Hace unos días fui invitado a un panel organizado por el INE, donde se presentaron los resultados del Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (CISEE) del proceso electoral 2023-2024. Confieso que llegué esperando gráficas y porcentajes -que, por supuesto, los hubo-, pero lo verdaderamente interesante fue la discusión que se abrió más allá de los números fríos.
En el panel participamos académicos, representantes de partidos políticos, funcionarios públicos y comunicadores. Esta diversidad permitió que el análisis trascendiera lo meramente estadístico e incorporara dimensiones jurídicas y sociales, enriqueciendo de manera sustantiva la conversación.
Un primer dato, evidente y compartido por varios de los participantes, fue el contundente dominio de MORENA en buena parte del país y, particularmente, en el sur de Sinaloa. Los porcentajes de votación no dejan mucho margen a la duda: en diversos municipios, las diferencias fueron lo suficientemente amplias como para hablar de un respaldo ciudadano sólido y consistente.
En mi intervención insistí en que este resultado no puede reducirse a un fenómeno coyuntural. No ganaron únicamente por una buena campaña; sostener eso sería, francamente, una simplificación ingenua. Este fenómeno electoral exige ser leído a la luz de factores estructurales que lo explican.
El primero de ellos que mencioné es la pobreza. Durante décadas, una proporción significativa de la población mexicana ha vivido en condiciones de vulnerabilidad. Cuando amplios sectores no logran incorporarse plenamente al bienestar, el voto deja de ser ideológico y se vuelve básicamente material: ¿quién me ofrece mejores condiciones inmediatas de vida?
Un segundo factor es el demográfico. México está envejeciendo, y con ello crece una población que demanda certezas: pensiones, servicios de salud, estabilidad. No es casual que las políticas dirigidas a adultos mayores tengan una resonancia particular.
El tercer elemento, quizá el más relevante, es el desgaste del modelo neoliberal iniciado en 1982. Durante años se prometieron crecimiento, modernización e integración global. Algo de ello ocurrió, pero también se profundizaron desigualdades, se precarizó el empleo y se consolidó una sensación acumulada de abandono institucional.
En ese contexto, no resulta extraño que un proyecto político inspirado en el Estado de bienestar -como el que en la posguerra buscó reducir desigualdades en Europa- haya encontrado eco en México. Programas sociales, intervención estatal y redistribución dejaron de ser ideas marginales para convertirse en respuestas plausibles ante una sociedad cansada de esperar.
Si a esta ecuación se le suma el factor del liderazgo carismático, el panorama se vuelve aún más claro. Andrés Manuel López Obrador no solo encabezó un movimiento político; logró encarnar un discurso. Supo traducir el malestar estructural en narrativa. En política, eso pesa tanto como cualquier indicador económico.
Por ello, cuando en el panel se planteó si estos resultados representan un mandato popular, mi respuesta no fue un simple “sí”. Fue algo más complejo: estos datos reflejan la convergencia de condiciones históricas, sociales y económicas que encontraron una salida en las urnas.
También se abordó el tema de la competitividad electoral. Existen municipios donde la contienda fue cerrada -como Elota- y otros donde la diferencia fue amplia. En cuanto a la participación, se mantiene en niveles moderados: la ciudadanía acude a votar, pero sin el entusiasmo que cabría esperar de una sociedad plenamente politizada.
De cara al 2027, el panorama es claro: existe un proyecto político con rasgos hegemónicos, al menos desde la evidencia cuantitativa. Sin embargo, aún falta observar la dimensión cualitativa: los perfiles, liderazgos y candidaturas que competirán por la gubernatura, las diputaciones locales y los ayuntamientos. Ahí, como siempre, estará la clave para la competitividad electoral.
Es cuanto....