Narcos liberados, un problema creciente en México

Atrapar a un narcotraficante de alto nivel lleva muchos años de trabajo, decenas de operativos especiales, millones de pesos invertidos en armamento y en casos extremos, cuesta vidas de elementos de las fuerzas armadas y policías. Por ello, cuando un capo es atrapado, lo que espera la sociedad es que esta persona permanezca en prisión por muchos años y pague por sus crímenes. Sin embargo, en México tenemos muchos ejemplos de narcos liberados por fallas al debido proceso, incompetencia o mala integración de sus expedientes.

No hay cosa más indignante para los centenares de víctimas, que cuando por fin se arresta al criminal que ha causado tanto sufrimiento, éste salga libre al poco tiempo porque las autoridades no hacen bien su trabajo, por ello, el presente artículo busca hacer un recuento de los principales criminales que han sido liberados al poco tiempo de sus arrestos.

Un primer ejemplo es el de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”. Se trata del líder de una de las dos facciones del Cártel del Golfo, conocida como Los Ciclones, y de su aparato sicarial Los Escorpiones, es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien lo involucró en el negocio desde muy joven y en 2001 el Gobierno de los Estados Unidos, a través del Distrito Sur de Texas con sede en Brownsville, solicitó su extradición por tráfico ilegal de drogas.

Con tal historial y antecedentes, se pensaría que una vez que el mismo fuera arrestado permanecería en la cárcel toda su vida, pero nada más alejado de la realidad. “El Contador” fue arrestado en febrero de 2022 en la Ciudad de México y recluido en el Penal de Almoloya de Juárez, sin embargo, su equipo legal trabajó a marchas forzadas para lograr su liberación, agotando las instancias y amparándose contra la extradición a los Estados Unidos.

En noviembre de 2024 un juez penal ordenó su liberación, bajo el argumento de que el Ministerio Público no había soportado bien las causas de la prisión preventiva, dado que no se sostenía la base de la solicitud de extradición y se le puso en libertad condicional, porque además se consideró que no existía riesgo de fuga.

Es decir, un completo desastre. Primero, porque la solicitud de extradición databa de 2021, por ende, suena absurdo que el ministerio público no justificara bien las razones que acreditaban la prisión preventiva. Segundo, porque además de los delitos en los Estados Unidos, siendo Cárdenas Martínez el líder de uno de los cárteles más poderosos del país, también debía tener delitos en México. Y tercero, suena ridículo que no hubiera riesgo de fuga, ya que se trata de un capo de gran calibre, con muchos recursos a su disposición.

De manera que estamos frente a dos hipótesis posibles, la primera es la corrupción por parte de las autoridades involucradas, en especial el juez y los representantes del ministerio público, y la segunda es la incompetencia de estos, es decir, que por no hacer bien su trabajo al integrar los expedientes sale en libertad uno de los más peligrosos narcotraficantes.

Si lo anterior les sorprende, lo cierto es que se trata solo de la punta del iceberg, porque en realidad, José Alfredo Cárdenas Martínez había sido arrestado en dos ocasiones anteriores y liberado precisamente por fallas en el proceso. Es decir, que ha estado en tres ocasiones en resguardo de las autoridades y por errores, sean estos premeditados o no, lo hemos soltado.

El primer arresto se dio en 2018 en Matamoros, Tamaulipas, pero fue puesto en libertad a los pocos días, cuando sus abogados, utilizaron las contradicciones en las que cayeron los elementos de la Marina que participaron en su captura, para poner en duda su relación con la posesión de armas de uso exclusivo del ejército. Mientras que la segunda captura se realizó en 2019 en San Luis Potosí, pero en 2020 lo pusieron en libertad, ya que un juez de control determinó que no había elementos para procesarlo.

Un arresto y liberación puede deberse a falta de cuidado en la integración de la carpeta de investigación, pero tres detenciones y liberaciones en el periodo de seis años nos hablan o de autoridades muy incompetentes o muy corruptas.

Sin embargo, el caso de “El Contador” no es único, sino que se trata de una tendencia preocupante en el sistema de justicia de México. Ya que podemos encontrar decenas de narcotraficantes de alto nivel que han recuperado la libertad en los últimos años y que su liberación lejos de constituir escándalos, han pasado desapercibidas para la mayor parte de la población.

Tal es el caso de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, actual líder del Cártel de Tepalcatepec, que pertenece a Cárteles Unidos, organización fichada por la administración Trump como terrorista, quien ha sido arrestado y liberado por las autoridades mexicanas en tres ocasiones también, en 1998, 2009 y la última en 2018.

Algo similar sucedió con Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha sido capturada y liberada en dos ocasiones en los últimos años. La primera de ellas en 2018 en Zapopan, pero solo pasó tres meses en prisión y soltada ese mismo año después de pagar una fianza de alrededor de 1.5 millones de pesos. Fue recapturada en 2021 y puesta en libertad en febrero de 2025, luego de que se le otorgara un beneficio de reducción de condena, a pesar de que la Fiscalía General de la República objetó el mismo.

El hijo de Nemesio Oseguera, Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, también tuvo dos capturas y liberaciones previas a su deportación a los Estados Unidos. Una en 2014, en donde se alegó falta de pruebas a pesar de que traía consigo armas largas y 17 millones de pesos en efectivo. Mientras que la segunda fue en 2015, en donde un juez de nueva cuenta lo soltó debido a que no se tenía una orden de aprehensión; sin embargo, de inmediato fue arrestado de nuevo, permaneciendo en una cárcel mexicana hasta su extradición en 2020.

Dentro de la lista también podemos incluir a Luis Antonio Yépez Cervantes, alias “El Monedas”, hijo del líder del Cártel Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, arrestado y liberado en 2024, a Fernando Sánchez Arellano, líder máximo del Cártel de los Arellano Félix, quien obtuvo un beneficio de liberación anticipada en 2023 o a Inés Coronel Barrera, operador del Cártel de Sinaloa y suegro de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, quien salió también por liberación anticipada en 2022.

Esta situación debe cambiar. La sociedad demanda que quienes la dañan sean castigados conforme a la ley, requerimos que la privación de la libertad sea efectiva y no que sea una especie de puerta giratoria, en donde sobornos, amenazas, la incompetencia de funcionarios o fallas judiciales, les permita salir antes de tiempo a los grandes capos.

Por ello, se pueden plantear al menos cinco propuestas que nos ayuden a disminuir el problema, mismas que se desarrollan a continuación:

- Ahora que se va a crear el Tribunal de Disciplina Judicial, se debe dotar al mismo de un área técnica que pueda hacer investigación financiera para detectar a los jueces y magistrados que incurren en actos de corrupción y de colusión con el crimen organizado y que se pueda verificar si en casos en donde se otorgó la libertad a grandes capos, las decisiones estuvieron apegadas a derecho o se vieron involucrados otros elementos ajenos a la norma.

- De igual manera, se debe fortalecer la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos de la Fiscalía General de la República, así como sus equivalentes en las fiscalías de las entidades federativas, para revisar la integración de las carpetas de investigación de los narcotraficantes que salen en libertad al poco tiempo, para detectar si hubo incompetencia o corrupción, y el es el caso, proceder a la baja de los agentes involucrados.

- Mejorar la capacitación de los agentes de los ministerios públicos, dotándolos de mejores herramientas metodológicas y tecnológicas, para soportar sus investigaciones y con ello reunir la evidencia necesaria para que los criminales arrestados no puedan evadir la justicia.

Generar un gran repositorio nacional de evidencia, administrado por la Fiscalía General de la República, que pueda ser alimentado por todas las fiscalías, pero que solo sea consultado por la FGR, en donde se vayan acumulando pruebas en contra de integrantes del crimen organizado, el cual, en caso de arresto, pueda arrojar los elementos necesarios para garantizar que se procese a los arrestados y que se proporcione dicha evidencia a las fiscalías estatales en los casos en particular.

- Facilitar los procesos de extradición a los Estados Unidos, cuando así se haya solicitado previamente, para que los criminales tengan que enfrentarse con un sistema judicial más robusto.

Estos cinco elementos sumados, nos permitirá reducir al mínimo las liberaciones tempranas de grandes capos y garantizar que los mismos paguen por sus crímenes.

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El autor es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, especialista en seguridad y doctor en políticas públicas por el CIDE.