Los resultados de PISA 2025 hicieron evidente en México la necesidad de revisar a profundidad la política educativa. Las cifras han generado innumerables comentarios debido a los retrocesos en matemáticas, lectura y ciencias. Lo que estos datos revelan es el costo acumulado de dos décadas de reformas que han cambiado en mayor o menor medida el sistema educativo, así como el currículum de la educación básica, sin construir las capacidades institucionales necesarias para sostenerlo. En el país se ha modificado el currículo con frecuencia, pero no se ha logrado convertir esos cambios en aprendizajes duraderos.
Desde hace más de 30 años, México ha emprendido reformas educativas orientadas a ampliar oportunidades de aprendizaje, mejorar la equidad y elevar la calidad. Estas reformas se inscribieron en una agenda internacional impulsada por la UNESCO desde la Conferencia Mundial de Educación para Todos (Jomtien, 1990), que llamó a universalizar el acceso y priorizar el aprendizaje.
En México, esa agenda derivó en una serie de reformas: el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1993; el Compromiso Social por la Calidad de la Educación de 2002; la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008; la Reforma Integral de la Educación Básica de 2009; el Modelo Educativo 2017 (Aprendizajes clave para la Educación Integral); y la reforma de 2019 que dio paso a la Nueva Escuela Mexicana. El patrón es claro: México reforma antes de consolidar. Modifica el currículo sin fortalecer las capacidades institucionales que deberían sostenerlo, y llegó incluso a implementar la Nueva Escuela Mexicana sin contar con los materiales, la formación ni el acompañamiento necesarios para ponerlos en marcha.
La Nueva Escuela Mexicana es el ejemplo más reciente de los riesgos de diseñar e implementar un currículo sin las condiciones mínimas para sostenerlo. Su enfoque humanista y comunitario plantea aspiraciones ambiciosas, pero la velocidad con la que se introdujo -sin contar con libros de texto completos, un plan y programas de estudio plenamente terminados, ni una estrategia de formación y acompañamiento docente- colocó a las escuelas frente a un modelo para cuya implementación no contaron con las condiciones indispensables. Esta apresurada reforma, que intenta corregirse conforme se implementa, es un reto para la práctica docente, pero sobre todo, compromete el futuro de niñas, niños y adolescentes, pues los expone a una trayectoria educativa que limita sus oportunidades de aprendizaje que deberían estar garantizadas.
La discontinuidad también se expresa en la implementación y en otros ámbitos de la gestión del sistema educativo. En 2019 coexistieron distintos modelos educativos en las aulas, por lo menos los de 2011 y 2017. A ello se sumó la eliminación del INEE y del Servicio Profesional Docente, que debilitó los mecanismos de evaluación y profesionalización que apoyaban al sistema en dos aspectos clave: la generación de evidencia para orientar la toma de decisiones y el fortalecimiento del desempeño docente. Por ello se ha hablado de un sistema fatigado: cada reforma exige reaprender, reorganizar, adaptarse y seguir adelante con resiliencia.
Los resultados de PISA muestran la incapacidad del sistema para sostener cualquier reforma el tiempo suficiente. Los países que mejoran no reelaboran su currículo cada sexenio: fortalecen sus instituciones y acompañan a sus docentes durante años.
Tres ejemplos de PISA 2025 lo ilustran. Inglaterra ha mantenido ajustes graduales y estándares claros que han dado estabilidad a su sistema educativo, aunque ese énfasis en estándares y evaluaciones periódicas también ha generado presiones significativas en estudiantes y escuelas. Por su parte, Japón actualiza su Course of Study en ciclos largos y con fuerte formación docente, y Estonia construyó una política de Estado basada en autonomía escolar y profesionalización. Sus caídas fueron menores en PISA. La continuidad curricular bien puede favorecer la mejora de los aprendizajes, pero incluso el mejor currículo depende de la capacidad de quienes lo llevan al aula. Sin una sólida formación inicial y sin actualización continua, los docentes quedan sin los recursos necesarios para enfrentar modelos cambiantes; y, aun así, son quienes, con su experiencia y juicio profesional logran sostener los aprendizajes incluso en contextos de incertidumbre.
Aprender a leer es algo tan elemental que debería estar garantizado para cualquier niña o niño. Lo mismo podría decirse de aprender a razonar: es la base para formular nuevas preguntas, construir conocimiento y sostener la curiosidad que impulsa todo aprendizaje. Sin embargo, México no ha logrado desarrollar de manera sostenida ni la capacidad de comprensión lectora ni la de razonar lógicamente, lo que es indispensable para las competencias científicas. PISA 2025 no hace más que evidenciar que cuando lo elemental falla, es difícil desarrollar capacidades para resolver problemas de la vida diaria. Ningún currículo, por innovador que sea, puede cumplir sus objetivos si el sistema no consolida primero aquello que sostiene todo aprendizaje.
En México hay compromiso docente por mejorar la práctica y hay experiencias locales que muestran que la mejora es posible cuando hay formación pertinente y oportuna, así como el acompañamiento técnico pedagógico adecuado a maestras y maestros. Pero estos logros aislados no compensan la falta de una política educativa de Estado.
La lección que nos deja PISA es contundente. Se requiere sostener una política educativa y construir una propuesta curricular sólida de largo plazo que garantice por lo menos los aprendizajes fundamentales.
Tres líneas se pueden proponer para el futuro inmediato: estabilidad curricular por al menos una década, evaluaciones nacionales técnicamente robustas y transparentes, y formación adecuada y acompañamiento docente sostenido. México tiene un acervo importante de aprendizajes de lo que ya ha implementado.
PISA 2025 abre una nueva oportunidad. Después de décadas de reformas que cambiaron repetidamente el currículo de la educación básica, el país tiene frente a sí el hecho de que los aprendizajes en educación básica no mejoran cuando el sistema cambia con frecuencia o cuando se implementan reformas curriculares que, ante sus carencias evidentes, deben completarse o corregirse mientras su implementación está en curso. En cambio, es indispensable establecer un modelo de educación básica y acompañarlo de las capacidades institucionales necesarias para implementarlo, sostenerlo y ajustarlo con base en evidencia a lo largo de un plazo razonable. Se trata de construir la capacidad para que, por primera vez en este siglo, se desarrolle una propuesta curricular que garantice el derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes.
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La autora es Maura Rubio Almonacid, directora de Investigación en Mexicanos Primero.