Arturo Santamaría Gómez
Para el Presidente Enrique Peña Nieto, las Fuerzas Armadas son “la institución de las instituciones”.
Con esa aseveración el político consentido de Atlacomulco quiso defender la actuación del Ejército y la Marina en la lucha contra el crimen organizado y la propuesta legislativa (ley de seguridad interior) que daría un respaldo jurídico constitucional a su cada vez más amplia y constante participación en campos antes legalmente no permitidos. Pero, además de lo anterior y esto es lo más grave, Peña Nieto implícitamente está reconociendo el fracaso o por lo menos la incapacidad de las esferas civiles del Estado para combatir la delincuencia.
Es verdad que los clásicos de la ciencia política nos dicen que la fuerza es, en última instancia, el sostén más firme del Estado y la esencia del Poder. Es decir, no puede haber Estado sin el uso de la fuerza legítima. Si el Estado renuncia al uso de ella pierde la condición de ser tal.
Sin embargo, para gobernar el Estado no puede privilegiar el uso de la fuerza, por más que sea legítima. Antes que nada debe recurrir a la razón, al convencimiento, a los métodos civiles y pacíficos. De no ser así, a largo plazo la sociedad se hace ingobernable, se desmoraliza y se debilita profundamente el tejido social.
Cuando un titular civil del Poder Ejecutivo declara que las “Fuerzas Armadas son la institución de instituciones” prácticamente está reconociendo la derrota de la política, del consenso y de los métodos pacíficos de gobierno y la entronización del uso de la fuerza, que debería ser el último recurso del Estado. La frase de Peña Nieto no es mera retórica, expresa una realidad contundente: los tres poderes de la Unión son cada vez más débiles y las fuerzas armadas cada vez más fuertes en el seno del Estado. Las instituciones políticas y jurídicas se desvanecen y las armadas adquieren más poder.
Con esa declaración Peña Nieto reconoce su incapacidad, y de otros gobiernos anteriores, para combatir a la delincuencia. Pero, lo peor de todo, es que el crimen organizado no actúa tan sólo fuera y contra el Estado sino también dentro de él. En efecto, el crimen organizado penetró al Estado. Es decir, para enfrentar al crimen el Estado tiene también, paradójicamente, que luchar contra sí mismo o, al menos, contra grupos e instancias dentro de él. Cuando el Estado combate al Estado se muerde así mismo, lo cual es un contrasentido, pero así es.
Si lo anterior no es cierto ¿por qué, entonces, funcionarios altos y menores declaran una y otra vez que las policías municipales, estatales e incluso las federales están bajo el control del crimen? ¿Y cuántas veces se ha dicho y comprobado que presidentes municipales, gobernadores y legisladores están al servicio de los grupos delictivos? ¿Qué es lo que nos demuestra la fuga de cuatro capos del Penal de Culiacán y la entrega a unos sicarios por parte de la Policía Municipal de la misma ciudad de ocho muchachos? ¿Quién controla el Penal y a la Policía Municipal en la capital del estado?
¿Entonces quién combate a quién? ¿El Estado quién lo dirige, a quién combate, a quién sirve?
Si tomamos numerosos ejemplos en Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Sonora, las dos Bajas, Durango y Sinaloa, por señalar algunos estados, ni Peña Nieto, ni Osorio Chong, ni las fuerzas armadas podrán negar que el crimen organizado controla numerosas instituciones que forman parte del Estado, y ejerce el control de espacios considerables del territorio nacional. México está patas pa’rriba.
Una de las grandes tragedias del México contemporáneo es que el crecimiento del neoliberalismo en México ha minado profundamente al Estado, incluyendo a las fuerzas armadas. Y todavía hay personajes como Salinas Pliego, quien recientemente visitó Culiacán, quienes piden se haga de lado porque sólo dificulta “la libertad”. Seguramente este poderoso empresario está pensando tan sólo en la libertad de empresa. Al margen de lo que opinan magnates como el dueño de TV Azteca y Elektra, lo cierto es que el modelo económico neoliberal no ha fortalecido ni la democracia, aunque haya más competencia electoral, ni a la sociedad, ni a las instituciones públicas; mientras que tal vía económica sí ha facilitado la globalización y el empoderamiento del crimen organizado.
Lo bizarramente novedoso y aberrante es que el desarrollo del modelo económico neoliberal, el enorme crecimiento de los grandes corporativos y el empoderamiento de los magnates, entre ellos los del crimen organizado, está creando un nuevo tipo de Estado, donde se confunden, mezclan, revuelven y amasijan lo institucional y lo informal, lo legal y lo ilegal, lo legítimo y lo ilegítimo, las instituciones públicas y el crimen organizado.
Como parte de este infortunio, la política cede cada vez más espacios a la fuerza, la cual se convierte en la Razón de Estado y las fuerzas armadas en la “institución de las instituciones”.
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