Minas terrestres y crimen organizado
Las minas terrestres son un problema humanitario muy grave a nivel global. Combatientes de países que han atravesado por guerras y conflictos civiles enterraron en el suelo explosivos que detonan al pisarlos, para evitar que el ejército contrario pudiera cruzar por estas zonas. Sin embargo, al acabar las hostilidades no retiraron las minas ni señalaron la ubicación, por lo que muchos civiles inocentes las pisan por accidente y pierden la vida o quedan mutilados.
Existe una prohibición para el uso de minas terrestres en más del 85 por ciento de los países del mundo, derivado de la Convención de Ottawa de 1997; México se incluye entre los países firmantes. Sin embargo, al año unas 5 mil 500 personas pierden la vida o resultan mutiladas por las explosiones de estos dispositivos, que pueden durar años enterrados.
Las minas terrestres son un gran problema en países como República Democrática del Congo, Angola, Laos, Myanmar o Colombia, sin embargo, no lo eran en nuestro País hasta fechas recientes. Hace poco ni siquiera se producían en México y tenían que ser traídas de contrabando de Rusia y otros países de la ex Unión Soviética. Sin embargo, al menos el Cártel Jalisco Nueva Generación ya está produciendo sus propias minas artesanales.
Desde 2022 organizaciones mexicanas, en especial el Cártel Jalisco Nueva Generación, buscaron asesoría de guerrillas colombianas para colocar estos dispositivos, sobre todo en Michoacán, Jalisco y Tamaulipas.
Se trata de un problema hasta el momento acotado a dos regiones muy específicas: la primera es la frontera entre Jalisco y Michoacán, que abarca los municipios de Cotija, Coahuayana, Marcos Castellanos, Tocumbo, Los Reyes, Tumbiscatío, Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán, en Michoacán, así como Santa María del Oro y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco.
Esta zona es disputada por el Cártel Jalisco Nueva Generación y por un conglomerado de organizaciones que se conocen como Cárteles Unidos, que se conforma entre otros por el Cártel de Tepalcatepec y los Viagras. La primera organización comenzó colocando minas en caminos rurales de estos municipios para evitar el avance de los segundos; sin embargo, al poco tiempo los segundos los emularon, agravando el problema.
La segunda zona es la parte norte de Tamaulipas, en concreto en los municipios de Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y San Fernando, en donde las dos facciones del Cártel del Golfo, los Metros y los Ciclones, ha utilizado este mecanismo para evitar el acceso de la facción rival a determinadas brechas, así como para mantener fuera de la zona al rival que tienen en común: el Cártel del Noreste.
Si bien se trata de un problema aún menor en nuestro País, lo cierto es que tiene un gran potencial de crecimiento, porque nada impide a más organizaciones criminales comprar minas en el mercado negro, contratar expertos que les expliquen cómo sembrarlas y que las coloquen en municipios de más entidades federativas.
Ello implica un riesgo muy grande para la población civil, porque estos explosivos podrían estar plantados en cualquier lugar y una persona que va caminando de la nada podría explotar, sin darse cuenta siquiera del peligro que corría, ya que su ubicación prácticamente nunca está señalizada.
Es decir, las autoridades y la población no se dan cuenta de que hay minas sembradas hasta que las mismas cobran a las primeras víctimas, lo cual implica una pérdida de vidas o un daño irreparable a la integridad de las personas.
Ello nos obliga a ser proactivos en el tema y tomar al menos las siguientes cinco medidas:
1. Elevar las penas para las personas que participen en la colocación de minas terrestres en territorio mexicano.
2. Implementar a través del Ejército Mexicano una estrategia de retiro de minas terrestres en los municipios en donde se han detectado.
3. Uso de tecnología, como sensores de resonancia magnética, para facilitar la identificación de las zonas con minas terrestres.
4. Establecer una campaña de concientización del riesgo para los habitantes de estos municipios.
5. Implementar un programa de atención a víctimas de las minas terrestres que hayan sobrevivido.
Al respecto, se debe aplaudir la sentencia del Juez Sergio Santamaría Chamú, quien ordenó al Gobierno federal establecer un plan nacional de retiro de minas terrestres.
Esto demuestra un enfoque proactivo en materia de derechos humanos, que se puede dar desde el Poder Judicial, ya que si el Gobierno no cuenta con un plan, tiene la responsabilidad de implementar uno.
Esperemos que pronto veamos algunos resultados al respecto.
