Ohuira, pensar antes de tomar partido
La planta de amoniaco en la Bahía de Ohuira se ha convertido en un detonante de polarización social. De un lado, quienes la defienden como parte del desarrollo industrial y de la soberanía alimentaria; del otro, quienes la rechazan con una frase corta pero contundente: aquí no. Entre ambas posturas, un cúmulo de información circula por redes sociales, medios locales e internacionales, comunicados técnicos y mensajes que no cesan de respaldar uno u otro planteamiento, y que, lejos de aclarar, con frecuencia profundizan la confusión. Por eso, este caso es también una oportunidad concreta para poner en funcionamiento el pensamiento crítico.
Como lo describimos en una entrega anterior, el pensamiento crítico nos invita a seguir una serie de criterios para tener mayor claridad sobre un tema. No se trata de reaccionar solamente desde el enojo, el miedo, la simpatía política o la confianza automática en un discurso. Se trata de filtrar la información por capas, separar hechos de opiniones, revisar quién comunica, qué intereses están detrás, qué evidencia se presenta y cuáles preguntas siguen sin responderse.
También es un buen ejemplo del modelo de Daniel Kahneman sobre el pensamiento rápido y el pensamiento lento. El primero es emotivo, inmediato e impulsivo; el segundo es más reflexivo, analítico y cuidadoso. En temas como la planta de amoniaco, es comprensible que muchas personas reaccionen desde la emoción, especialmente cuando se percibe una amenaza al territorio, al ambiente o a la forma de vida de las comunidades. Sin embargo, si queremos tomar mejores decisiones colectivas, necesitamos activar también el pensamiento lento.
Aplicar pensamiento crítico a este caso no significa ignorar la preocupación social, ni aceptar sin cuestionamiento el discurso del progreso económico. Significa reconocer que las dos narrativas en conflicto (la del desarrollo y la del ecocidio) pueden contener elementos de verdad y también simplificaciones que ocultan matices importantes.
Una postura informada no tiene por qué ser una postura intermedia en términos políticos, pero sí debe estar anclada en evidencia y en disposición a cuestionar ambos discursos con los mismos criterios. Eso, precisamente, es lo que los sesgos dificultan.
En este debate aparecen al menos dos sesgos que vale la pena reconocer. El sesgo de confirmación nos lleva a creer con mayor facilidad aquello que coincide con lo que ya pensábamos. La falacia narrativa nos permite construir historias aparentemente coherentes, aunque no necesariamente completas. Así, para unos, la planta representa solo desarrollo, empleo y soberanía alimentaria; para otros, representa únicamente despojo, contaminación y destrucción. Reconocer estos sesgos no invalida ninguna de las dos preocupaciones, las hace más manejables.
Por eso hay preguntas que siguen siendo necesarias. Algunas apuntan a la operación concreta: ¿cuáles son los riesgos reales y quién los mide de forma independiente? ¿Qué impacto tendría la descarga térmica sobre el ecosistema lagunar? ¿Qué mecanismos de vigilancia existirían y quién tendría acceso a sus datos? ¿Qué ocurriría ante una emergencia de fuga de amoniaco en una zona costera habitada?
Otras apuntan a la rendición de cuentas institucional: ¿bajo qué condiciones de monitoreo verificable puede operar esta planta? ¿Qué indicadores objetivos activarían mecanismos de compensación para las familias pescadoras? ¿El proceso de consulta indígena cumplió el estándar de consentimiento libre, previo e informado, más allá de su validación judicial? ¿El dictamen de la consultora contratada por el banco financiador alemán KfW ha sido publicado? Esas preguntas, y no el eslogan de ninguno de los dos lados, son el terreno donde el pensamiento crítico tiene trabajo que hacer.
Aquí es donde instituciones como la Universidad Autónoma de Sinaloa tienen una responsabilidad que no puede eludirse. Con más de 700 científicos distribuidos en siete áreas del conocimiento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores tiene la capacidad técnica para producir un análisis plural, independiente y públicamente accesible sobre este caso. No como árbitro político, sino como lo que una universidad debe ser, el espacio donde los problemas complejos se analizan con rigor y sin agenda. Las autoridades universitarias deberían convocar ese análisis antes de que la planta entre en operación, no después.
La Bahía de Ohuira nos obliga a pensar mejor. Cuando están en juego el ambiente, los derechos comunitarios, el desarrollo económico y el futuro regional, pensar con más calma no es una opción secundaria, es una responsabilidad pública. Y esa responsabilidad no recae sólo en los activistas ni en los funcionarios. Recae también en quienes leemos, compartimos y decidimos qué información merece nuestra atención y cuál nuestra duda.
