El Huracán Otis, uno de los más poderosos de los que se tenga registro, impactó la costa de Guerrero el pasado 24 de octubre. Hasta el momento, se reportan 47 fallecimientos y 59 personas desaparecidas. La devastación también ha puesto en evidencia los peores efectos de la crisis climática, una crisis impulsada por la quema de combustibles fósiles y la extracción de recursos del norte global.
Miles de familias perdieron prácticamente todo y fueron evacuadas de sus viviendas, a la par que su fuente de ingresos se verá seriamente afectada en los próximos meses. Se ha calculado que en Acapulco, uno de los municipios con mayor pobreza extrema del país, las pérdidas económicas podrían ascender a 15 mil millones de dólares, es decir, 3.5 veces el presupuesto de Guerrero en 2023.
Este panorama tan devastador exige que el Estado mexicano haga todo lo posible por garantizar los derechos humanos de la población, lo que indudablemente incluye invertir todos los recursos que sean necesarios para atender la emergencia y reconstruir los municipios afectados.
El pasado miércoles 1 de noviembre, el gobierno federal presentó las líneas generales del Plan de Atención para la población afectada por el huracán Otis, el cual ascendería a 61,312 millones de pesos. Este monto supera los recursos que habían sido proyectados apenas la semana pasada, cuando el Subsecretario de Egresos de la SHCP, Juan Pablo Botton, mencionó que por lo menos en lo que resta del año podrían disponerse de 14,278 millones de pesos para apoyar a la población.
Independientemente de los recursos que han sido proyectados, el Presidente reafirmó que los recursos para atender esta emergencia serán ilimitados. El plan contempla 20 acciones que serán implementadas por diferentes sectores de la federación. A grandes rasgos incluye transferencias monetarias y en especie a la población (como el adelanto de programas sociales, apoyos para la vivienda, entrega de canastas básicas y enseres domésticos); facilidades para el acceso a créditos de la banca gubernamental y comercial; la rehabilitación de la infraestructura carretera, urbana y energética; amnistías fiscales en materia de impuestos y contribuciones de seguridad social, entre otras acciones.
Aunque estas medidas podrían mejorar provisionalmente la situación económica de las personas afectadas, aún está pendiente la presentación de una estrategia integral de reconstrucción que ponga en el centro a las personas más vulnerables. Esta estrategia, además, debería contribuir a replantear la economía de Acapulco, una ciudad con niveles extremos de desigualdad e inseguridad. Para ello, las labores de reconstrucción no deberían diseñarse en función de los intereses de los grandes inversionistas y empresarios hoteleros: debe poner en el centro a la población más vulnerable, a las pequeñas y medianas empresas, y promover la participación ciudadana en el diseño de la infraestructura y los servicios que serán reconstruidos.
Hasta el momento no se han presentado todos los detalles del Plan de Atención, y tampoco se ha informado con exactitud de dónde provendrán los recursos para llevarlo a cabo. Sin embargo, es posible anticipar que solo una mínima parte podrá financiarse con el programa presupuestario que sustituyó al Fonden, el fideicomiso público en proceso de extinción.
El programa presupuestario Fondo de Desastres Naturales forma parte del Ramo 23, y es utilizado para reasignar recursos a las dependencias que tienen competencias en materia de atención de desastres naturales y labores de reconstrucción. Aunque en 2023 le fueron aprobados 17,156 millones de pesos, posteriormente la SCHP lo modificó a la baja hasta un límite de 13, 224 millones de pesos. Sin embargo, hasta el cierre del tercer trimestre de este año, en total solo se han utilizado 5,741 millones de pesos, lo que podría significar que el resto de los recursos serán transferidos a las dependencias involucradas en el Plan de Atención.
En caso de que este último escenario se cumpla, no debemos olvidar que el presupuesto del programa Fonden debe cubrir a todo el país, por lo que resultará necesario incrementar su disponibilidad presupuestaria para garantizar que otras localidades afectadas por más desastres naturales también puedan acceder a estos recursos. Así mismo, el marco normativo de este programa debería reforzarse seriamente para así garantizar los máximos niveles de transparencia, pues actualmente la SHCP publica la mínima información sobre el uso de estos recursos.
Considerando la situación del programa Fonden, es posible asumir que el resto de las acciones serán financiadas por las propias dependencias con cargo a su presupuesto. Aunque esto pueda parecer una manera apropiada de financiar la emergencia, el riesgo latente está en que la austeridad republicana se convierta, nuevamente, en la principal estrategia del gobierno para hacerse de más recursos.
Para atender esta emergencia y reconstruir posteriormente los municipios afectados, es crucial que los recursos que sean utilizados no signifiquen recortes presupuestarios en otras áreas del gobierno.
Sin duda, la emergencia en Guerrero exige toda la acción del Estado, pero ello no debería significar ajustar a la baja el presupuesto de más dependencias, y mucho menos de disponer injustificadamente del presupuesto de organismos autónomos u otros poderes de la federación. Los recursos adicionales de cualquier desastre natural deberían provenir de impuestos progresivos enfocados en las elites económicas.
Reconstruir Acapulco, Coyuca y todos los municipios afectados en Guerrero será un proceso de largo plazo, en donde se exhibirá nuevamente que los recursos disponibles en realidad no son ilimitados, sino bastante escasos y opacos. Ante la emergencia climática, seguiremos enfrentándonos a este tipo de eventos, y en el fondo si se sigue apostando al modelo fósil y si el Estado mexicano no reforma sus políticas climáticas, los recursos públicos continuarán siendo insuficientes.
* El autor Iván Benumea es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.
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