La reciente violencia en el Bajío y norte del País no puede ser revisada fundamentalmente desde la perspectiva de un supuesto fracaso de la estrategia de seguridad nacional o las intenciones atemorizantes de los grupos que los perpetran.
Los hechos ocurridos la semana pasada en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California requieren también una revisión de los modelos de seguridad pública vigentes y la coordinación con fuerzas federales.
La violencia comenzó la noche del martes en Zapopan -donde el Ejército desactivó una reunión de líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación- se extendió hasta Tijuana, y a su paso dejó más de una decena de muertos, vehículos y negocios incendiados, ataques ante los cuales la capacidad de reacción y contención de las corporaciones locales quedó marginada.
Esas cuatro entidades, en conjunto, concentran el 30.6 por ciento de los homicidios dolosos cometidos en el País en los primeros seis meses del año. Son punto de la violencia generada por grupos del crimen organizado que han buscado y pagado protección de elementos de las policías municipales desde hace décadas y hoy queda clara la urgencia de capacitación, depuración y dignificación.
Estos acontecimientos no son nuevos, pero tampoco se pueden resumir en un asunto de cobrar “las facturas a quienes no les pagaron”; son una realidad de la debilidad operativa que ha sido aprovechada por los criminales.
Un modelo de seguridad eficiente genera resultados y percepción ciudadana positivos y, sin necesidad de que su base sea visible, está sustentado en inteligencia y operación policial, voluntad política y esquemas de prevención.
La Ciudad de México registra avances que deben ser considerados. El modelo impulsado por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y operado por el Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, está encaminado a fortalecer las capacidades operativas y de inteligencia de la corporación policial, en una coordinación constante con fuerzas federales.
Este esquema ha permitido reducir la incidencia de delitos de alto impacto en 54 por ciento entre el primer semestre de 2019 y el de este año, y mejorar la percepción ciudadana de seguridad en 25 puntos.
Estos resultados se ven fortalecidos con una real apertura para considerar la denuncia ciudadana como fuente de insumos policiales que permite diseñar operativos y desplegar elementos donde son realmente necesarios.
Los delitos no se han erradicado y sería un gran error pretender que así se piense, pues falta mucho por hacer, pero se debe reconocer el cambio sustancial y considerar la posibilidad de que sea un modelo a replicar en otras entidades donde es urgente modificar sus estrategias.
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