La falta de acceso a información en formato de datos abiertos, en materia de minería e hidrocarburos, dificulta que las comunidades, la sociedad civil y la academia puedan evaluar en su totalidad los impactos generados por las industrias extractivas. Las cuales, al amparo de la legislación vigente siguen teniendo preferencia sobre cualquier otro uso del territorio, por lo que pueden ocupar la superficie de cualquier pueblo o comunidad, aunque ésta no esté de acuerdo.
Por falta de información actualizada en formato de datos abiertos se desconoce cuántas comunidades rurales, indígenas y equiparables están siendo afectadas por proyectos extractivos, como el caso de Tecoltemi, comunidad nahua de Puebla que demandó judicialmente a la Secretaría de Economía en 2015 por haber otorgado sobre su territorio dos concesiones mineras sin consulta y sin su consentimiento.
Pues a las comunidades ni siquiera se les avisa, y mucho menos se les consulta sobre la emisión de concesiones sobre sus territorios. Lo cual va en franca violación de sus derechos colectivos fundamentales como el derecho a la libre determinación, el derecho al territorio o el derecho a la consulta con consentimiento libre, previo e informado.
Si bien, la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía publica la cartografía de concesiones mineras en el portal CartoMinMex, esto no garantiza el acceso a la información sobre el listado total de concesiones vigentes, tampoco da información sobre en cuáles de esas concesiones hay proyectos mineros o cuáles son las empresas que desarrollan y lucran con dichos proyectos.
También se desconoce quién se beneficia económicamente con los desarrollos mineros o cuántos impuestos pagan, pues a la fecha no se ha avanzado en la sistematización de beneficiarios finales de la minería, los cuales pueden ser desde empresas multimillonarias o inclusive funcionarias o funcionarios públicos y personas políticamente expuestas (PEP).
Este es el caso del sector de hidrocarburos, si bien la plataforma gubernamental de contratos administrados por la Comisión Nacional de Hidrocarburos contiene información desagregada, como lo demuestra el Informe Sombra Socioambiental EITI México, aún hace falta información primordial sobre el impacto ambiental y en materia de derechos humanos de la explotación de hidrocarburos, cuestiones fundamentales de cara a la crisis climática y transición energética.
La violación sistemática de derechos colectivos derivados de megaproyectos extractivos ha sido reconocida por diversas instancias internacionales de derechos humanos. Por dar un ejemplo, la Relatoría de Pueblos indígenas de la ONU en su informe de México señala la regresividad del marco legal sobre minería y la Reforma Energética, y reconoce esta legislación como como lesiva a los derechos colectivos.
Estas condiciones permiten a los proyectos extractivos imponerse en condiciones de opacidad violando así estándares internacionales de derechos humanos y transparencia. Lo cual genera un alto número de conflictos sociales y afectaciones ambientales en todo el territorio nacional.
Por todo esto, es necesario continuar exigiendo el derecho fundamental a la información pública sobre industrias extractivas que, precisamente, lucran con los bienes de la nación y continúan considerándose de utilidad pública a pesar de ser negocios privados.
*Sol es investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico
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