Menos homicidios y más desaparecidos: la 'paz' que no queremos

Imagine usted que es mamá o papá. Si lo es, me entiende mejor. Y que un día, sin que usted se lo espere, esa hija o hijo que adora, desaparece. Así, de golpe como suceden estas cosas.

Al principio piensa que tal vez exagera y que su hija o hija se encuentra bien en algún lugar y que omitió avisarle, pero conforme pasa el tiempo queda más claro que no puede encontrarlo(a). Los rumores y las versiones sobre qué pasó y la última vez que la o lo vieron se acumulan a su alrededor, pero al final solo tiene una certeza: su hija o hijo no está.

Entonces, con todo el miedo del mundo, decide acudir a las autoridades, no tiene idea cómo ni con quién, pero va y pone una denuncia, en el 911, en la Fiscalía, en la “policía”. El trámite es lento, el interrogatorio engorroso y sospechosista (¿en qué andaba metido su hijo?), pero al final logra sobreponerse a la burocracia y consigue ponerla. Ya dio el primer paso, tiene un número de folio que implica que se abrirá una investigación.

Entonces, como ciudadano, ya hizo lo que le tocaba: acudir al estado para que encuentre a su hijo. Ese estado al que usted le paga impuestos y del que espera, cómo mínimo, voluntad y justicia.

Pasa el tiempo y su hija o hijo no aparece, como en el 66 por ciento de los casos en Sinaloa. Usted no puede con la espera, la incertidumbre, el miedo, la impotencia. Le llegan llamadas que prometen “información” sobre el posible paradero del desaparecido pero luego se da cuenta que en realidad es una extorsión. De hecho ya ha caído algunas veces con la esperanza de que alguna versión le sea útil. Y el tiempo pasa. Y pasa.

Mientras los medios publican sobre su caso. Usted vuelve una y otra vez a esas autoridades aunque no lo reciban, al ministerio público que le asignaron aunque solo le dé excusas porque está saturado de trabajo, a algún contacto “más arriba” que le pasaron dentro de la Fiscalía para que le ayude; pero los días pasan, las investigaciones apenas caminan y no pasa nada. Se acumulan días, semanas, meses, años... su hijo sigue desaparecido y a usted solo le queda lidiar con esa desgracia ante la indolencia de las autoridades y la indiferencia de la sociedad que comenta en redes que su hijo o hija “andaba mal”. No hay de otra más que meterle tiempo y dinero que no tiene, para que la investigación “camine”; sin ninguna garantía de que haya resultados.

Esa es la realidad diaria de las víctimas colaterales (padres, madres y familiares) de -al menos- 5 mil 517 personas que permanecen como desaparecidas y no localizadas en Sinaloa, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPD). Digo “al menos”, porque según diversos colectivos de buscadoras, la cifra podría ser del doble dada la altísima cifra negra de estos delitos.

Pero lo más grave es que la impunidad es la regla de la gran mayoría de las denuncias de esas personas que conocemos simplemente como “los desaparecidos”. Tan solo de noviembre de 2021 a abril de 2022, mes en el que fue nombrada la actual Fiscal del Estado, Sara Bruna Quiñonez, la Fiscalía General de Sinaloa recibió 484 denuncias de personas desaparecidas, privadas de la libertad y no localizadas. Solo para que lo dimensione: son 2.67 denuncias diarias. De esas, el 66 por ciento permanece sin localizar.

De las denuncias por desaparición presentadas en ese período, la Fiscalía de Sinaloa ha judicializado solo 7 casos, apenas un 1.45 por ciento del total. La gran mayoría, el 96 por ciento, se mantiene “en trámite”. Es información de la misma Fiscalía, obtenida vía solicitud de información, por aquello de que alcaldes como “El Químico” Benítez dicen tener otros datos.

Pues bien, en Noroeste, como en muchos otros medios locales y nacionales hemos venido denunciando esa realidad atroz que vive el estado y el resto del país. Desde este medio el acento lo hemos puesto en un ángulo que nos parece sumamente preocupante: que desde que los homicidios empezaron a caer en 2018, la cantidad de desaparecidos empezó a subir y ahora los supera. De enero a abril de 2022 tenemos 2.79 denuncias de desaparecidos y 1.31 homicidios diarios en el estado. Es decir, los desaparecidos son más del doble que los asesinados en Sinaloa.

Incluso pusimos una gráfica permanente en el home de nuestro portal que se actualiza cada mes sobre ambos delitos.

Seguimos sin respuestas precisas de por qué sucede así, pero en la investigación “Sin cuerpo no hay delito” encontramos algunas pistas: desaparecer hace menos ruido mediático que matar, dificulta tanto la denuncia como la investigación y hasta “sale más barato”. Incluso le sirve a los gobiernos para “presumir” índices a la baja.

Es cierto que a abril de 2022 Sinaloa tiene la tasa más baja de homicidios de los últimos 14 años. Creo que buena parte de ese resultado tiene que ver con el trabajo colectivo de autoridades y sociedad civil que llevan años empujando en ese sentido. Hay que mantener el estudio, la coordinación, la cooperación y la exigencia periódica para seguir mejorando en ese indicador que es el que históricamente nos ha colocado como sinónimo de la violencia.

Pero no es cierto que seamos un lugar que camina hacia una paz duradera. Y no lo será mientras estemos sustituyendo muertos en la superficie por desaparecidos en fosas clandestinas. Mientras grupos armados instalen retenes como el de hace unos meses en Escuinapa, unas semanas en Badiraguato durante una gira presidencial o unos días en Guasave: tres “hechos aislados”. Mientras convoyes de criminales bloqueen puentes en el corazón urbano de Culiacán. Mientras la impunidad supere el 90 por ciento en homicidios y desapariciones. Mientras el Presidente López Obrador use a Sinaloa como ejemplo de un territorio “dominado por un cártel”; como si eso fuera deseable.

Ante esa realidad, periodistas y medios sabemos que los desaparecidos no son nota. Como la mayor parte de las víctimas no pertenecen a las élites, las investigaciones al respecto generan pocos clicks y, salvo casos emblemáticos, casi nunca logran activar alguna protesta colectiva. En general, sus casos se diluyen entre la indiferencia, la criminalización social y el cansancio de sus familiares que se hartan de remar con el sistema en contra. Las madres buscadoras son casos extraordinarios y admirables de resiliencia y resignificación, pero son los menos. Las cifras, por altas que sean, ya no dicen nada ni mueven a ninguna empatía.

Menos homicidios no significa necesariamente menos violencia. Precisamente por eso, aunque a los gobernantes no les guste que se señale “lo negativo”, los medios tenemos un compromiso por seguir poniendo atención, tiempo y recursos a los desaparecidos; una violencia tan dolorosa que, de no resolverse, no nos dejará vivir en paz.