México: ¿de cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?

El 29 de noviembre, personas de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil mexicana (OSC) participamos en Ginebra, Suiza, en las reuniones preliminares del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) que se realizará a México. En ese espacio hice referencia a los factores estructurales e históricos que caracterizan la crisis alarmante de derechos humanos que vivimos en el país y que lleva a éste hacia un abismo en derechos humanos.

En las sesiones, las personas de las OSC que representamos a la colectiva EPUmx –integrada por más de 300 organizaciones defensoras de derechos humanos de México– desgranamos, en nuestro turno de intervención, temas específicos, acuciantes y de atención urgente en el contexto mexicano, e incluimos recomendaciones puntuales para su debida atención. Fue una jornada larga, de intenso trabajo y muy necesaria dada la magnitud de la crisis de derechos humanos que afecta a México.

El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos creado en marzo de 2006 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene como finalidad “impulsar, apoyar y ampliar la promoción y protección de los derechos humanos en todos los países”.

El primer EPU se efectuó en 2008. Los Estados que integran la ONU se han sometido desde entonces a tres periodos de evaluación, en los que han presentado informes sobre las medidas que adoptan para mejorar la situación de los derechos humanos.

Personas representantes de las organizaciones que integran la colectiva EPUmx, en las instalaciones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza.

Personas representantes de las organizaciones que integran la colectiva EPUmx, en las instalaciones del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza. Foto: Colectiva EPUmx.

Como parte de la evaluación, los Estados reciben recomendaciones que se estructuran con los aportes de numerosos interesados, como las OSC, agencias y relatorías de la ONU, y los Estados miembros de ésta.

El cuarto ciclo de exámenes comenzó en noviembre de 2022, como parte del 41 periodo de sesiones del Grupo de Trabajo del EPU. Es en este marco que se dio la participación de la colectiva EPUmx, que presentó los informes en los que evalúa el cumplimiento de las recomendaciones formuladas a México en su EPU anterior, que data de 2018.

Es de destacar que dichas reuniones tuvieron como telón de fondo diversas actividades conmemorativas por el 75 Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No pudo haber mejor oportunidad para participar en las sesiones del EPU.

En total la colectiva EPUmx presentó un informe general y 18 informes temáticos que detallan los impactos específicos y diferenciados de las desigualdades estructurales en temas como: Derechos de las personas con discapacidad; Desplazamiento interno forzado; Empresas y derechos humanos; Implementación de decisiones internacionales sobre derechos humanos en México; Impunidad y sistema de justicia penal.

El panorama de temas es muy amplio, e incluyó también Niñez, adolescencia y juventud; Militarización en México; Personas defensoras y periodistas; Personas migrantes y solicitantes de protección internacional; Personas privadas de la libertad; Protesta social; Población LGBTTTIQ+; Pueblos afrodescendientes; Pueblos indígenas; Sierra Tarahumara; Sobre la situación de desaparición en México; Tortura y Violencia contra las mujeres.

Al participar en las precesiones del EPU advertí de la crisis alarmante de derechos humanos que vivimos en México y los factores estructurales e históricos que la caracterizan como la desigualdad, la corrupción y la impunidad, y que es profundizada además por la violencia que azota al país y el cierre del espacio cívico.

Además de esta intervención, en la Ciudad de México presentamos -el jueves 14 de diciembre- el informe México: ¿de cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos? Un documento de 19 páginas en el que evaluamos el cumplimento de las recomendaciones que le fueron formuladas a México en el EPU de 2018.

Las recomendaciones que analizamos, incluidas en el Anexo 2 del informe, tienen que ver con adopción de normas internacionales; marco constitucional y legislativo; marco nacional de derechos humanos; impunidad; desapariciones forzadas; libertad de opinión y expresión; administración de justicia y juicio justo; discriminación contra las mujeres y violencia contra las mujeres.

En el Anexo detallamos que, de las 25 recomendaciones incluidas cinco fueron implementadas, 9 están parcialmente implementadas y 11 no han sido implementadas. En el capítulo que aborda la situación de los derechos humanos sobre el terreno, advertimos que desde el último EPU de 2018 los casos de violencia de género contra mujeres y niñas siguen en aumento.

Referimos –con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)– que entre 2018 y mayo de 2023 fueron asesinadas al menos 20 mil 292 mujeres. Es decir, casi 11 mujeres son asesinadas cada día en México. De esos asesinatos, solo 5 mil 065 fueron investigados por las fiscalías como presuntos feminicidios.

Aquí hago una breve acotación sobre los casos que se investigan. En mi intervención en el Consejo de Derechos Humanos, advertí que del total de delitos que se cometen en el país sólo en el 10.9 por ciento se presenta denuncia, y que de éstos únicamente en el 7.6 por ciento se inicia una carpeta de investigación y que de ellos solo el 1 por ciento se resuelven. Bajo estas circunstancias el índice de impunidad es sumamente alto.

Esto es motivo de alarma cuando en el país se tienen elevadas cifras de homicidios dolosos, de violencia contra las mujeres, desapariciones, asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como de personas defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. En mi alocución en el Consejo de Seguridad señalé que esta gravísima situación se debe a la falta de capacidades y al mal funcionamiento de las instituciones, en especial de las encargadas de la procuración e impartición de justicia.

Regresando a nuestro informe que presentamos en la Ciudad de México, en él llamamos la atención sobre el proceso de militarización de la seguridad pública, desde que en 2019 se creó mediante una enmienda constitucional la Guardia Nacional (GN). Este organismo militarizado permanecerá en las calles hasta el año 2028 y a la fecha no existe una estrategia de reforma policial.

Precisamos que la GN es una de las diez instituciones con la cifra más alta de denuncias por violaciones a derechos humanos. Desde su creación en 2019 a septiembre de 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió mil 200 denuncias contra esa institución por detenciones arbitrarias, tortura y otros malos tratos, desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos.

La participación de las fuerzas armadas en la vida pública de México ha aumentado la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención, ha provocado más violaciones de las garantías judiciales bajo custodia y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas en sus operaciones.

Más aún, en mi participación en la sesión del Consejo de Derechos Humanos hice referencia al militarismo que se ha extendido a otras áreas civiles como la construcción de infraestructura pública, administración de puertos y aduanas y tareas de política migratoria, entre muchas otras. El traspaso de funciones civiles a los militares suma ya más de 240, lo que implica además un aumento del 163 por ciento de recursos presupuestales para el Ejército y la Marina.

Todo ello tiene como telón de fondo que estas instituciones no rinden cuentas, evitan comparecer ante las fiscalías, utilizan el fuero militar para investigar violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles, pese a que la Constitución establece que éstas deben ser investigadas y juzgadas por jueces civiles.

Nuestro informe incluye una serie de recomendaciones que ponemos a la consideración de los Estados que integran el Consejo de Derechos Humanos, a quienes hicimos un atento llamado para que las incluyan entre las que serán presentadas al gobierno mexicano.

De dichas recomendaciones destaco la relacionada con que las Fiscalías y las Comisiones de Derechos Humanos a nivel estatal y federal realicen investigaciones prontas, imparciales, independientes, eficientes y exhaustivas de los delitos y violaciones de derechos humanos. Éstas se deben realizar además con perspectiva de género e intercultural, con enfoque interseccional y de derechos humanos, con la participación de las víctimas, sus representantes legales y OSCs que les brindan acompañamiento.

Otra recomendación tiene que ver con la urgente necesidad de que se elabore un plan para que, antes de 2028, se retire a las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, así como administrativas y civiles, a la par de reforzar políticas de seguridad pública efectivas y con respeto a los derechos humanos.

Es importante modificar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza para que esté acorde con el derecho internacional de los derechos humanos, con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, el Código de conducta de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, y con las sentencias pertinentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es relevante que se fortalezca la rendición de cuentas de las instituciones militares ante instituciones civiles, especialmente entre las Fuerzas Armadas y los Poderes Legislativo y Judicial.

Es urgente que se deroguen disposiciones legislativas ya sean federales, estatales o municipales, que menoscaban el derecho a la libertad de expresión, reunión, asociación y protesta pacífica. El tema es preocupante porque el espacio cívico se está cerrando en México de manera alarmante.

Desde Amnistía Internacional estaremos atentas del EPU que se efectuará al Estado mexicano en enero de 2024, así como del cumplimiento que éste dé a las recomendaciones que le sean presentadas. Como en otras ocasiones invito a las personas lectoras a que revisen los informes aquí reseñados, que confirman la dimensión de la grave crisis de derechos humanos que vivimos en México y echan por tierra el dicho del gobierno de que en el país no se violan derechos humanos.

* La autora Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México @amnistiamexico.