beneficiando realmente a la ciudad?

Es natural que un inversionista busque utilidades. Esa es la lógica legítima de la actividad privada. Pero corresponde a la autoridad cuidar el interés general, establecer reglas claras y procurar que el crecimiento económico se concilie con el bienestar social.

De manera similar, la inversión pública, que debe ejecutarse conforme a lineamientos, prioridades y normas, no puede perder de vista su finalidad principal: mejorar la calidad de vida. La inauguración de una calle, una avenida, un paso vehicular o un puente no es, por sí sola, sinónimo de bienestar social. El desarrollo sólo es legítimo cuando produce beneficios compartidos.

El riesgo de crecer sin una visión clara de bienestar colectivo es terminar construyendo una ciudad de dos velocidades: una moderna, conectada y próspera en ciertas zonas; y otra que enfrenta calles deterioradas, drenaje insuficiente, falta de sombra, parques abandonados, banquetas intransitables, transporte deficiente y servicios públicos que llegan tarde o simplemente no llegan.

Y esa desigualdad no se limita a la mancha urbana. Mazatlán no es solamente su malecón, su zona turística, sus nuevos desarrollos o su centro urbano. El municipio también está integrado por sindicaturas y comunidades rurales, pesqueras, agrícolas y serranas, con necesidades propias que no pueden ser tratadas como una periferia lejana a la que se atiende solamente durante una campaña, una emergencia o la inauguración de alguna obra.

Las sindicaturas y sus comunidades requieren caminos transitables, alumbrado, agua confiable, drenaje, recolección de basura, conectividad digital, transporte, seguridad, servicios de salud y oportunidades educativas y laborales. Quien vive fuera de la ciudad no debe tener menos derecho a servicios públicos de calidad ni depender de trasladarse decenas de kilómetros para realizar un trámite básico, recibir atención o encontrar oportunidades para sus hijos.

Cada nuevo hotel, fraccionamiento, edificio y proyecto de gran escala debe integrarse a una visión de ciudad y de municipio. No basta con autorizar construcciones: hay que exigir infraestructura suficiente, movilidad ordenada, espacios públicos, seguridad vial, accesibilidad, drenaje, agua y condiciones que no trasladen a la comunidad los costos de un crecimiento mal planeado.

El Municipio tiene una responsabilidad central: dejar de decidir las prioridades públicas por presión, ocurrencia o cercanía política. Debe contar con un mapa transparente de necesidades por colonia, sindicatura y comunidad; identificar dónde faltan servicios, dónde existen mayores riesgos, cuáles son las zonas con menor acceso a oportunidades y dónde una inversión pública puede cambiar realmente la vida cotidiana de las personas.

Una banqueta digna no es un lujo. Una calle iluminada no es un privilegio. Un parque seguro no es un adorno. El acceso al agua, al drenaje, al transporte y a los servicios públicos de calidad no puede depender del código postal, de la distancia al centro de la ciudad ni de la capacidad de una familia para hacerse escuchar.

Mazatlán debe aspirar a ser un municipio en el que un niño pueda caminar, trasladarse en bicicleta o utilizar un transporte público seguro y confiable para llegar a su escuela; en el que una persona adulta mayor pueda desplazarse sin obstáculos; en el que una madre pueda llevar una carriola por banquetas continuas, seguras y accesibles; en el que un joven encuentre espacios para estudiar, practicar deporte, trabajar y desarrollarse; y en el que las colonias y las comunidades rurales no tengan que esperar años para recibir servicios y condiciones de vida que en otras zonas se consideran normales.

Gobernar para todos y bien no significa repartir obras de manera uniforme. Significa corregir desigualdades, atender primero donde más falta hace y administrar el crecimiento con sentido de justicia.

El reto para Mazatlán no consiste solamente en definir cuánto queremos crecer, sino, sobre todo, para quién queremos crecer. La respuesta no debería admitir dudas: Mazatlán debe crecer para todos.

En la siguiente entrega abordaré uno de los temas más urgentes para responder esa pregunta: el agua, el drenaje y las inundaciones. Porque una ciudad y un municipio que no garantizan servicios básicos confiables no pueden hablar seriamente de bienestar, desarrollo ni futuro.

–

El autor es notario público y analista en temas jurídicos y económicos.