Morena y su apuesta por debilitar el sistema de partidos y el contrapeso del Poder Judicial

En su columna sabatina de hace dos semanas, el doctor Arturo Santamaría definió a Morena como un partido de izquierda que se caracteriza por la búsqueda de la justicia social. Nunca me ha convencido esa hipótesis. Para mí, Morena no es un partido de izquierda. Por lo que alcanzo a percibir, Morena es más bien una organización política vertical, corporativa y que en cierta medida tiende hacia el totalitarismo y la supresión de la diferencia.

La izquierda es en esencia emancipadora de todas las formas de opresión, tanto las impuestas por el capital, como las que tienen su origen en la burocracia del Estado. Por eso, para considerar a una organización de izquierda, no es suficiente con tener en su agenda programas de bienestar, sino que además es fundamental el apoyo a estrategias de dispersión del poder en favor de una mayor participación de la sociedad civil en la discusión de los asuntos de interés público.

Los de Morena no lo ven así. Para ellos la pluralidad es un obstáculo. Piensan que la división de poderes, el sistema de partidos, la autonomía de organismos gubernamentales, la participación ciudadana, el acceso a la información, y la libre expresión de ideas políticas, son defectos de la democracia porque entorpecen la acción directa de la voluntad popular encarnada inequívocamente en la elección de un presidente.

Con ese entendimiento, López Obrador le ha declarado la guerra a las instituciones que van en contra de su política. Anuladas las deliberaciones en San Lázaro, AMLO está convencido de que el Poder Judicial es el último enemigo de los mexicanos. Ministros y jueces le han echado abajo la reforma electoral y la reforma eléctrica por contravenir la Constitución, pero el Presidente lo ve como un sabotaje.

Está muy claro que la independencia del Poder Judicial será el punto crítico en las siguientes elecciones federales de 2024. El objetivo de Morena es conseguir la mayoría absoluta en las cámaras, y desde ahí hacer las modificaciones orgánicas a la Constitución para que “el pueblo elija a jueces y magistrados”. De lograrse, esto ocasionará una fusión de facto entre el Poder Ejecutivo y Judicial, de las proporciones que ya estamos observando con la sumisión del Legislativo, y otros organismos como el INE, la CNDH o el CONAHCYT.

Traigo a colación todo esta explicación para lograr entender lo ocurrido la semana pasada, cuando la dirigencia de Morena en Sinaloa tomó protesta como nuevos miembros del partido a ex priistas como Jesús Valdez, Ricardo Madrid, Gloria Himelda Félix, Fernando Pucheta y Faustino Hernandez, así como a los panistas Martín Heredia y Guadalupe Carrizosa.

Para muchos morenistas despiertos es inconcebible que tipos como Chuy Valdez o Fernando Pucheta aparezcan en las boletas representando al partido guinda. Habría que decirles que todo es parte de una estrategia nacional. La intención es debilitar la estructura partidista de la Oposición, ofreciendo sebos a sus ambiciosos líderes para que Morena obtenga el mayor número de escaños parlamentarios.

En términos más generales, estamos siendo testigos de un sabotaje al sistema de partidos. Una maniobra así ya fue ensayada hace poco cuando Morena propuso, en su última propuesta de reforma electoral, el poder transferir votos a partidos que fuesen en coalición.

En esa ocasión la Suprema Corte hizo uso de sus facultades constitucionales para revertir la reforma aprobada. Sin embargo ahora, lo que no pudieron hacer conforme a derecho, lo están haciendo comprando a los más ambiciosos de la Oposición, que ante las pocas posibilidades de conseguir un triunfo, deciden ponerse del lado del poderoso, llevándose consigo todo la estructura que fue construida con dinero público, cuyo propósito era dotar de recursos a las distintas expresiones de la pluralidad política en el País.

Y cuando todo este aniquilamiento institucional se materialice, cuando en México ya sólo queden dos partidos en extremo polarizados, cuando los órganos electorales pierdan ahora sí por completo su imparcialidad, cuando en los parlamentos no haya nada que discutir, y la Suprema Corte delibere bajo criterios políticos, ¿qué vamos a hacer como país? ¿Comenzar desde cero? ¿Cuánto tiempo nos llevará siquiera reconstruir lo que tanto esfuerzo costó diseñar? ¿Habrá valido la pena el sacrificio? Por supuesto que no lo vale.

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jorge.ibarram@uas.edu.mx