Operación amoniaco: el ‘sí’ comprado. La consulta que recrudeció el conflicto

Todavía no se conocía el avasallante ”sí” de la mal llamada consulta que definiría la aprobación o rechazo a que se instale en Topolobampo la planta de amoniaco, cuando todo Sinaloa estaba al tanto de que el “ejercicio de participación ciudadana” no servía de nada, aparte de serle útil al Presidente Andrés Manuel López Obrador para conocer la opinión de la población en ese tema. Aunque tuvo la utilidad de rascar en viejas heridas causadas por políticas públicas que metieron a habitantes e inversionistas en aventuras donde los políticos llevan sus tajadas de negocios.

Nadie ganó la consulta. La única que se alzó con la victoria es la incertidumbre reinante durante siete años, derivada del recrudecimiento del “Aquí no” que sostienen con firmeza aquellos que avizoran una bahía envenenada, y la extraña romería del “sí” bajo la sospecha del asentimiento pagado y manipulado. Los que en el desespero acuden a medidas extremas bloqueando carreteras con tal de hacerse escuchar, contra quienes se dejan seducir por el dinero de los mismos que son parte del problema.

Las verdaderas preguntas que la sociedad hizo suyas después de concluida la auscultación es por qué y para qué se llevó a cabo el fallido experimento de referéndum. El arte popular de sospechar de todo trasmutó a la destreza olfativa que a través del asfixiante tufo del amoniaco intuye los arreglos que se hicieron para que surgiera un consentimiento comprado que en los hechos nada aprueba. Nótese la ausencia de entusiasmo por algo que quisieron disfrazar de democrático y acabó siendo la reincidente operación que deprava el libre albedrío.

El mismo coordinador de la consulta, Rabindranath Salazar Solorio, Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, precisó al terminar la jornada del domingo que aun siendo el resultado a favor de la planta de GPO no constituye mandato para que prosiga la concreción del proyecto, pues existen al menos cuatro amparos en contra que la competencia judicial deberá resolver.

Esto significa que existen burlas mal intencionadas tanto para los pobladores de Ahome, Guasave y El Fuerte como para los empresarios de Gas y Petroquímica de Occidente que están inmersos en el conflicto que nació en los apetitos del entonces Gobernador Mario López Valdez, y los de sus cuates, para obtener ganancias económicas ellos antes que los beneficios a sectores verdaderamente importantes en la toma de decisiones. Más claro: los opositores a la fábrica de amoniaco no son los enemigos del grupo GPO sino Malova y Francisco Labastida Ochoa que los empujaron a establecerse encima de un pantano de inconvenientes.

Por cierto, Malova acudió a participar y presumió el “sí” a la planta de amoniaco sin mostrar ni tantita pena por aquel acto de gobierno que realizó en 2016 valorando que traía beneficios personales para él y sus socios, antes de notar que a Sinaloa lo metía al brete de cuidar las zonas ecológicas protegidas o promover el desarrollo económico a pesar del daño causado al medio ambiente. El Mandatario que mientras bailaba determinaba afectaciones a la calidad de vida de la población, inclusive tratándose de sus paisanos ahomenses, no paga por sus culpas; todas se las endosa a otros.

Y sí, tal y como lo expuso ayer en la “semanera” el Gobernador Rubén Rocha Moya, si López Valdez hubiera mostrado sensibilidad de escuchar a los ciudadanos, o al menos para atender las leyes y normas en materia ambiental, el problema no estuviera allí. Ni existiera la historia triste de hombres y mujeres que en situación desigual y bajo amenazas defienden la salud del hábitat, o la celada tendida al consorcio suizo-alemán Proman que compró terrenos minados por el conflicto y por la ambición de los malovistas.

Pero a toro pasado, lo que mostró la consulta es una complicación colosal que convoca al Gobernador Rocha Moya para que modere las posiciones en choque antes de que la sangre llegue al río. Es verdad que la dificultad la generó otro, no él, no obstante que en su período de gobierno el caso amaga con escalar a crisis social. De igual manera tiene razón al expresar que la consulta del domingo la realizó el Gobierno federal, pero se trata de un montaje alevoso para que el “sí” comprado (500 pesos para el votante y 150 pesos al reclutador por cada enganchado) resultara abrumador.

Crónica de un final muchas veces anticipado, ni el “sí” sobornado o el “no” amedrentado deciden el futuro de la industria de fertilizantes. El veredicto ciudadano, sea cual sea, es un exhorto a explorar otras posibilidades para que GPO mantenga la inversión en Sinaloa y al mismo tiempo respete los santuarios de la biósfera. Y esto es trabajo de conciliación que le toca hacer al gobierno de Rubén Rocha.

Era altamente probable,

Que el “sí” al amoniaco,

Resultara menos confiable,

Que los signos del zodiaco.

Como nos lo dicen las abuelitas, las cosas siempre pasan por algo y en el recuento de la tan llevada y traída planta de Topolobampo el gobierno de Rubén Rocha Moya encontrará el manual perfecto para evitar que otro proyecto, el de las nuevas terminales portuaria y ferroviaria que promueve el Grupo CAXXOR, se asiente sobre la Meseta de Cacaxtla, municipio de San Ignacio, quitándole a la naturaleza uno más de sus santuarios en Sinaloa. ¿Por qué a las compañías trasnacionales les gusta tanto comprometer los recursos ambientales en sus planes de expansión económica? En vez de repetir los “ejercicios de participación ciudadana”, lo que importa es que antes de tomar decisiones se escuche a las voces con credibilidad como las de la doctora Ana Luz Ruelas que acaba de dar una advertencia puntual del nuevo ecocidio en ciernes.