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La guerra abierta contra la democracia constitucional que ha desatado López Obrador acompañado por Morena y aliados, sus corifeos del Gabinete y sus corcholatas no ha terminado pero se han ganado batallas importantes. Hay que celebrarlas pero no bajar la guardia porque no cejará en su intento.
En el plano de la democracia electoral, la primera victoria se la debemos a la Oposición en el Congreso -PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y legisladores independientes- que con sus votos impidió una reforma constitucional que literalmente hubiese acabado con la institución que la hizo posible: el Instituto Nacional Electoral. La pregunta sigue en el aire. ¿Por qué no la planteó antes de las elecciones intermedias cuando contaba con la mayoría calificada para hacerlo? Sólo él tiene la respuesta: ¿seguridad de que en el 2021 no perdería esa mayoría, mal cálculo político, una última patada de ahogado porque sabe que en condiciones de equidad, y certeza y con un árbitro imparcial puede perder en el 2024, deseo irrefrenable del “aquí mando yo”? No importa. La reforma fracasó.
Como la derrota no es lo suyo, ideó un Plan B unilateral, regresivo, rupturista, destructor, elaborado sobre las rodillas sin el mínimo cuidado de no violar abierta y repetidamente la Constitución. Ni siquiera se ocupó de que se respetara el proceso legislativo lo que muy probablemente le costará la inconstitucionalidad absoluta de las reformas electorales propuestas.
A la Oposición en el Congreso no le alcanzó para frenar la reforma pero aquí entró la sociedad civil a quien le debemos la segunda victoria porque supo organizarse para defender la democracia en las calles. La marea rosa fue no una (13-11-22) sino dos veces (26-02-23) decisiva en la defensa del INE y del derecho al voto en elecciones libres y auténticas que mandata la Constitución.
La tercera victoria es la del propio INE que, después de aguantar vara durante cuatro años, montó bajo el liderazgo de Lorenzo Córdova la resistencia y defensa de la institución en todos los frentes: en el de las decisiones autónomas e independientes, en el debate público y en el plano jurídico.
La cuarta se la debemos a la Suprema Corte de Justicia con la suspensión de la aplicación a las dos primeras leyes del Plan B (la de Comunicación Social y la de Responsabilidades Administrativas) dictada por el Ministro Pérez Dayán. A él corresponde el mérito de haber admitido a trámite varias acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas y conceder la suspensión de las mismas porque “su aplicación podría causar afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste”.
La quinta victoria se la lleva un juzgado de distrito que reinstaló en su cargo al Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, quien fuera destituido por un transitorio de la reforma electoral.
La sexta va de nuevo para la Corte y el ministro Alfredo Laynez quien admitió la controversia constitucional interpuesta por el INE y suspendió los efectos de la totalidad de las otras cuatro leyes contenidas en el Plan B por considerar, entre otras cosas, que su entrada en vigor causaría daños irreparables además de perjudicar “los derechos político electorales de la ciudadanía”. Más claro no pudo haber sido: “el sistema democrático tiene como garantía la adecuada capacidad operativa del INE”.
Hay otra batalla ganada, que no me gusta presumir, porque ha puesto a México como a una cuasi-autocracia o una democracia amenazada en el concierto de las naciones democráticas. Organismos internacionales y publicaciones de diversos países han alertado sobre los retrocesos de la democracia mexicana desde que llegó al gobierno el Presidente López Obrador. Las mediciones internacionales más reconocidas, al igual que las nacionales, muestran la erosión paulatina de la democracia mexicana y los peligros que sobre ella se ciernen.
Frente a todas estas victorias hubo un revés. Se perdió la conformación equilibrada de las quintetas para elegir a los cuatro nuevos consejeros del INE que entrarán en funciones el próximo 3 de abril. En este caso no hubo violación al procedimiento establecido. Fueron una serie de circunstancias las que impidieron llegar a acuerdos propios de un talante democrático: la composición de la Comisión de Evaluación -con sólo dos comisionados independientes-, el mayor número de aspirantes simpatizantes de la 4T y la indeclinable intención del Presidente de tener allegados en el INE.
Pero aún con este revés, hay candados para que el INE funcione mientras se mantenga la suspensión de efectos de las reformas electorales o se dicte su inconstitucionalidad: el INE es un órgano colegiado que toma decisiones por mayoría, los consejeros que así lo quieran podrán conducirse con independencia, se mantendrá el servicio profesional de carrera y seguirá al frente de la Secretaría Ejecutiva un profesional con gran conocimiento y experiencia en materia electoral.
Hay razones para el optimismo pero no hay que bajar la guardia. Esto no ha terminado.
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