Otro 7 de junio sin nada que celebrar. ¿Y la Ley de Protección a Periodistas?

Ayer se conmemoró, en el mismo ambiente poselectoral que emancipa a la violencia como poder dominante, el Día de la Libertad de Expresión y hasta hubo quienes propusieron fiesta en lugar de honrar a las víctimas de mordazas y balas o dedicarle ese tiempo a tejer las redes para la protección de lo que queda del periodismo libre. Sin nada qué festejar, sí hay bastante por lamentar en la soledad de un gremio desamparado por los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo.

Periodistas y medios de comunicación continúan en orfandad de instituciones y Constitución. Cuando el Estado opta por unirse a la turba que propone linchar a las voces críticas, silenciar al periodismo de indagación que exhibe ineptitudes y corrupciones probadas, y los parlamentos esconden las iniciativas que proponen proteger a este sector tan vulnerable frente a los intolerantes, se invalida la oportunidad de que este engranaje toral de las libertades cuente con seguridad y certeza competitiva.

Al menos un segmento aferrado a la esperanza de que las cosas mejoren para el trabajo reporteril y las tribunas que aportan los espacios recordó que desde hace dos años está en la congeladora legislativa, sin no es que acabó en el archivo muerto del Congreso, la Iniciativa de Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa consensuada con el sector y respaldada por la sociedad civil.

Tras el análisis de la situación del periodismo local convocado por la 63 Legislatura, con foros y mesas de trabajo que como en pocas ocasiones pusieron a reflexionar al sector periodístico, se estructuró una propuesta de ley que sienta las bases para brindar garantías a quienes se juegan mucho en el esfuerzo por informar a la población con la mayor aproximación posible a la realidad, esa autenticidad que suele acechar a audiencias desprevenidas que son presas de las celadas comunicativas de las redes sociales.

Ante el olvido de diputadas y diputados, que antes mostraban preocupación e interés por coadyuvar a preservar y fortalecer la libertad de expresión y que hoy presentan un largo desgano al respecto, varios periodistas, activistas, grupos y líderes cívicos, convocados por la organización civil Iniciativa Sinaloa que preside Marlén León Fontes, exhortaron al Legislativo a la pronta dictaminación y aprobación de la iniciativa referida.

“Durante estos dos años, las agresiones en contra de periodistas y activistas defensores de derechos humanos continúan. De 2019 a 2020 la organización Artículo 19 documentó 25 agresiones contra la prensa en Sinaloa que han ido desde denostaciones, campañas de desprestigio, hasta ataques cibernéticos a medios digitales”, señalan los firmantes.

El documento expone que la iniciativa ciudadana que duerme el sueño de los justos en el Congreso tiene por objeto la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en el estado de Sinaloa, así como garantizar el goce de condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo y busca que toda agresión o amenaza a periodistas y personas defensoras de derechos humanos sea atendida e investigada, de manera inmediata y oficiosa, por las autoridades correspondientes, así como en aquellos casos en que la amenaza o agresión se dirijan a una mujer, tanto la atención como la investigación adoptarán un enfoque diferenciado y con perspectiva de género.

También propone la creación del Instituto para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Sinaloa como un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía técnica, presupuestal y de gestión que será responsable de prevenir, atender y proteger a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Qué lamentable sería, tal como lo expone el pronunciamiento, que todos estos trabajos de diputados y periodistas tuvieran como corolario la simulación que significaría la omisión del Congreso en los siguientes pasos del proceso legislativo que consisten en dictaminar y ponerla a consideración del Pleno. Con la cuenta regresiva encima, la 63 Legislatura se desintegrará el 30 de septiembre y es probable que archive el proyecto de norma que salvaguarda al periodismo y ombudsman sinaloenses.

El ejercicio del periodismo es una constante y tenaz batalla contra las intolerancias que desean ponerle mordazas o mortajas a los trabajadores y tribunas de prensa. El 7 de junio sólo significa una marca en el calendario que recuerda que la rendición no es opción pues interrumpir la palabra social equivale a obstaculizar los diálogos, acuerdos y razonamientos que urgen hoy cuando las armas en la sien quieren someterlo todo. Es la muesca en el teclado para nunca olvidar el estado de vulnerabilidad en que nos quieren tener.

A no ser que le tema al robustecimiento de los artículos sexto y séptimo constitucionales, la 63 Legislatura de Sinaloa puede todavía evitar que se acuñe en el muro de las desidias parlamentarias la extraña retirada en su agenda de la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que ofreció y empujó en una notable labor de consulta y enseguida dejó en el olvido.

En dónde quedó aquel afán,

Por proteger a los periodistas,

Porque los ánimos no están,

En tan ociosos asambleístas.

Ya con el cargo de Gobernador en la bolsa, a Rubén Rocha Moya habrá que evaluarlo de aquí al 1 de octubre por la estrategia que presente para la estabilidad y desarrollo de Sinaloa. Las alianzas y pactos que le sirvieron para ganar la elección no necesariamente le serán útiles para alcanzar la gobernabilidad. Una cosa es aspirar al puesto y otra llevar las riendas de la tierra donde muchos creen haber ganado la lotería y pronto caen en cuenta que en realidad se sacaron la rifa del tigre.