México ante la ONU: ¿la política fiscal garantiza los derechos humanos?
Durante esta semana, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU examinará en dos sesiones públicas el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) por parte del Estado mexicano. Durante esta fase del proceso, se evaluará en qué medida las autoridades mexicanas han avanzado o retrocedido en el cumplimiento de derechos humanos como a la libre determinación, al trabajo, a la seguridad social, a la alimentación, a la vivienda adecuada, al agua, a la salud, al medio ambiente sano, a la educación, entre otros.
Esta evaluación coincide con la consolidación de estándares internacionales que reconocen la dimensión de derechos humanos en la política fiscal. Bajo este enfoque, la forma en que el Estado recauda y distribuye recursos también es un reflejo de su grado de cumplimiento con los derechos humanos.
En su histórica Declaración sobre Política Tributaria y Derechos Humanos (E/C.12/2025/1), el Comité DESC confirmó que los sistemas tributarios no pueden quedar al margen de las obligaciones internacionales. Por el contrario, los impuestos constituyen un instrumento fundamental con el que los Estados deben movilizar recursos para reducir las desigualdades y garantizar los pisos mínimos esenciales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Bajo el principio de igualdad y no discriminación, los sistemas tributarios deben evitar afectar a las personas de bajos ingresos mediante el establecimiento de impuestos al consumo de bienes básicos, y en su lugar fortalecer aquellos impuestos progresivos sobre la riqueza y los altos ingresos. Asimismo, bajo la obligación de cooperación internacional, los Estados deben trabajar coordinadamente para combatir la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y asegurar que las empresas multinacionales paguen impuestos en los países donde tienen operaciones (y no solo donde residen fiscalmente).
En México, a pesar de los esfuerzos por reducir la evasión fiscal, la recaudación tributaria sigue siendo una de las más bajas de la OCDE —solo el 17.7 por ciento del PIB en 2025— debido a las tasas impositivas preferenciales sobre el capital frente a los ingresos laborales, la débil tributación de la propiedad y la falta de gravamen a las corporaciones multinacionales digitales.
Dado que la riqueza y los ingresos siguen fuertemente concentrados en las grandes empresas y los hogares de altos ingresos, la ausencia de una tributación progresiva constituye un obstáculo clave para la movilización de recursos internos en favor de los derechos humanos. En México, el gasto público en salud representa menos del 3.0 por ciento del PIB, mientras que los recursos destinados al cambio climático apenas ascienden al 0.4 por ciento del PIB. Además, sectores claves para la garantía de derechos sociales, como cultura o cuidados, continúan sin recibir el financiamiento público necesario.
Para avanzar en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, México aún puede fortalecer su recaudación. En este contexto, resulta fundamental que todos los niveles del Estado impulsen una reforma fiscal progresiva y promuevan activamente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, a fin de reducir la elusión fiscal y garantizar que las corporaciones multinacionales paguen más impuestos en nuestro país.
Fundar y un conjunto amplio de organizaciones participamos en este proceso remitiendo diferente información al Comité DESC. Toda la documentación y los resultados finales del proceso pueden consultarse en el sitio web del Comité DESC.
El autor: Iván Benumea es coordinador del programa de Justicia Fiscal de Fundar México.
