Pálida esperanza de paz en Sinaloa
Los insólitos ataques con explosivos
Después de 15 meses de narcoguerra ahora debemos ponerle bastante atención los sinaloenses, y ofrecer soluciones a los estrategas de la protección ciudadana, a la progresiva táctica criminal que utiliza artefactos explosivos contra objetivos humanos, viviendas y edificios públicos escalando la delincuencia a métodos que en el cálculo gubernamental no significan terrorismo aunque sí tocan los linderos de ese tipo de amenazas para la seguridad nacional.
Debemos también, sociedad y gobierno, agudizar las capacidades de percepción y reacción, ante la posibilidad de que un nuevo modus operandi de delincuencia organizada esté entrando a Sinaloa, por el sur, ya sea de manera separada o en alianza con segmentos locales del narcotráfico. A pesar de que le corresponde al Estado prevenirnos y defendernos, a veces funciona más el instinto particular y familiar de autoprotección que la voluntad política por tenernos a salvo.
Los indicios de Mazatlán, al atacar con explosivos una casa de la sindicatura de Villa Unión, y de Michoacán con el uso de un coche bomba que dejó cinco muertos y varios heridos en la comunidad de Coahuayana, no únicamente sobrepasan la capacidad de asombro, sino que hacen la función de luz roja en alertas cuya anterior irradiación amarilla anticipaba mayor barbarie a la que hemos vivido en Sinaloa durante 15 meses, de manera despiadada e ininterrumpida.
Algo preocupante sucede con eventos de inseguridad en los cuales nada ni nadie impide que sean perpetrados y dejen secuelas terribles, como lo fue el ataque también con explosivos al búnker de la Policía en Mazatlán, el 27 de noviembre, afortunadamente sólo con daños materiales y el efectismo de regresar a episodios de gente pacífica atada al miedo.
Esta tierra que no se rinde ni se acostumbra frente a las batallas intracártel sí llega al límite en cuanto a modos de salvajismo inimaginables durante décadas que presenciamos colisiones sangrientas que no escalaron a las sádicas alturas del terrorismo. El agotamiento de la era de las pugnas a fuego y sangre asciende a sistemas de exterminio que extienden el peligro más allá de las formas que implementaron factores y actores enfrentados por el negocio de las drogas ilícitas.
No es cualquier cosa el desafío que lanza el gran hampa al acudir a coches bomba para atacar las sede la policía comunitaria de Coahuayana, con el resultado de cinco personas muertas e igual número de heridos, que exhibe los alcances de la operación criminal por encima del Plan Michoacán anunciado recientemente con bombo y platillo pero sin que la grandilocuencia presidencial sea proporcional a los resultados obtenidos.
Más miedo del que acumulamos en Sinaloa desde el 9 de septiembre de 2024 parece imposible, por lo tanto el narcoterrorismo sería la reverberación de la única certidumbre instalada, en el sentido de desamparo y frustración cuando la paz tarda en llegar y la gente tampoco aguanta mayor inmovilidad derivada del horror de sabernos víctimas potenciales de sicarios cuyas armas de fuego apuntan a diestra y siniestra.
Los hechos que rozan la categorización de terrorismo, y que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y la Fiscalía General de la República engloban en el universo impreciso de delincuencia organizada, amenazan con añadirle nuevos plazos a la guerra que libran células criminales en diferentes regiones de México.
En el caso de Sinaloa además de la eventualidad de que el choque al interior del CDS prosiga en 2026, ese asomo de métodos violentos de gran crueldad y capacidad destructiva empieza a intimidar en la época que se supone es propicia para la paz y la convivencia familiar. Detener tal atrocidad es la emergencia de este tiempo, así la atajen los operativos del Gobierno o la pax narca que derive de treguas, pactos o cese definitivo de hostilidades.
De no ser así, le llamen como le llamen, el ocultamiento del verdadero nombre de la barbarie es lo de menos porque crimen vertebrado y terrorismo vienen en el mismo paquete sin importar la etiqueta que SSyPC y FGR les coloquen. Y la sociedad decidirá que la denominación de las desidias y negligencias sea la de impunidad como sello estampado a las instituciones de seguridad pública y funcionarios que las dirigen.
Denle a Sinaloa paz,
Ahora que mucho sueña,
Con la calma navideña,
Aunque ésta sea fugaz.
¿Qué le cuesta al Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez del Llano, hacerle justicia a Dignora Valdez, la mujer policía que ha sido víctima de cuanta represión se les ocurrió a los anteriores ediles en castigo porque ella asume la defensa de sus compañeras que en la corporación padecen acoso, discriminación y violencia en razón de género? De no actuar conforme lo determina la Ley, al actual Presidente Municipal lo salpicará ese modo autoritario que mostraron sus antecesores Billy Chapman y Gerardo Vargas Landeros al desobedecer las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Red por la Igualdad Sustantiva y Sistema Anticorrupción. ¿Es tan complicado saldar la vieja deuda que administraciones públicas déspotas tienen con esta luchadora social?
