Bien hizo esta vez el Gobernador Rubén Rocha Moya en no pasar por alto su obligación constitucional de comparecer ante el Congreso del Estado para rendir su Segundo Informe de Gobierno.
Fue un informe a modo, eso sí, pero indispensable para cumplir con la formalidad y darle un poco de civilidad y cauce institucional al desbordamiento de los ánimos colectivos.
El evento antes ya se había suspendido porque manifestantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa cercaron, la semana pasada, el recinto legislativo.
El objetivo de los universitarios en esa ocasión era muy obvio. Buscaban la confrontación. Creían que las autoridades estatales los iban mandar desalojar por la fuerza, y por eso enviaron a los maestros como carne de cañón, porque les urge aparecer como mártires ante la opinión pública.
Y es que, debido a la falta de argumentos jurídicos para su defensa, las autoridades de la UAS han hecho de todo para ganar impunidad y seguir aferrados al control de la Universidad, antes de que las elecciones del próximo año terminen por pulverizar toda la influencia política que lograron obtener a costa de usufructuar a la institución.
Le apostaron a la candidatura de Adán Augusto a la Presidencia, y no les resultó. Luego optaron por una estrategia de dilatación de los procesos judiciales, pero ya se les agotó ese recurso.
Y ahora que las investigaciones y los autos de formal prisión están a la vuelta de la esquina, ya lo único que les queda es la movilización social, cada vez menos pacífica y mucho más agresiva.
Esto quedó evidenciado durante la última audiencia, cuando un grupo de universitarios bloquearon la sala del Tribunal, impidiendo el paso de los fiscales, para terminar, gritándole “perro” al juez. Un espectáculo degradante.
Fue con esos mismos ánimos que la semana pasada buscaron boicotear el Segundo Informe de Rocha. Sin embargo, la prudencia del Presidente de la Junta de Coordinación Política logró suspender el acto donde el Gobernador rendiría cuentas ante los legisladores.
Luego, el sábado, se organizó un evento simbólico donde el Gobernador recurrió a la típica estrategia de movilización de masas, muy similar a la que utilizan los de la UAS, y que consiste en mostrar fuerza al oponente, mediante el aglutinamiento de gente y el acarreo.
Y aunque el resultado de la concentración fue favorable para el bando del Gobernador, al final no se puede dejar de señalar lo perjudicial que resulta para el republicanismo, que se recurra a la fuerza de masas para obtener triunfos que debieran ser producto de la razón y la legalidad.
Por eso la vuelta a los cauces institucionales debe tomarse ahora como una buena medida de lo que se requiere para solucionar el conflicto entrampado entre la UAS y los poderes del Gobierno del Estado.
Si los de la UAS son inteligentes, deberán ver que el Gobernador ya les mandó una señal. Para sentarse a platicar primero deben garantizar la libre manifestación de ideas de todos los universitarios, detener el hostigamiento, y restituir de forma inmediata a los profesores Sergio Mario Arredondo y Antonio Chávez Sevilla, por su despido ilegal.
Otra de las señales que mandó el Gobernador es que no está dispuesto a negociar con personas que no representan de manera legítima los intereses de la Universidad. Héctor Melesio Cuén no puede, ni debe, ser investido como cónsul universitario. Así que no vuelva a pararse por el despacho del Gobernador a querer hablar en nombre de nuestra comunidad.
Habrán de poner en consideración que ni la impunidad, ni el respeto de los derechos laborales, pueden ser utilizados como moneda de cambio. Partiendo de esas bases, es necesario que los universitarios entiendan la necesidad de concertar espacios de diálogo y negociación.
¿Qué ganan con esto? Primero, contener nuevas denuncias penales que seguirán acumulándose conforme se destraben las auditorías y continúen las investigaciones sobre abuso de autoridad y malversación de recursos, en la que seguramente están implicados funcionarios de todos los niveles, incluidos directores de escuela y líderes sindicales, que actuaron con total impunidad en estos años que el PAS hizo y deshizo en la Universidad.
Segundo, amortiguar el peso de las posibles sentencias para los actuales inculpados, mediante mecanismos de reparación del daño con los que se puede evitar condenas corporales que ameriten prisión.
Tercero, que su ala más moderada pueda ser incluida en los procesos de construcción de una Universidad más democrática, transparente y participativa; así como el acompañamiento para poner un orden en las finanzas, que posibilite la obtención de mayores recursos, en beneficio de la estabilidad laboral, la ciencia y la cultura.
Ambas partes deben tener oficio. El conflicto ya no tiene por qué escalar. No se puede hipotecar la formación de los estudiantes de manera indefinida. Es hora que las autoridades universitarias manden una señal de tregua, de que en verdad quieren solucionar esto. Reincorporar a Sergio Mario y a Chávez Sevilla es la expresión de voluntad más adecuada.
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jorge.ibarram@uas.edu.mx
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