El uso ilegal del software Pegasus para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores políticos, tanto en el sexenio pasado como en el presente, continúa impune.

En ese marco, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos y otros expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicaron en días pasados una comunicación dirigida al Estado mexicano, al Estado de Israel y a la empresa NSO Group -responsable de la comercialización de este software- respecto del uso de esta herramienta digital de vigilancia en contra de integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

En su comunicación, las relatorías lamentan la recurrencia del uso de vigilancia con Pegasus en contra del Centro Prodh, en alusión a los ataques de 2017 y a su reiteración en 2022. También, los mecanismos de la ONU expresan su profunda preocupación por el empleo de esta tecnología de vigilancia contra personas defensoras, señalando que constituye una violación de sus derechos a la privacidad y a la libertad de opinión y de expresión, así como un ataque directo en contra de la defensa civil de derechos.

De este modo, en la comunicación se urge al Estado informar sobre la base legal del uso de Pegasus por parte de instituciones del Estado; sobre las medidas adoptadas para prevenir y proteger los abusos de derechos humanos por parte de empresas y particularmente por el uso de los servicios y los productos de NSO; sobre los detalles de las investigaciones penales efectuadas, entre otras cuestiones. La Relatora y el resto de los mecanismos resaltaron también que han recibido información sobre las descalificaciones públicas que se han realizado desde la tribuna presidencial contra el Centro Prodh.

Lamentablemente, en su respuesta -que también se ha hecho pública-, el Estado mexicano omitió contestar todos los aspectos y se limitó a transcribir, de modo inusual y mostrando un nivel técnico deficiente en la atención a los requerimientos de instancias internacionales, lo que el Presidente de la República declaró en una conferencia de prensa el 30 de mayo de 2023: “Nosotros no espiamos a ninguna persona, ningún ciudadano, no espiamos a periodistas y mucho menos a servidores públicos, a nadie. No somos iguales, no hacemos espionaje. Se hace investigación para asuntos relacionados con el combate a la delincuencia y esto de conformidad con la ley, por seguridad nacional, es lo que hacemos”.

Paralelamente, mostrando cómo la falta de exhaustividad en las investigaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) siempre puede ser utilizada para fines políticos por los gobiernos en turno, el Estado refirió que la Ombudsperson Nacional concluyó recientemente un expediente -que no involucra al Centro Prodh- con una resolución en la que se afirmó, de forma irresponsable, que no se habían encontrado: “elementos que presuman que el gobierno federal o alguna entidad del mismo, se encuentre actualmente utilizando el sistema Pegasus, ni realice espionaje”. De este modo, el Estado mexicano no sólo usó tendenciosamente ante mecanismos internacionales la falta de resultados de la debilitada CNDH, sino que también empleó esta información para no rendir cuentas sobre las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), que hasta ahora no han arrojado resultados para llevar ante la justicia a quienes desde las instituciones públicas usaron esta tecnología para fines ilícitos.

Por su parte, la empresa NSO Group también respondió a la comunicación de los relatores, lo que muestra cómo entes privados se sujetan también al escrutinio del régimen internacional de derechos humanos. La empresa adujo que sólo vende Pegasus a agencias gubernamentales; que ha tenido conocimiento sobre denuncias del uso del software por parte de sus clientes en México para espiar a defensoras y defensores humanos; y que cuenta con procesos internos para investigar y dar seguimiento a este tipo de alegaciones, los cuales se encuentran en curso, pese a que no ha existido ningún acercamiento directo con el Centro Prodh y otros afectados de México para plantear esta vía.

El Estado de Israel, por su parte, no ha respondido. Este silencio no contribuye a solventar las dudas fundadas que han surgido en México respecto de la posición política de dicho país en el tema, sobre todo en el contexto de las versiones que han surgido sobre la posible protección que empresas y autoridades de su gobierno podrían estar brindando al extitular de la Agencia de Investigación Criminal que estuvo vinculado con la contratación de esta tecnología, quien hoy elude la justicia mexicana en el caso Ayotzinapa, y quien radica en aquella nación medio oriental.

La publicación de la comunicación sobre el uso de Pegasus en México de la Relatora de la ONU confirma que, pese a que en México continúe el encubrimiento, la justicia internacional seguirá monitoreando que se rinda cuentas por el empleo ilegal de este malware. Simultáneamente, la deficiente respuesta del Estado corrobora el nulo compromiso con el esclarecimiento de esta operación criminal, que antes caracterizó a la administración de Enrique Peña Nieto y que hoy tristemente ha continuado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el cual ni siquiera las denuncias sobre el uso Pegasus contra altos funcionarios del gobierno han sido investigadas, muy probablemente porque hoy es el Ejército -más que nunca empoderado- la institución detrás de Pegasus en la actualidad.

Ante esta realidad, el mayor esfuerzo para que se rinda cuentas por la utilización de Pegasus en México sigue estando sobre todo del lado de la sociedad civil, donde organizaciones como Artículo 19, la Red de Derechos Digitales (R3D), y Social Tic siguen dando la batalla, al tiempo que medios como Animal Político, Aristegui Noticias, Proceso o el mismo The New York Times en los Estados Unidos, continúan los esfuerzos periodísticos para mostrar la verdad. La comunicación de la Relatora muestra que las instancias internacionales no han dejado de tener el abuso de Pegasus en la mira.