Narcoguerra en cárceles de Sinaloa
En cada Penal, un búnker del crimen
A pesar de que no es de ahora sino desde hace décadas, el control que ejerce el crimen organizado en los penales de Sinaloa, la guerra interna en el cártel local del narcotráfico realza el ingrediente de la corrupción que hace posible que horas después de esculques que decomisan armas y tecnología de comunicación suceda el inmediato reabastecimiento de esos arsenales y equipos que convierten las cárceles en búnkeres de la delincuencia.
Con el reto sistemático, al ras de la burla, que plantean los reclusorios penetrados por la narcoguerra, las secretarías federal y estatal de Seguridad y Protección Ciudadana están emplazadas a dejar de perder el tiempo en operativos de decomisos que sorprenden por el tamaño de las complicidades prohijadas entre rejas, procediendo ya a la toma de decisiones que ataquen el problema desde la raíz.
Resulta increíble enterarse de que, en el caso del presidio de Aguaruto, por la mañana entra la fuerza pública y retira rifles de asalto, municiones y dispositivos de Internet satelital, y por la tarde del mismo día, otra revisión halle lo mismo o más, desnudando el infinito y perfecto esquema de suministro que le es invisible a alcaides, celadores y sistemas de videovigilancia.
Es evidente que las medidas adoptadas hasta hoy, entre éstas el traslado de reos de alta peligrosidad a penales de máxima seguridad, las designaciones de directores que duran en el cargo hasta que las sospechas los tumban, y las revisiones sorpresivas que redundan en barrotes y muros de hule, reflejan poca eficacia ante el tamaño de la crisis de la seguridad carcelaria.
Las cárceles de Sinaloa siempre han resultado mal evaluadas en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria que realiza cada año la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por ejemplo, en 2012 tenían un puntaje de gobernabilidad de 3.97 en la escala donde 10 es muy positivo y cero altamente negativo. En 2015 la calificación fue de 5.65, en 2020 de 5.98 y sólo en 2024 estuvo fuera de la franja crítica, con 6.59 puntos.
He allí la complicación y el desafío: cortar de tajo el absurdo donde las instituciones correccionales que se consideran amuralladas para que no las taladre el hampa, son en realidad depósitos de materiales bélicos y funcionan como extensión de la violencia que se expande de centro a norte en Sinaloa por el choque de más de un año entre los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y los de Ismael “El Mayo” Zambada.
Frente a la irrefutable autenticidad, los secretarios Omar García Harfuch y el General Óscar Rentería Schazarino, uno el ámbito nacional y el otro en la esfera estatal, deben dejar de ver la descomposición en el sistema penitenciario como la Hidra de Lerna a la cual por cada cabeza que le cortan le brotan dos. La vieja mentalidad gubernamental de desentenderse de cárceles constituidas en latentes bombas de tiempo. dará el mismo resultado en caso de prevalecer la costumbre de dejarlas a merced de la permitida ingobernabilidad.
Una de las posibles causas sería el hecho de que los directores de los centros de readaptación social se ajustan pronto, por su voluntad o a la fuerza, a las hormas que imponen reclusos que purgan condenas por delitos relacionados con el narcotráfico, así como la prolongada presencia de los custodios en un mismo centro penitenciario patrocina colusiones y putrefacciones.
Sin embargo, en la pirámide de las complicidades importa revisar desde la base a la punta para prevenir que la hebra de la judicialización de los implicados en la corrupción carcelaria se rompa sólo por lo más delgado como ocurre siempre. El saneamiento en los centros de ejecución de las consecuencias jurídicas de los delitos ha sido en Sinaloa invariablemente la simulación propia de quien quiere curar con placebos lo que es un cáncer en fase terminal.
Y también tiene que ver con construcción de paz la obligación del Gobierno consistente en recuperar los penales como espacios para reencauzar en la vida lícita a personas privadas de la libertad por cometer delitos. Es una afrenta y aberración seguir asumiendo las cárceles como universidades del crimen.
Que Sinaloa en las prisiones,
Agarre por los cuernos al toro,
Para derribar rejas de oro,
Y calabozos de corrupciones.
No le resulta ajeno a Sinaloa el modo de violencia asestado a los productores de limón y aguacate de Michoacán, que le quitó la vida al dirigente de los cultivadores y comercializadores del cítrico, Bernardo Bravo Manríquez, quien una y otra vez denunció extorsiones y cobro de piso contra este sector, perpetradas por el crimen organizado. Se trata de un acto de barbarie que insta a la toma de medidas en la tierra de los once ríos para que la narcoguerra no avance aquí en afectaciones a más sectores económicos. De igual forma, es el resultado de Gobierno indolente que les permite actuar y les deja pasar a la delincuencia organizada y actúa hasta que las consecuencias son irremediables. De nada sirve un “lo siento” presidencial si fue precedido por la apatía a otorgar la debida protección, desidia que es la antesala de la impunidad.
