Menos homicidios, pero el problema continúa

En junio de 2026, el Gobierno federal anunció que los homicidios dolosos habían caído 48 % desde septiembre de 2024, y presentó esa caída como prueba de que la Estrategia Nacional de Seguridad funciona. El informe “De la violencia a la pacificación”, de México Evalúa, somete esa afirmación a la prueba más elemental: ¿qué dicen los datos cuando se miran completos, y no solo en su versión más favorable?

Esta columna resume lo que el informe encuentra en dos frentes que conviene leer juntos: qué está pasando realmente con la violencia en México, y qué política pública propone el estudio para dejar de administrar la seguridad a ciegas. La relevancia no es menor: de cómo medimos la violencia depende qué problemas reconocemos, qué respuestas priorizamos y qué resultados nos permitimos celebrar.

El primer hallazgo no contradice la narrativa oficial, pero sí la cuestiona: Sí, los homicidios dolosos bajaron, pero esa caída conviene leerse sobre su propia base. Entre 2015 y 2024 la violencia letal en México creció de forma casi ininterrumpida, con un acumulado de 73 %. La reducción reciente apenas recupera una fracción de ese terreno: el nivel de 2026 sigue siendo 26.1 % superior al de 2015. Reducirse desde un máximo histórico no es lo mismo que pacificarse.

El segundo hallazgo desmonta la lectura de “buenas noticias para todos”: El promedio nacional esconde crisis locales severas. Once estados superan hoy la tasa nacional de homicidio doloso, y en Colima esa cifra es 6.3 veces mayor que el promedio del país. De hecho, en el último año la violencia aumentó en 11 entidades, con Colima y Morelos deteriorándose sobre bases ya altísimas. Un país no se pacifica si una tercera parte de su territorio sigue en llamas.

El tercer hallazgo es, quizás, el más revelador metodológicamente: el homicidio doloso no cuenta la historia completa. El informe muestra que mientras este delito específico retrocedía, otras expresiones de violencia letal —otros delitos contra la vida, personas desaparecidas y feminicidios— crecieron 197 %, 127 % y 53 %, respectivamente, entre 2015 y 2026. En la mitad de las entidades donde el homicidio doloso bajó desde 2015, la violencia letal total, sumando todas sus formas, en realidad empeoró.

El cuarto hallazgo pone a prueba, con rigor estadístico, la explicación causal que el gobierno ofrece de su propio éxito. México Evalúa reconstruyó, con más de 1,800 comunicados oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los resultados operativos del debilitamiento al crimen organizado —detenciones, armas, vehículos, drogas, laboratorios y combustible— y los cruzó con la evolución posterior de los homicidios por entidad. Lo que se encuentra es que el gobierno interviene donde ya hay más violencia, no al revés, y ninguna de las seis acciones muestra una asociación negativa, robusta y sostenida con la reducción posterior del homicidio. Esto no prueba que los operativos sean inútiles; prueba que, con la evidencia pública disponible, no puede atribuírseles la caída que el Gobierno se adjudica.

Frente a este diagnóstico, el informe propone una ruta de política pública en dos frentes conectados directamente con los hallazgos. El primero busca transformar cómo entendemos la seguridad. Se debe redefinir el objetivo de la política pública desde el derecho a la seguridad humana y no solo desde la reducción de un delito puntual. La violencia letal tiene que medirse como el fenómeno multidimensional que es, integrando homicidio doloso, culposo, feminicidios, otros delitos contra la vida y desapariciones. También es necesario sustituir indicadores de gestión —cuántos operativos, cuántas detenciones— por indicadores de resultados e impacto real. Por último, se requiere que toda afirmación de éxito gubernamental trascienda el discurso y se acompañe de líneas base y criterios de evaluación públicos.

El segundo frente es más técnico, pero no menos político: construir un sistema nacional de información que haga posible, por fin, evaluar la política de seguridad con datos y no con comunicados de prensa. El informe documenta con detalle los problemas que hoy lo impiden: las categorías son inconsistentes, hay unidades de medida mezcladas, ausencia de desagregación territorial y temporal, y formatos heterogéneos entre dependencias. Contra ello, se proponen dos soluciones concretas y con fundamento legal ya existente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública: crear una Base Nacional de Resultados de Operativos, y homologar los comunicados oficiales bajo un protocolo único.

La relación entre hallazgos y recomendaciones no es casualidad. No se puede corregir lo que no se puede medir, y hoy México no puede medir bien su propia violencia ni la eficacia de su propia estrategia para combatirla. Cada hallazgo señala exactamente la grieta que cada recomendación busca cerrar. Que el homicidio doloso oculte otras violencias exige un indicador multidimensional. Que el promedio nacional oculte crisis locales exige desagregación territorial obligatoria. Que no pueda probarse la relación causal entre operativos y reducción de homicidios exige una base de datos pública, auditable y construida con rigor.

Bajar una cifra sin que nadie —ni siquiera el propio gobierno— sepa con certeza por qué bajó, no resuelve el problema que esa cifra dice representar. Ese no es un matiz técnico, es el corazón del asunto. Mientras sigamos evaluando la paz con el mismo indicador con el que el gobierno decide declarar la victoria, seguiremos confundiendo la disminución de un indicador con la pacificación del país. México puede estar reduciendo el homicidio. Lo que todavía no puede es demostrar, con evidencia, cómo lo está haciendo.♦

*Armando Vargas (@BaVargash) es coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua) y Yair Mendoza (@yair_mendozacg) es investigador del mismo organismo.