Narcoataque a policías municipales
Balas de salva vs. ráfagas de plomo
Con el asesinato de tres policías municipales en menos de 12 horas, dos en Mazatlán y uno en Culiacán, el Gobernador Rubén Rocha Moya y los 20 alcaldes tendrían que pensar cómo restructurar el organigrama estatal de la seguridad pública para proteger a los agentes preventivos del alto riesgo y vulnerabilidad en que se hallan en Sinaloa al estar en la mira de criminales que apuntan y disparan contra el eslabón más débil de la custodia a la ciudadanía. ¿Retirarlos de sus funciones o acorazarlos dentro del operativo federal y estatal contra la narcoviolencia?
Con la militarización de la seguridad pública en México a través de la participación del Ejército y la subordinación de la Guardia Nacional, las policías municipales dejaron de ser el horcón del medio que a través de la proximidad social atendían el primer nivel de la prevención de conductas ilícitas. Las Bases de Operaciones Interinstitucionales que unifican a corporaciones castrenses y estatales acapararon la confianza y recursos públicos de la lucha antinarco, llenando de sospechas, discriminaciones y carencias a las gendarmerías de los ayuntamientos.
Por eso los sucesos de ataques en su mayoría dirigidos a elementos de las direcciones de seguridad pública y tránsito municipales debe tomarlos el Gobierno como señal de alerta para instrumentar medidas y protocolos que detengan la pérdida de policías y los hagan sentirse más protegidos, realicen o no labores de combate a la delincuencia organizada. Aquí está lo extraño: poco andan en los operativos antinarco y sin embargo son lo que reciben la peor acometida proveniente de las partes escindidas del Cártel de Sinaloa.
Son Culiacán, Mazatlán y Navolato los que sufren de mayores bajas en las policías municipales. De alrededor de 30 efectivos ultimados durante la guerra interna en el CDS, estos tres ayuntamientos cargan con dos terceras de las víctimas a las cuales los gobiernos se reducen a ponderarles el cumplimiento del deber, ofrecerles un breve ritual de despedida y lamentar el menoscabo que sufre la seguridad pública.
Vale la pena intentar algunos repasos para dimensionar las tragedias que afectan a varias familias de policías municipales y toca a la puerta de otras. En Culiacán han asesinado a Raúl Demetrio Herrera, ex Subdirector de la Policía Municipal; Benjamín Villarreal, también ex Subdirector; Juan Carlos Vázquez Ayala, comandante; Isidro Ojeda Merino y Jaziel Medrano Barraza, agentes. En Mazatlán algunas de las víctimas son Jesús Eduardo Paredes, subinspector de la corporación; Simón Malpica Hernández, ex titular de la SSPM; Jesús Benito “N”, ex comandante y miembro del Grupo Jaguar, y Juan Ramón Alfaro, ex Secretario de la SSPM.
Los alegatos que puedan surgir por eludir la revisión de las trayectorias de los policías asesinados no optan para perder de vista el propósito central de detectar y atender la circunstancia peligrosa que sin lugar a dudas afecta y amenaza a los que componen las DSPyTM de los 20 ayuntamientos. Se trata de evitar que los laureles colocados sobre las sienes de los muertos, las salvas disparadas en su honor y las pensiones a los deudos dejen de ser el finiquito terrible del fenómeno que mata a aquellos que ofrendan la vida propia por defender a sinaloenses cada vez más expuestos a los embates de la delincuencia.
La acometida violenta contra policías municipales es otro rasgo de la narcoguerra que la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz debe considerar ante el apremio de acciones que cuiden a los sinaloenses y también a los mandos e integrantes de estas instituciones a cargo de la seguridad pública. Para llevar a buen término tal introspección que denote la necesidad de proteger a quienes nos resguardan es necesario sacar a flote las debilidades y fortalezas y así detectar oportunidades factibles de concretar el objetivo de que aún en el fragor de las líneas de fuego e impiedad estén a salvo los policías.
En la jornada del miércoles por la noche, que parecía anunciar otro jueves negro pero esta vez de alcance estatal, en Mazatlán perdieron la vida los elementos de la DSPyTM José Ambrosio López y Osvaldo Antonio Leyva mientras cenaban en una taquería donde un grupo armado los atacó directamente. Muy temprano del día siguiente, a las 6:20 horas del 8 de mayo, fue asesinado el policía municipal Pedro Antonio Aispuro cuando un comando de pistoleros le disparó al llegar el agente a su casa disponiéndose a descansar después de cubrir un turno de vigilancia.
Al recordar a los policías que al protegernos perdieron la vida, les notificamos a los tres ámbitos de Gobierno la preocupación colectiva por las circunstancias en que murieron y la inminencia de nuevas desgracias para los que siguen en el cumplimiento del deber. La Ley que ellos hacen que se cumpla es la misma que debe pugnar por mantenerlos vivos al lado de sus seres amados.
No otra vez la indiferencia,
Para los policías caídos;
Honrémoslos con nuestra esencia,
Del Sinaloa agradecido.
En contextos de violencia desbordada como el que existe en Sinaloa, el Mando Único en la seguridad pública que también homogenice la igualdad de condiciones, oportunidades y acceso a mejor adiestramiento, equipamiento y remuneración, podría coadyuvar a que la Policía Municipal acuda a atender casos de delitos consuetudinarios sin que sus elementos pierdan la vida en el intento. Ir todos juntos reduce la posibilidad de caer en las emboscadas del alto crimen. Algo parecido a las Bases de Operaciones Interinstitucionales, pero con la participación de las fuerzas preventivas en tanto se restablecen las circunstancias para que las DSPyTM retomen su función de proximidad social.
