Mazatlán: seguridad pública ahora
Preguntas que matan la confianza
Sin presentar resultados en lo inmediato, la estrategia contra la violencia en Mazatlán plantea la pregunta de cuánto tiempo deberá transcurrir, que más fuerzas armadas tendrán que llegar y qué número de víctimas falta por acontecer antes de que las instituciones de seguridad pública logren la tan indispensable pacificación y que el discurso de los gobiernos federal y estatal transmute de la promesa a los hechos. ¿Qué más Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Gobernadora Graciela Domínguez Nava?
Después de una semana de la presencia en Mazatlán del pleno del Gabinete de Seguridad Nacional y el espectacular despliegue de personal y equipo que fue anunciado el 9 de noviembre como la gran acometida del Estado mexicano contra las facciones del narcotráfico en guerra ¿qué más falta por hacer para que termine pronto el largo ciclo de crimen y terror redundado cada día en nuestra Perla del Pacífico? ¿Hasta dónde resistirá el Gobierno y qué tanta resiliencia social queda por mostrar a la gente de bien?
Con la militarización de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, ocupando el mando el coronel de la Guardia Nacional de Estado Mayor, Remigio Cruz Domínguez, ¿en qué plazo se verán resultados tangibles para la sociedad, la economía y la recuperación del espacio público como entorno seguro para las familias? ¿Con el desplazamiento de los civiles de la jefatura de la DSPyTM existe la expectativa de una mejor policía porteña?
También es de suponerse que la tranquilidad de los mazatlecos debería dar asomos de mejoría con la utilización de 200 vehículos, 90 camionetas tipo pick up, 40 motocicletas 30 camionetas blindadas Black Mamba, tres unidades dron Águila y 15 camionetas que el 9 de noviembre se agregaron a la seguridad pública. ¿Dónde está ese equipo y cuál es un primer balance desde su implementación? ¿Se dispone de esto ya o pasarán semanas para que se radique en Mazatlán?
También la llegada permanente a este centro turístico de elementos y fuerzas especiales del Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales tarda en reflejarse mediante la reducción de homicidios dolosos, privaciones ilegales de la libertad, desplazamiento forzado de familias, robo de vehículos y ataques a domicilios y negocios. ¿Cuántos efectivos militares y civiles más tendrán que sumarse para someter a la delincuencia organizada?
En Mazatlán la crisis de la seguridad pública evidencia que los patrullajes, retenes y vigilancia intensiva resultan evadidos con facilidad ya que los hechos de violencia de alto impacto suceden en cuadrantes urbanos con excesiva presencia de las fuerzas armadas, lo que propicia la duda de por qué los sicarios del narco transitan libremente con sus arsenales de guerra al perpetrar sus crímenes. Los delincuentes penetran en zonas estratégicas como la Zona Dorada y Palacio Municipal sin ser detectados ni aprehendidos.
En el contexto de narcoguerra Mazatlán es un enorme signo de interrogación, tan grande como el venado monumental de la glorieta en el cruce de las avenidas Carlos Canseco y Atlántico, pregunta que de igual manera dimensiona el plazo que se le agota a la esperanza e instala la frustración y desesperación por la narcoguerra de nunca acabar. La colosal cuestión a resolver es cuándo terminará la narcoguerra.
Por más espectaculares que sean los contingentes y equipamientos para la seguridad pública, en similar proporción es la noción social respecto al límite de la capacidad y esfuerzo federales para reponerle la legalidad y civilidad a Mazatlán. La narrativa de nota roja derriba también con plomo y fuego los ofrecimientos y cálculos optimistas que hacen funcionarios en la insistencia de que cada vez mejora la protección a los ciudadanos y los bienes y actividades de éstos.
¿Qué sigue por hacer de parte de las instituciones del país y del estado para concretar la tan ofrecida paz de Mazatlán? ¿Cómo le hará la población pacífica para reactivar sus quehaceres legítimos sin perder la vida en el intento? ¿Cómo volver al edén sinaloense del Pacífico con la certeza de que la hospitalidad y recreación no acabará siendo tragedia? ¿Para cuándo al menos la tregua en el choque entre los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada y los de Joaquín “El Chapo” Guzmán?
Son tantas las preguntas que rondan en Mazatlán y asimismo demasiadas las posibilidades de que nadie las responda.
¿Por qué no escuchan los gritos,
por la violencia que arredra,
a Mazatlán desde Cerritos,
hasta la Isla de la Piedra?
Y aquí es donde salta otra duda: qué sentido tiene destinar más de 4 mil elementos de las fuerzas armadas y corporaciones de policía para blindar contra el crimen al pequeño predio en que se efectuará la Feria Ganadera de Culiacán, si ese despliegue de seguridad es indispensable en la misión pendiente de pacificar a Mazatlán. Sin ningún problema, los culiacanenses aceptaríamos que la expo pecuaria espere a mejores tiempos, no pasa nada, y la prioridad sea recuperar al hermoso destino turístico que es Mazatlán. Métanle un sencillo ejercicio de costo-beneficio que al margen del factor económico la ecuación pondere la protección a la población y sectores pacíficos.